“Los días del secreto bancario han terminado”, proclamó el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, después de que el Consejo Europeo aprobara por unanimidad la directiva sobre fiscalidad del ahorro, que llevaba bloqueada desde 2008. En realidad, los días serán años, al menos dos, el plazo que se han dado los Estados miembro para incorporar la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales. Y el secreto bancario habrá desaparecido sólo en territorio europeo. Mientras el G-20, que carece de la capacidad ejecutiva de la UE, no concluya sus propias medidas contra los paraísos fiscales, los capitales europeos podrán seguir escapándose a los puertos refugio ubicados en el resto del planeta, desde las islas Caimán hasta Mauricio o Singapur.
Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) creen que la declaración del comisario Semeta peca de “triunfalista”. “Se ha liberado un obstáculo, ciertamente, pero debemos ser cautelosos”, advierte su presidente, Ramsés Pérez Boga. Austria y Luxemburgo mantenían bloqueada la directiva desde hace seis años: exigían que también Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino, paraísos fiscales europeos pero fuera de la UE, se sumaran al acuerdo de intercambio automático de información fiscal, para evitar que los capitales se mudaran de sus bancos a los de estos miniestados.
“El intercambio automático de información es una herramienta de mucha potencia”, explica Pérez Boga, quien la considera básica en la lucha contra el fraude. “Ahora tendremos al instante en la base de datos la información sobre cuentas bancarias de ciudadanos españoles situadas en estos países, en lugar de tener que probar, en la comisión rogatoria preceptiva, que esa persona ha defraudado”, asegura.
También ve como un avance considerable que la directiva no se limite al ahorro, sino que se extienda a los seguros y productos financieros. Además, su radio de acción se amplía de las personas físicas a las jurídicas: la práctica habitual es que las primeras se oculten detrás de sociedades pantalla, fundaciones o fideicomisos.
Para José María Mollinedo, secretario de Gestha –los técnicos de Hacienda–, la directiva se queda corta. “El ahorro financiero queda excluido”, explica. El intercambio de información tiene sus limitaciones: se circunscribe a los rendimientos en forma de pago de intereses y excluye las relaciones contractuales anteriores a enero de 2004. “Es un adelanto, un paso”, destaca, “pero se va poder sortear con facilidad porque la realidad de la evasión es más dinámica”. La directiva podrá cortarle las alas al “evasor primitivo”, aclara, pero se le escapará el “sofisticado”. Ése que, por ejemplo, crea sociedades interpuestas en países de fuera de la UE. En esos casos, advierte, va a ser muy difícil identificar al titular efectivo de las cuentas. Lo mismo ocurrirá en las sociedades con administradores fiduciarios de terceros países. “¿O que sucede con quien posee una casa en Bahamas, que puede alquilar y obtener de ella una rentabilidad?”, se pregunta Mollinedo.
Prefieron gravar las cuentas a renunciar al secreto bancario
La norma comunitaria sobre la fiscalidad del ahorro se remonta a 2003, pero desde entonces tanto Austria y Luxemburgo, como hasta 2010 Bélgica, se negaron a aplicarla y han disfrutado de un periodo transitorio: prefirieron gravar –hasta en un 35%– los intereses generados en sus cuentas por los ahorros de ciudadanos residentes en otros países antes que renunciar al secreto bancario. El 75% de esa retención sobre los intereses iba a parar a los países de origen de los titulares de las cuentas opacas. Por este concepto, según datos de la Agencia Tributaria manejados por IHE, España percibió en 2006 un total de 40 millones de euros; es decir, que los intereses satisfechos por esas cuentas de españoles en paraísos fiscales ascienden a 350 millones.
Ahora Austria y Luxemburgo han puesto fin a su resistencia, a cambio de que también pasen por el aro del intercambio automático de información sus competidores europeos fuera de la UE. El siguiente paso es acabar con el secreto bancario en el resto del mundo. Algo que Pérez Boga no ve del todo utópico desde que Estados Unidos comprobó cómo en los paraísos fiscales se ocultaba también el dinero del narcotráfico y, sobre todo, del terrorismo.
IU pide a la Fiscalía que investigue a empresas y bancos que operan en paraísos fiscales
Más cauto, José María Mollinedo considera que el fin del secreto bancario aún queda lejos. Las discusiones en el G-20 están “bastante atrasadas”, subraya, y sólo serán eficaces las medidas que tome la OCDE a escala mundial.Más dureza en España
Así que los inspectores de Hacienda creen que aún harían falta más medidas para acabar con unas prácticas evasivas que equivalen a la cuarta parte de la riqueza privada mundial, según los cálculos del FMI. “Debería aplicarse un tratamiento más duro a las empresas radicadas en paraísos fiscales”, plantea Pérez Boga. Por ejemplo, gravar los beneficios que obtengan estas sociedades u obligar a los bancos a identificar a aquellos clientes nacionales que posean cuentas en paraísos fiscales. Tampoco dudan en proponer medidas “muy intervencionistas”, como negarles personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español a las sociedades constituidas en esos territorios.
En la misma dirección apunta José María Mollinedo, quien reclama “medidas más ambiciosas” del lado español. Entre ellas, que se prohíba operar aquí a los bancos de paraísos fiscales que se nieguen a aportar datos sobre quién está realmente detrás de sus cuentas.
“Los días del secreto bancario han terminado”, proclamó el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, después de que el Consejo Europeo aprobara por unanimidad la directiva sobre fiscalidad del ahorro, que llevaba bloqueada desde 2008. En realidad, los días serán años, al menos dos, el plazo que se han dado los Estados miembro para incorporar la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales. Y el secreto bancario habrá desaparecido sólo en territorio europeo. Mientras el G-20, que carece de la capacidad ejecutiva de la UE, no concluya sus propias medidas contra los paraísos fiscales, los capitales europeos podrán seguir escapándose a los puertos refugio ubicados en el resto del planeta, desde las islas Caimán hasta Mauricio o Singapur.