La empresa pública Tragsa quiere despedir a 1.639 trabajadores, el 16,6% de su plantilla. Hasta el momento, es el despido colectivo de mayor envergadura emprendido en una compañía de propiedad estatal. La dirección acaba de comunicárselo a los comités de las dos empresas del grupo, Tragsa y Tragsatec, que esta semana constituyen las mesas donde se negociarán las condiciones del despido colectivo (el antiguo Expediente de Regulación de Empleo). Para justificarlo, alega una caída de la producción del 50% en los últimos años, que se transformará al final de este ejercicio en unas pérdidas de 17 millones de euros en Tragsa y de otros 10,5 millones en Tragsatec.
El pasado mes de enero AENA cerró un ERE que se tradujo en el despido de 1.250 personas, el 10% de su plantilla. Otra empresa pública, la Sociedad Estatal Ingeniería y Economía (Ineco), se ha deshecho de 390 empleados. En Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) la dirección planteó 62 despidos este verano. Renfe acaba de presentar un ERE “universal y voluntario” para 300 trabajadores y Adif prepara otro de similares características. Ya en el ámbito autonómico, la Radiotelevisión valenciana está despidiendo a 1.198 personas, y Telemadrid hizo lo mismo con 925. De forma que el de Tragsa, que tiene una plantilla de 9.848 empleados, según consta en su página web, es hasta el momento el ERE en una empresa pública con mayor número de despidos.
La comunicación de la medida se produce, además, al mismo tiempo que Tragsa se hace con dos nuevas encomiendas de gestión. Su filial Tragsatec contratará a un número sin determinar de trabajadores para desbloquear el atasco de expedientes que padece el Fondo de Garantía Salarial atasco de expedientes(Fogasa). Por esa tarea Tragsatec recibirá más de tres millones de euros. El pasado mes de marzo el Ministerio de Empleo presentó un plan de viabilidad para el Fogasa que incluía la subcontratación de una empresa privada para tramitar los más de 170.000 expedientes que se amontonan en las mesas de su escasa plantilla –400 trabajadores–. Desbordado por la crisis, el Fogasa tarda más de un año en pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de las empresas que quiebran.
Sin embargo, el ministerio ha desistido de sacar a concurso la tramitación de los expedientes, que según el plan inicial debería haber estado en manos de la subcontrata, y funcionando, el pasado septiembre. En su lugar ha preferido encomendarle el trabajo a Tragsatec. Y contratar por su cuenta a 136 interinos, sólo hasta diciembre, para aliviar el bloqueo, aunque los sindicatos creen que serían necesarios al menos 240 para rebajar la carga de trabajo.
El 50% de la plantilla, sólo el 9% de los directivos
Además, Tragsatec acaba de emplear a 50 auxiliares administrativos para tramitar becas universitarias durante los próximos tres meses, un encargo del Ministerio de Educación. “Esas contrataciones no encajan con una propuesta de ERE”, protesta Claudio Landeira, representante de CCOO en Tragsatec. Álvaro Vicioso, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, adelanta que la intención de los sindicatos es pedir que esos trabajos los realicen los trabajadores de Tragsatec y no eventuales contratados. “Aquí no sobra nadie”, recalca Javier Canales, portavoz de CCOO en Tragsa, quien también niega el “sobredimensionamiento” que quiere corregir la empresa con los despidos.
Landeira explica que, al tiempo que ha caído la producción en un 50% desde el comienzo de la crisis, también lo ha hecho el empleo: “En los dos últimos años se han eliminado más de 3.500 puestos de trabajo”, entre fijos y eventuales. En cambio, coinciden CCOO y UGT, “los movimientos en el organigrama no han superado el 9%”. Según los sindicatos, sólo la filial Tragsatec tiene una cúpula “inflada” que supera los 600 directivos.
Trabaja sólo para el Estado y según tarifas
Los sindicatos tampoco creen que la previsión de pérdidas para este año justifique los despidos. Destacan que éste es el primer año que Tragsa va a terminar en números rojos. “Sus beneficios durante años han compensado las cuantiosas pérdidas del resto de las empresas de la SEPI”, apunta Claudio Landeira.
Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.
Por ejemplo, por un auxiliar administrativo de los que tramitarán las becas para Educación Tragsa percibe 14,36 euros por hora. Un titulado superior, dependiendo de su experiencia y especialización, cuesta entre 21,45 y 45,96 euros.
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"Excedentes"
Aunque en España no puede presentarse a licitaciones públicas y competir con empresas privadas, sí lo está haciendo en América Latina, explican CCOO y UGT. De hecho, está constituyendo filiales allí para presentarse a concursos “de forma individual o mediante consorcios con otras empresas”, según dice en su página web. El grupo tiene una cifra de negocio de 732.610 millones de euros, y obtuvo el año pasado unos beneficios netos de 4,1 millones, un 67,8% menos que en 2011.
Los sindicatos no niegan la caída de la cartera de negocio de Tragsa, pero juzgan innecesario compensarla con despidos. De momento, la empresa sólo ofrece traslados y cambios de puestos (movilidad funcional) para rebajar lo que llama “excedentes”: 836 en Tragsa y 803 en Tragsatec.
La empresa pública Tragsa quiere despedir a 1.639 trabajadores, el 16,6% de su plantilla. Hasta el momento, es el despido colectivo de mayor envergadura emprendido en una compañía de propiedad estatal. La dirección acaba de comunicárselo a los comités de las dos empresas del grupo, Tragsa y Tragsatec, que esta semana constituyen las mesas donde se negociarán las condiciones del despido colectivo (el antiguo Expediente de Regulación de Empleo). Para justificarlo, alega una caída de la producción del 50% en los últimos años, que se transformará al final de este ejercicio en unas pérdidas de 17 millones de euros en Tragsa y de otros 10,5 millones en Tragsatec.