Sólo dos semanas antes de que el Tribunal Supremo (TS) decida si el despido colectivo en Tragsa es nulo como dictaminó hace año y medio la Audiencia Nacional, la empresa pública intenta un último movimiento para sortear una posible sentencia desfavorable. Ha pedido a los sindicatos que firmen antes del próximo día 14, cuando se reúne la Sala de lo Social del TS, una versión actualizada del plan de viabilidad que les planteó a finales de junio. De no hacerlo, lo que Tragsa aplicará si gana en el Alto Tribunal serán los 1.336 despidos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en octubre de 2013, hace dos años. Pese a que desde entonces los números de la empresa han experimentado una considerable mejoría: ha aumentado su cartera de pedidos en 56 millones de euros y reducido casi a la mitad su previsión de pérdidas para los próximos cuatro años.
Todos los sindicatos con representación en el grupo público, UGT, CCOO, CSI-F y CGT, han respondido con una negativa. Aunque el informe de la fiscal del TS defiende la validez del ERE, pide que se devuelva a la Audiencia Nacional para que vuelva a estudiarlo. Y esa eventualidad prolongaría aún más la incertidumbre en torno a una medida, el mayor recorte de plantilla aplicado en una empresa públicael mayor recorte de plantilla aplicado en una empresa pública, que Tragsa quiso haber tomado hace ahora dos años. Aunque el Supremo falle el mismo día de la vista, la redacción de la sentencia puede demorarse aún casi dos meses más. Es decir, en el supuesto de que el tribunal dé la razón a la empresa y ésta cumpla su amenaza de retirar el plan de viabilidad –bajas voluntarias, prejubilaciones y recortes salariales–, la ejecución de los 1.336 despidos puede coincidir con la campaña de las próximas elecciones generales.
“Nos han colocado una pistola en la sien”, protesta CCOO. El responsable de su sección sindical en Tragsa, Moisés Fernández, critica que el grupo haya puesto “fecha de caducidad” a un plan que ha permanecido en el limbo durante los últimos cuatro meses. “Han tardado un año en elaborarlo y ése ha sido un año perdido de negociación”, apunta por su parte el portavoz de CSI-F, Rafael Fernández, quien reprocha a la dirección de Tragsa su falta de “agilidad”. Los representantes de los trabajadores coinciden en que prefieren esperar a la decisión de los jueces. No van a negociar ninguna medida que incluya despidos, recortes salariales o rebajas en las condiciones del convenio colectivo, explican al unísono. “Además, ya no da tiempo a negociar nada”, advierte el portavoz de CSI-F. El de UGT, José María Piñero, descarta discutir un plan que “carga exclusivamente sobre los trabajadores la mala gestión de la empresa”, no incluye el recorte de la “descabellada cúpula” del grupo y ni siquiera aborda las “pérdidas sistemáticas” de los proyectos internacionales de Tragsa, que cifra en ocho millones de euros.
El 30 de septiembre y 1 de octubre pasados, la empresa presentó a los representantes de los trabajadores de Tragsa y su filial, Tragsatec, el mismo plan de viabilidad de junio, pero con nuevas cifras. En en un año, el grupo ha mejorado su cartera de pedidos en un 7,6%, hasta los 780 millones de euros. En la filial ha crecido mucho más, un 28%. La facturación de la matriz ha aumentado en 2,6 millones. Tanto en Tragsa como en Tragsatec la dirección prevé un alza de un 2% anual en la cifra de negocio hasta 2019. Así que, a la vista de los nuevos datos, ha reducido de 62,1 millones a 37,9 –casi un 40%– la cuantía de los recortes que considera necesario aplicar en Tragsa para volver a los beneficios en 2019, y de 40 millones a 27,3 –casi un 32%– los de Tragsatec.
Los sindicatos critican a los responsables del grupo por querer aplicar medidas –despidos y recortes salariales– pensadas hace dos años para una previsión de pérdidas que casi duplica los cálculos actuales. Tanto UGT como CCOO coinciden en tachar de “parcheo” la última oferta de la empresa, con la que la dirección –“en tiempo de descuento en esta empresa”, aseguran– pretende “salir lo más airosa posible” de la situación en que se encuentra.
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El factor político y el “cementerio” de altos cargos
El portavoz de CSI-F alude igualmente al “elevado factor político” que interviene en las decisiones de las empresas públicas. UGT calcula que 123 directivos, el 3,66% de la plantilla, cobran un total de 1,65 millones de euros al año, el 9,14% de la masa salarial, sin contar los bonus y los complementos de responsabilidad. Es decir, denuncia el sindicato, hay un directivo por cada 32,6 trabajadores, una ratio que considera desproporcionada. Durante la negociación del ERE en 2013, CCOO reveló que 200 ejecutivos de Tragsa ingresan nóminas superiores a la del presidente del Gobierno –79.000 euros al año–. Los sindicatos denuncian que el grupo público se ha convertido en un auténtico “cementerio donde cada Gobierno aparca sus excedentes”. Según publicó infoLibre, mientras negociaba el despido de 1.336 empleados, Tragsa contrató a cuatro ex altos cargos o personas afines al PP y al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Uno de ellos, el exalcalde de El Escorial Javier de Miguel, fue despedido tras resultar imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. También dispuso el nombramiento como delegado de la empresa en Galicia del exalcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, imputado en la Operación Pokémon. El escándalo que suscitó la noticia abortó finalmente la designación.
Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio (del Ministerio de Hacienda), con un 9,9%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “ente instrumental” de las administraciones públicas: acomete todo tipo de actuaciones agroindustriales y medioambientales, también proyectos de ingeniería y administrativos a través de Tragsatec, que éstas le encargan. No puede rechazar ninguna de esas “encomiendas de gestión”, que cobra a las administraciones de acuerdo con unas tarifas prefijadas.
Sólo dos semanas antes de que el Tribunal Supremo (TS) decida si el despido colectivo en Tragsa es nulo como dictaminó hace año y medio la Audiencia Nacional, la empresa pública intenta un último movimiento para sortear una posible sentencia desfavorable. Ha pedido a los sindicatos que firmen antes del próximo día 14, cuando se reúne la Sala de lo Social del TS, una versión actualizada del plan de viabilidad que les planteó a finales de junio. De no hacerlo, lo que Tragsa aplicará si gana en el Alto Tribunal serán los 1.336 despidos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en octubre de 2013, hace dos años. Pese a que desde entonces los números de la empresa han experimentado una considerable mejoría: ha aumentado su cartera de pedidos en 56 millones de euros y reducido casi a la mitad su previsión de pérdidas para los próximos cuatro años.