Hacen su aparición de forma fugaz. Julia ha sido testigo este verano de cómo en playas de Málaga “grupos de turistas llegan muy temprano por la mañana, colocan sombrillas y tumbonas vacías en primera línea y se van. Cogen sitio, aunque no vayan a regresar hasta horas después, fastidiando al resto”. Ha presenciado incluso “alguna pelea”. Y eso pese a que, en puntos como en Torrox, la Policía Local multa con hasta 300 euros por esa práctica. Cree que comportamientos como ese “son los que provocan que haya un rechazo local hacia los visitantes, porque ven que los están expulsando de sus lugares”, traslada a infoLibre. Y los llenos se repiten estos meses estivales no sólo en el litoral andaluz. Sucede lo mismo en la costa catalana, donde “cada vez se alarga más la temporada de verano”, según admiten desde la Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava; en enclaves del norte como Asturias o el País Vasco, escenarios de postales turísticas abarrotadas; o en las islas, Canarias y Ballears, enroscadas tradicionalmente a esa área económica.
Y no sólo crece el turismo de sol y playa. Se prevé que estos meses medio millón de personas recorran el camino de Santiago, en Galicia, por ejemplo. Es innegable. El turismo oxigena la economía española. Si 2023 fue de récord, con 85 millones de viajeros, que se gastaron más de 108.700 millones de euros y un aporte al Producto Interior Bruto (PIB) cercano al 13%, todo hace vaticinar que en 2024 la tendencia seguirá siendo positiva. De hecho, la Mesa del Turismo prevé que el desembolso de los visitantes internacionales trepe hasta los 125.000 millones y, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el sector contribuirá con 225.000 millones al PIB español este ejercicio.
Sólo el pasado julio, el número de pasajeros aéreos internacionales que llegaron al país superó los 11 millones, un 8,6% más que el año anterior, según datos de Turespaña. Los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas alcanzaron los 2.904.908, lo que significó un incremento de 97.282 personas. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros rebasaron los 44 millones y los precios en ese tipo de alojamientos se acrecentaron más de un 7%. El Ministerio de Industria y Turismo cuantifica en 97.000 los puestos de trabajo que se crearon ese mes. El empleo turístico supuso ya casi un 14% en relación con el mercado laboral del conjunto del Estado y la suma de afiliados se extendió a todas las ramas turísticas: la hostelería, las agencias de viajes y otras actividades. El número de asalariados se elevó un 4% y el trabajo fue al alza en todas las comunidades, excepto en Extremadura, con las ascensiones más significativas en Madrid y, sobre todo, en Canarias.
¿Dónde está esa riqueza?
Desde esa última comunidad, Pablo Díaz, miembro de Ben Magec–Ecologistas en Acción, sostiene que “se habla de cifras macroeconómicas y es cierto que hay gente que trabaja por el turismo y, si no existiera, no tendría otra cosa. Pero también lo es que las condiciones laborales cada vez son peores, son precarias. Y luego hay otra cuestión: ¿dónde está esa riqueza, a quién va?”, se pregunta. Asegura que “todos los miles de millones que supuestamente están entrando a la economía canaria no se ven en el día a día, los sueldos no suben, la pobreza sí, y los recursos como el agua o el territorio se están agotando. En Tenerife está declarada la emergencia hídrica y hay restricciones para el consumo humano. Es insostenible y posiblemente se llegue a los 17 millones de visitantes este año. En algún momento habrá un colapso”, augura.
No es el único que piensa así. El 69% de los canarios considera que el turismo encarece el coste de la vida para la población residente en las islas, un 76,6% en el caso concreto de la vivienda. Y un 62,1% que trae algunas consecuencias negativas para el medio ambiente, como un mayor consumo de agua, energía o suelo, a tenor de las conclusiones del módulo de turismo de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (Ecosoc) que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac), con información correspondiente al segundo trimestre de 2024. Igual que el 76,4% de los canarios percibe que la industria turística contribuye al desarrollo económico del archipiélago, el 60,9% opina que genera demasiados residuos y contaminación, el 56,2% que perjudica el tráfico y la movilidad y el 57,1% que dañan los ecosistemas de forma irreparable.
“¿Hacia dónde vamos?”, lanza Díaz. Y se contesta: “Hacia una mayor calidad de vida en el archipiélago parece que no”. Ve “poca democracia en el reparto de beneficios” de ese negocio y critica que se toleren anomalías como las del “conocido hotel Papagayo Arena”. Su organización ha denunciado que “carece de licencia turística e incumple el Plan Insular de Lanzarote y el Plan Parcial, ocupando más de 200.000 metros cuadrados de suelo público”, yendo más allá de “la altura máxima permitida, las plantas construidas, el número de plazas alojativas” e “invadiendo el vial público de acceso a la playa de Las Coloradas”. Pese a todo ello, “el establecimiento continúa abierto y opera con normalidad desde hace 15 años”, censuran.
"El panorama es dantesto"
Desde otro punto del mapa nacional, Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Palma, confirma que las hordas de turistas “ejercen presión sobre temas como la vivienda”. Anota que “por menos de 900 a 1.500 euros no alquilas nada en Palma y se están ofreciendo habitaciones por 800. Conclusión: no hay trabajadores de fuera que vengan, ni siquiera a hacer la temporada, que ahora empieza en abril lo que antes empezaba en junio. Hoteles, bares y restaurantes no encuentran gente. Y hay una sobrecarga sobre los trabajadores de aquí, a quienes se les exigen horas, unas pagadas y otras no”. “Además de que –añade– en torno a los alquileres turísticos, muchos ilegales, se mueve mucho dinero negro y hay una parte de mano de obra sumergida. Las mujeres que los limpian nadie sabe cuánto cobran o si están dadas de alta”, resume.
“El panorama es dantesco. Se calcula que este año a las Islas Baleares, con dos millones de personas, vendrán 20 de visitantes. No tenemos ni los servicios ni las dotaciones necesarias para aguantar esto”, avisa, para recordar que ya en 2023 “pidieron a los residentes que se abstuvieran de coger el coche el mes de julio por saturación”. Aquel ejercicio, el puerto de Ibiza registró 548.969 cruceristas, un 86% más que en 2022. Sobrepasaron en 3,45 veces los 159.180 habitantes que residen allí todo el año. Desde el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza han alertado sobre el “impacto irreversible” que ese volumen puede tener en los “ecosistemas marinos y costeros".
El interior tampoco escapa a los efectos de la rotura de compuertas turísticas. Los resultados de un estudio con big data realizado por la empresa Kido Dynamics, investigadores del Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del grupo Estructura Social y Territorio-Arqueología del Paisaje (EST-AP), han permitido concluir que el paraje natural de Las Médulas, en la comarca leonesa del Bierzo, acogió a 221.370 visitantes en 2019. En poblaciones rurales que apenas cuentan con 500 habitantes, se contabilizaron entre 5.000 y 6.000 foráneos algunos días del año, con las mismas infraestructuras públicas.
La ciudadanía se organiza contra un modelo "depredador"
En Ben Magec–Ecologistas en Acción tienen claro que “ningún gobierno va a poner freno al turismo”, pero tampoco pueden evitar que “movimientos ecologistas, sindicales, agrícolas y laborales, como el de las trabajadoras de los hoteles, caminen” para agitar conciencias, tras la semilla que se plantó en Canarias el pasado 20 de abril, cuando miles de personas tomaron las calles de las ocho islas para rebelarse contra el modelo turístico. Es más, adelantan a este periódico que trabajan en “un gran encuentro a finales de octubre o noviembre y de una gran manifestación” porque “los datos son cada vez más alarmantes y la vorágine turística no va a parar”. Pablo Díaz lo expresa en corto: “La ciudadanía se está organizando”.
Javier Gil, investigador del Grupo Estudios Críticos Urbanos (GECU) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), admite que “la saturación turística, el crecimiento de la turistificación está haciendo que cada vez sea más tensa, más difícil y más conflictiva la convivencia entre los turistas y la población local, los residentes”. “El malestar se está empezando a manifestar de muchas formas”, amplía, “entre ellas las movilizaciones que estamos viendo, pero también, aunque sea de forma simbólica, en pintadas contra los turistas" o en reacciones contra "los de determinadas zonas", como las muestras de lo que se ha denominado "madrileñofobia", mensajes de rechazo a los procedentes de esa región, que estos días circulan por las redes. "En general reflejan un grado de turistificación muy fuerte que cada vez está tensando más y haciendo más imposible esa convivencia”, defiende.
Preguntado sobre si atisba que pueda haber algún cambio de modelo hacia otro más sostenible, responde rotundo: “Todo lo contrario. En España se sigue apostando por el turismo como elemento central de crecimiento, aunque sea un modelo depredador que saquea los recursos, los territorios, las poblaciones, las culturas… y que no redistribuye beneficios, genera trabajo precario, temporal, con horarios partidos o bajos salarios. Lo que necesitamos es que las movilizaciones cobren fuerza, consigan asentarse y adquirir de verdad” el suficiente brío “como para disputar las ciudades y los territorios al turismo”, cierra.
¿Se vende lo que se ofrece?
En relación a las ciudades, el economista y socio fundador de la consultora 3CS Estrategia Económica, José María Zambrano, pone el acento en que el turismo pernocta en ellas, “no visita una comunidad autónoma en abstracto. Las ciudades son las que compiten por la captación de turistas y las que ofrecen servicios y productos para satisfacerlos”. A su juicio, hay que plantearse si “están preparadas para atender a los turistas”, teniendo en cuenta que “tienen sentido de existencia, si son capaces de abastecer a todos sus usuarios, vecinos y visitantes”. “No se puede –advierte– engañar a un flujo constante de turistas a los que se les promete una estancia de calidad y sólo obtienen una visita a un parque temático lleno de gente, donde no pueden apreciar esencias culturales, patrimoniales, paisajísticas, gastronómicas, de ocio, etc., diferentes a la ciudad de la que provienen”.
En su opinión, “ver tiendas de souvenirs, bares con tapas de estándares universales, paseos por calles donde no pueden interactuar con ningún vecino, donde solo hay ofertas para turistas de alojamiento o de ocio, sin un comercio tradicional, no es una experiencia que cuide a nuestra gallina de los huevos de oro. Este tipo de gestión exprime al turismo, no lo cuida, es competir con los parques temáticos, pero sin tener el parque de forma óptima”. Tras la sacudida, Zambrano aboga por que “las regeneraciones urbanas, auspiciadas por la Agenda Urbana Española”, no dejen de lado “los nuevos retos, sean para vecinos o visitantes”. “No pensar en las respuestas a estos es permitir la degeneración de los equilibrios de la ciudad”, manifiesta, para engarzar: “España ha hecho sus deberes respecto a las acciones de captación de flujos turísticos, pero no lo está haciendo bien respecto al servicio real que presta basado en precios bajos”.
Desde esa convicción, apuesta por que los ayuntamientos tengan “más competencias y recursos sobre su planeamiento urbano” para “poder atender de forma adecuada a sus usuarios”, sean habituales o pasajeros. “De igual forma –une– deben tener más competencias sobre su financiación. Las ciudades son las hermanitas pobres del proceso de configuración del Estado español, ni pueden por sí solas establecer una tasa turística de 1 euro para que los visitantes contribuyan directamente al uso que hacen de ellas, ni decidir el planeamiento urbanístico de uso turístico de su área de gestión”.
Insta, en definitiva, a “aprovechar los esfuerzos en regeneración urbana para realizar una planificación que contemple el uso turístico. Para ello hay que dotar de mayores competencias a los ayuntamientos" y exigirles, de otro lado, que cumplan sus compromisos con sus "habitantes permanentes, ocasionales y turistas”, recalca.
¿Qué hacer contra la turismofobia?
El ministro del ramo, Jordi Hereu, no ha podido esquivar estos días el fenómeno de lo que se ha bautizado como "turismofobia". Interrogado por él, ha aceptado que es algo que "en algunos puntos se puede dar" y que "se debe gestionar". ¿Cómo? "A través de desconcentrar, diversificar y generar valor añadido en el sector", ha enumerado. Fácil no parece.
Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la Universitat de les Illes Balears, es consciente de la complejidad del asunto, cuando se tiene "una economía muy orientada al turismo de masas, con regiones donde representa el 40 o el 50% del PIB". “Nadie tiene una solución mágica”, afirma, si bien aporta que existe un “instrumento” para “poder inducir una reducción del número de turistas” y “eliminar masificación”. Se refiere al impuesto sobre pernoctaciones al que se ha recurrido “en destinos turísticos maduros como pueden ser Venecia o París” para recaudar y “destinar ese dinero a un objetivo finalista”.
"Si multiplicas por tres o cuatro ese impuesto", sugiere como hipótesis, "puede ser que haya turistas que decidan no ir, es disuasorio, pero hay un problema: vas a tener al sector empresarial en contra", previene. Es más, en las zonas de España donde se ha tirado de ese gravamen como Ballears o Cataluña, la reacción de los hoteleros fue "crispada", constata. Es "algo concreto" por donde se podría empezar a trabajar, aunque "a sabiendas de que supondría una contestación inequívoca de los empresarios. Y es lo que hace temer a los gobiernos", finaliza.
En ese sentido, desde el ámbito activista arrojan otro mensaje: "A los que repiten que no se le pueden poner puertas al campo porque el turismo tiene que ser para todos, y no para las elites, no se les oye con el mismo ímpetu exigiendo una sanidad o una educación para todos", proclaman. Y es que mirar paisajes o degustar pintxos en un bar determinado del centro de una ciudad vasca y tal vez poder evocar emociones después, no debería implicar expulsar a los autóctonos de la foto.
Hacen su aparición de forma fugaz. Julia ha sido testigo este verano de cómo en playas de Málaga “grupos de turistas llegan muy temprano por la mañana, colocan sombrillas y tumbonas vacías en primera línea y se van. Cogen sitio, aunque no vayan a regresar hasta horas después, fastidiando al resto”. Ha presenciado incluso “alguna pelea”. Y eso pese a que, en puntos como en Torrox, la Policía Local multa con hasta 300 euros por esa práctica. Cree que comportamientos como ese “son los que provocan que haya un rechazo local hacia los visitantes, porque ven que los están expulsando de sus lugares”, traslada a infoLibre. Y los llenos se repiten estos meses estivales no sólo en el litoral andaluz. Sucede lo mismo en la costa catalana, donde “cada vez se alarga más la temporada de verano”, según admiten desde la Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava; en enclaves del norte como Asturias o el País Vasco, escenarios de postales turísticas abarrotadas; o en las islas, Canarias y Ballears, enroscadas tradicionalmente a esa área económica.