El Tribunal de Cuentas ha sometido al sistema público de formación para el empleo a un duro examen, y las entidades que lo gestionan, sindicatos, patronal y administración, a través de la Fundación Tripartita, lo han suspendido. Tras fiscalizar la convocatoria de subvenciones públicas de 2010, el tribunal critica que CEOE, UGT y CCOO se hayan convertido en “meros intermediarios”UGT para que otras entidades, asociadas, vinculadas o subcontratadas por ellos se beneficien de esas ayudas estatales. De los 412,34 millones de euros concedidos en subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2010, casi el 50% fue subcontratado por los sindicatos y la patronal.
La mecánica la comparten tanto CEOE y Cepyme como UGT y CCOO y la Fundación Laboral de la Construcción, en la que de nuevo están representados la patronal y los sindicatos de ese sector. La ley limita al 50% la subcontratación permitida de las subvenciones públicas, salvo que las bases reguladores de estas ayudas fijen otro porcentaje. Sin embargo, una de las entidades analizadas por el Tribunal de Cuentas, la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), subcontrató el 100% de los cursos de formación para trabajadores en 2010. Un porcentaje que el informe del órgano fiscalizador encuentra “de difícil justificación”, pese a que fue aprobado por el SEPE. Según destaca, la subcontratación en bloque “provocó de facto la concesión directa de la totalidad de la subvención a favor de un tercero”. El informe no la cita por su nombre, pero esa empresa, que ha colaborado con la FNCP “a lo largo de las diferentes convocatorias de estas subvenciones”, es la consultora Áliad.
El Tribunal de Cuentas explica que el contrato mercantil que regula el plan de formación de la FNCP y Áliad fue suscrito en enero de 2005, cinco años antes de que se publicara la convocatoria de subvenciones. Pero la consultora ya desarrollaba actividades de formación antes de 2005, “sin ninguna relación contractual y, desde dicho año, sin formalizar prórroga alguna”. Aunque el vínculo entre la federación y Áliad es doble. Seis meses después de firmar el contrato antes citado, ambas partes suscribieron otro, pero de patrocinio. La consultora se comprometía a “ayudar económicamente” a la FNCP para desarrollar proyectos. La ayuda fue de 200.000 euros en 2011, y de 208.722 euros más en 2012, que se articuló mediante un convenio de colaboración para patrocinar “actos, seminarios o jornadas y actividades de promoción organizados por la FNCP”.
A distancia
De forma que el Tribunal de Cuentas considera que esa “doble relación mercantil” puede estar “generando un riesgo de financiación indebida de las actividades de la Federación Nacional de Clínicas Privadas a través de la subvención pública destinada a la ejecución del plan de formación”. En 2011, la FNCP sacó a concurso el plan de formación, que adjudicó a tres empresas: Áliad, Femxa y Ultreia. El 75% del plan se lo llevó la primera, asegura el órgano fiscalizador. En 2010, la FNCP recibió del SEPE para cursos de formación 3,38 millones de euros. Entre 2009 y 2011, el total percibido en subvenciones para este fin ascendió a 9,89 millones.
En 2010 el dinero se empleó para impartir 30 cursos, de los cuales 20 fueron a distancia, cuatro mediante teleformación y seis en modalidad mixta. Ninguno, destaca el informe, fueron presenciales. Pasaron por ellos un total de 5.054 alumnos, todos ellos trabajadores de las clínicas que integran la federación.
El Tribunal de Cuentas no extrae ninguna conclusión del hecho, pero sí lanza la sospecha sobre la efectiva realización de los cursos al constatar las semejanzas en el tipo de letra de quienes firman las solicitudes de los cursos, letra que no coincide después con la de los recibís de los diplomas entregados.
Además, al ser todos los alumnos trabajadores de los hospitales de la FNCP, el informe advierte de que estos cursos han sido “financiados indebidamente” con subvenciones públicas –lo que se llama formación de oferta–, cuando deberían haber corrido al cargo de las propias clínicas –formación de demanda–. Se trata de una práctica que el Tribunal de Cuentas hace extensiva a todas las patronales y sindicatos fiscalizados.
Cursos para sus empleados a cargo de subvenciones
Así, la CEOE imputó a un plan de formación 120.440 euros por cursos que recibieron sus propios trabajadores, entre los impartidos por la propia patronal y los que subcontrató con otras empresas. Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, gastó 74.231 euros en formar a su propia plantilla, pero en lugar de cofinanciarlo, mediante el sistema de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social como el Tribunal de Cuentas considera correcto, prefirió sufragarlo con las subvenciones del SEPE.
UGT
repitió la operativa: destinó 319.828 euros en subvenciones para formar a sus empleados. CCOO, 473.405 euros. En el caso de la Fundación Laboral de la Construcción, la cifra es superior: 604.565 euros.
En total, 43.707 trabajadores de los sindicatos y las organizaciones empresariales recibieron formación financiada mediante subvenciones públicas, cuando deberían haberlo pagado sus empresas con cargo a las cuotas de la Formación Profesional que éstas y sus plantillas pagan a la Seguridad Social. Son casi nueve millones de euros los utilizados indebidamente de esta forma. Además, resalta el informe, las empresas subcontratadas para impartir estos cursos facturaron así casi dos millones de euros, “es decir”, concluye el órgano fiscalizador, “obtuvieron un beneficio directo” por formar a sus propios empleados gracias a las subvenciones.
Un alumno, 101 cursos
Las sospechas sobre el número real de alumnos de los cursos los extiende también el Tribunal de Cuentas a todas las entidades analizadas. El informe desvela que 398 de ellos efectuaron nada menos que 6.068 acciones formativas. En el caso más sorprendente, un alumno certificó haber participado en 101 cursos. Otro, en 92, un tercero en 62… Hay tres que acudieron a 40 cursos. Un total de 336 firmaron más de 10. En sólo un año. “Resulta casi imposible realizar 100 cursos en una convocatoria, ya que las horas de formación que comportaban estos cursos superaban el número de horas reales [las que tiene un año: 365 días por 24 horas]”, advierte el documento. Aun habiéndose realizado la mayoría de ellos a distancia.
Según el órgano fiscalizador, la mayor concentración de estas “multiparticipaciones” se producen en los planes formativos sectoriales, sobre todo en los ejecutados por las patronales, un 33,29%, y en un 14,22% en los desarrollados por los sindicatos. Para el Tribunal de Cuentas, es evidente la “falta de seguimiento y control adecuado”, tanto por sindicatos y patronal como por el SEPEseguimiento, de estos cursos. “En particular, sobre los impartidos bajo la modalidad de teleformación y a distancia”. El informe advierte del “riesgo de no realización” de los cursos, lo que supone una “infracción muy grave” de las entidades que reciben las subvenciones.
En 2010 el SEPE repartió 412,34 millones de euros entre 300 planes de formación, en los que se formaron 798.029 alumnos. De los 60.653 cursos impartidos, casi el 30% contaron con menos de seis participantes.
Tampoco puede asegurar el Tribunal de Cuentas el número de horas de formación realmente impartidas y la “veracidad y exactitud” de su coste, porque ni los sindicatos ni la patronal cuentan con medios internos o sistemas de control horario.
Lo que sí critica abiertamente son los escasos rendimientos financieros generados por las subvenciones que concede el SEPE: sólo 197.390 euros. El informe lo considera una “falta de diligencia en la gestión de estos recursos públicos, al haber permanecido casi ocioso el importe transferido”. De hecho, la CEOE sólo declara 553 euros de rendimiento financiero por una subvención de 9.98 millones de euros. Cepyme, 990 euros. Y CCOO, sólo un céntimo de euro por otra de 9,94 millones.
Ni concurrencia ni transparencia ni igualdad
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El informe del Tribunal de Cuentas critica que el procedimiento de concesión de las ayudas no garantice “los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad”. No sólo limita el acceso a las subvenciones a las organizaciones que pertenecen al patronato de la Fundación Tripartita. Además, sindicatos y patronal eluden la obligación legal de solicitar tres ofertas de diferentes proveedores para subcontratar los cursos. Los adjudican directamente a una empresa. La CEOE contrató así por importe de 4,35 millones. Cepyme, por otros 6,12 millones. UGT contrató directamente por valor de 1,13 millones. Pero la campeona de la designación a dedo fue la Fundación Laboral de la Construcción, que contrató sin pedir tres ofertas por un total de 12,21 millones de euros.
En el caso de UGT, el Tribunal de Cuentas muestra su discrepancia en la imputación de una serie de costes. No considera “suficientemente fundamentados y justificados” 395.012 euros en costes de alojamiento, manutención y locomoción de profesores y alumnos de la Escuela de UGT. Tampoco aprueba la calificación como costes directos 128.349 euros en gastos de facturación y 543.315 euros en gastos de personal propio, que a su juicio deberían ser considerados “costes asociados a la actividad formativa”, que no pueden ser financiados con cargo a subvenciones públicas.
Anoche sólo UGT había respondido al informe del Tribunal de Cuentas que, según el sindicato, no ha sido remitido a las entidades fiscalizadas –“Nos coloca en una situación de absoluta indefensión”, denuncia–. Asegura que subcontrató los cursos de formación conforme a la ley, ya que la orden de bases que regulaba las convocatorias permitía poner en manos de terceros “incluso la totalidad de la subvención”. “Debe quedar claro que subcontratar no es desviar de fondos”, concluye.
El Tribunal de Cuentas ha sometido al sistema público de formación para el empleo a un duro examen, y las entidades que lo gestionan, sindicatos, patronal y administración, a través de la Fundación Tripartita, lo han suspendido. Tras fiscalizar la convocatoria de subvenciones públicas de 2010, el tribunal critica que CEOE, UGT y CCOO se hayan convertido en “meros intermediarios”UGT para que otras entidades, asociadas, vinculadas o subcontratadas por ellos se beneficien de esas ayudas estatales. De los 412,34 millones de euros concedidos en subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2010, casi el 50% fue subcontratado por los sindicatos y la patronal.