El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha instado a recurrir a sistemas informáticos abiertos en las oficinas de la Administración General del Estado por ser más baratos y por implicar menor dependencia para futuros contratos, ya que así se evitaría la "dependencia o cautividad tecnológica" que el tribunal detecta en este tipo de contrataciones, que obligan a adjudicaciones posteriores con el mismo proveedor.
Para Álvarez Miranda, éste debe ser uno de los objetivos de la Administración para "eliminar en la medida de lo posible dependencias respecto a los fabricantes y aprovechar la oferta de un mercado más competitivo", ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
"Hay veces que no hay más remedio pero, siempre que sea posible, la opción de atenerse a sistemas de estándares abiertos es siempre buena", ha dicho tras su exposición del informe de fiscalización de la contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social entre 2006 y 2009.
El hecho de que haya pasado tanto tiempo respecto a los hechos analizados, e incluso el momento en el que se hizo público el informe, ha sido comentado por varios grupos, llegando a reconocer Álvarez de Miranda que varias de las recomendaciones emitidas ya habían sido tomadas en cuenta por la Administración.
No así las referidas a este tipo de contratos de equipos y programas informáticos, donde a juicio del organismo fiscalizador, existe un "elevado grado de concentración en un reducido número de empresas".
En el caso de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, únicamente ocho empresas obtuvieron más del 50% del gasto contratado en las adjudicaciones entre 2006 y 2009, representando el 43,33% de los contratos suscritos a través de adjudicaciones de procedimiento negociado.
Contratación de personal al margen de la ley laboral
El "exceso" de adjudicaciones en procedimiento negociado es una constante en la contratación pública, al menos de los recursos informáticos, pues según señala el Tribunal, entre 2011 y 2012 "la práctica totalidad de los contratos" en mantenimiento de equipos y programas también se llevaron a cabo a través de esta práctica.
En los contratos informáticos el Tribunal también cuestiona los de consultoría y asistencia y de servicios, celebrados como consecuencia de la "insuficiencia" de personal propio cualificado en la Gerencia de Informática. Informa Europa Press.
Casi la mitad del total adjudicado entre 2006 y 2009 –226 millones de euros de 531,5 millones– se destinó a servicios de carácter informático, todo ello "al margen de la legislación laboral y de la función pública", lo que puede tener como riesgo "la posible cesión ilegal de trabajadores" y que, a través de sentencias judiciales, podrían convertirles en personal laboral de la Administración.
Restringir la contratación menor y promover la igualdad
Durante su intervención para dar cuenta a distintos informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha señalado también el "significativo" peso de la contratación menor en la Administración. En 2010 supuso el 10% del importe global adjudicado –36,5 millones en 20.270 contratos–, en un proceso de "escasas garantías de publicidad y concurrencia", sentencia el tribunal.
"Hay mucha contratación menor que podría haberse tratado de forma conjunta, y así poder acceder a condiciones más ventajosas de adjudicación y mejoras en la prestación de los servicios", ha dicho, llamando a "restringir" esta utilización "incluso en los casos en los que no constituye un fraccionamiento indebido".
Asimismo, otro de los elementos cuestionados en contratación es el de las previsiones de cumplimiento de la Ley de Igualdad, por lo que ve conveniente que la Administración analice la posibilidad de aplicar las previsiones legales para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
17 contratos menores superaron el máximo legal
Los problemas en la contratación menor se acentúan, según ha observado el Tribunal, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), donde ha detectado que trece contratos entre 2014 y 2015 superaron la cuantía máxima para poder acogerse a esta modalidad.
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En varios expedientes existen indicios de fraccionamiento, por tener el mismo objeto o relación y la misma compañía contratada. Casos similares se produjeron en la Seguridad Social (otros dos) y en la Tesorería General (dos más).
Por último, el Tribunal de Cuentas ha recomendado tomar medidas de control informático de carácter interno para evitar los errores detectados entre los datos comunicados, así como de los propios expedientes de contratación para garantizar el cumplimiento del procedimiento establecido.
Asimismo, Álvarez de Miranda ha lamentado "incumplimientos" en la remisión de documentos, pues algunos de estos no fueron enviados de oficio para que el organismo pudiera fiscalizar su actividad o bien se remitieron al tribunal incompletos.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha instado a recurrir a sistemas informáticos abiertos en las oficinas de la Administración General del Estado por ser más baratos y por implicar menor dependencia para futuros contratos, ya que así se evitaría la "dependencia o cautividad tecnológica" que el tribunal detecta en este tipo de contrataciones, que obligan a adjudicaciones posteriores con el mismo proveedor.