Más que la inflación disparada ha sido la disputa sobre cómo distribuir en el tiempo su impacto en los salarios lo que ha roto la mesa donde patronal y sindicatos diseñan el acuerdo de negociación colectiva para los próximos tres años. CCOO y UGT consideran irrenunciables las cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Pero CEOE no quiere ni oír hablar de ellas. Para los sindicatos la inflación es el lobo que se está comiendo los sueldos; para los empresarios, el fantasma que se hará de carne y hueso en forma de efectos de segunda ronda y convertirá la subida de precios de la guerra y la energía en una dolencia estructural.
La Semana Santa es el tiempo de tregua que ambas partes se dieron para dilucidar si hay forma de salvar el acuerdo. UGT cree que el ANC (Acuerdo de Negociación Colectiva, su denominación oficial) no tiene salvación. “Yo lo doy por cerrado”, zanja el vicesecretario de Política Sindical, Mariano Hoya, “es imposible en estos términos”. Por el contrario, Mari Cruz Vicente, número dos de CCOO, cree que, mientras las partes no se levanten de la mesa, la negociación sigue viva. “Fácil no está”, concede, pero las discusiones continuarán tras el Domingo de Resurrección. Lo mismo dice la CEOE, que sigue abierta a continuar el diálogo y pide “moderación” para afrontar una coyuntura “complicada”, pero recalca que su línea roja son las cláusulas de revisión: “Decimos no a todo lo que sea acumular cargas salariales año a año”, explican fuentes empresariales.
Hoya no duda en reprochar a la patronal que no haya hecho “ningún esfuerzo” para acercarse al pacto, mientras recuerda que los trabajadores han perdido ocho puntos de poder adquisitivo entre 2012 y 2020. Es decir, sin contar el 6,5% de inflación en que terminó 2021 ni el 9,8% que ha marcado hasta marzo. “La inflación de segunda ronda [la que se traslada a los salarios y, a su vez, retroalimenta el alza de precios] nos la vamos a tener que comer los trabajadores mientras los beneficios de las empresas del mercado continuo han superado los 62.000 millones en 2021”, protesta el dirigente ugetista. Mari Cruz añade que las empresas han dedicado los beneficios de los últimos años a desendeudarse, por lo que están en situación de afrontar “subidas comedidas y las cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder de compra de los trabajadores”. Si las empresas están subiendo los precios, recalca, es porque la inflación la están repercutiendo en los clientes “y no están perdiendo”.
La patronal rebate a ambos. Su presidente, Antonio Garamendi, repite que las empresas están “asfixiadas” porque no pueden trasladar la inflación a los clientes y asumen grandes costes. Sin olvidar los problemas de suministros que la guerra en Ucrania está ocasionando en algunos sectores, agudizados por los paros en el transporte de hace unas semanas.
Las propuestas
El 8 de abril, la CEOE trasladó a los sindicatos una propuesta de subidas salariales que establecía un alza del 3% para este año y del 2% tanto para 2023 como para 2024. CCOO y UGT presentaron una conjunta que incluye un aumento del 3,4% en este ejercicio, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, pero con cláusulas de revisión salarial del 50% –de la diferencia entre la subida del año y el IPC final del ejercicio– en 2022, del 25% en 2023 y de otro 25% en 2024. De esta forma, explican, al final de los tres años se habría recuperado el poder adquisitivo perdido en el año en curso. “El problema es 2022”, resalta Mari Cruz Vicente, porque se prevé que la inflación termine de media en el 7,5%, según los cálculos del Banco de España, pero en 2023 se reducirá hasta el 2% y en 2024 se quedará en el 1,6%.
Es ahí, en el reparto del alza de la inflación donde CCOO cree que hay margen para buscar el acuerdo. “Hay muchas formas de dibujar esa senda”, apunta. Según explica, las cláusulas de revisión salarial, a diferencia de lo que argumenta la patronal, no son inflacionistas: se aplicarán a año vencido, por lo que no impactarán en el IPC de 2022, el ejercicio más peligroso, y luego en 2023 y 2024, ya con los precios contenidos.
Mariano Hoya critica que la CEOE se niegue a indexar los salarios al IPC, pero reclame al Gobierno que indexe a la inflación los contratos públicos. La Ley de Desindexación, aprobada por iniciativa del Gobierno del PP en 2015, impide que el precio que las administraciones pagan a los contratistas privados se actualice con el IPC. La patronal quiere que esa decisión se revierta y los sindicatos la apoyan. “En eso no ven peligro de producir efectos de segunda ronda”, reprocha el responsable de UGT. Fuentes de la patronal no ven contradicción en su postura. “No repercutir el IPC puede llevar a pérdidas a las empresas”, advierten.
Las mismas fuentes aseguran que su propuesta de subidas salariales ya no vincula parte del alza anual al aumento de la productividad y del empleo. “De ello se habló hace tiempo, pero ya no está encima de la mesa”, admiten. En ese momento, la CEOE pretendía aumentar un 1% los salarios si la productividad crecía un 2% y el empleo un 4% en 2022, y el mismo porcentaje en los dos años siguientes si la productividad aumentaba un 2% y el empleo un 3%. Mariano Hoya lo ve inviable: “Un crecimiento del empleo del 4% equivale a 800.000 puestos de trabajo al año”, señala. Es más o menos el aumento del empleo conseguido en 2021, con una mejora del PIB del 5% que este año difícilmente se alcanzará: el Banco de España calcula que se quedará en un 4,5% y Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, en un 4,8%.
¿Peligra el pacto de rentas?
El fracaso del acuerdo de negociación salarial sería un mal augurio para el pacto de rentas que el Gobierno quiere firmar en un intento adicional por hacer frente a los efectos de una guerra que ha estallado cuando la economía se esfuerza por salir de la crisis del covid-19. Los sindicatos insisten en que un pacto de rentas no es sólo un acuerdo para contener los salarios. “Incluye más cosas que aún no hemos visto”, advierte Mari Cruz Vicente, porque las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para frenar los precios de la luz y los combustibles son, a su juicio, insuficientes. “No llegan a la cesta de la compra de los ciudadanos ni bajarán la inflación”, advierte. Mariano Hoya duda de las posibilidades de incluir en el pacto de rentas una limitación de los beneficios empresariales. Mari Cruz Vicente prefiere apuntar a la contención en el reparto de dividendos. La patronal, en cambio, reclama una rebaja de impuestos.
En cualquier caso, las tres partes coinciden en que si no se firma el acuerdo marco de salarios este año será una pésima noticia. Aumentará la conflictividad social y ralentizará la negociación colectiva, alertan los sindicatos. Justo cuando es más necesario que nunca que los convenios colectivos se firmen con agilidad, con los trabajadores acuciados por la escalada de los precios. Los ciudadanos frenarán entonces el consumo, lo que afectará enseguida a la recuperación económica, vaticina la dirigente de CCOO.
De todas maneras, Hoya y Vicente también recuerdan que en los tres primeros meses del año se están firmando convenios con subidas “mejoras de las que ofrece ahora la CEOE”. Un número importante con alzas del 4%, por ejemplo, e incluso el de la construcción de Bizkaia con el 6,5%.
Único en Europa
El Acuerdo de Negociación Colectiva español es único en Europa. Grecia negociaba uno de características similares –bipartito, de ámbito nacional, eficacia general y que fijaba salarios– hasta que en 2012 la intervención de la troika obligó al Gobierno de Atenas a excluir del pacto los salarios. Ahora sólo establece el resto de las condiciones laborales.
En otros países existen pactos parecidos, pero para fijar únicamente el salario mínimo, como en Francia, Bélgica y Portugal. Lo habitual es que la negociación colectiva sea sectorial, o por empresas. Pero no existe una mesa en la que las patronales y los principales sindicatos discutan las condiciones laborales y salariales para dibujar un marco que sirva de referencia a los convenios de ámbitos más pequeños, sectoriales, territoriales o de empresa.
Se trata de un terreno delicado, en el que combaten las muy diferentes estructuras laborales de cada país, como suele ocurrir en la Unión Europea. Una buena muestra es la redacción de la directiva comunitaria del salario mínimo, que aprobaron los ministros de Trabajo de los 27 en el Consejo de Empleo y Política Social el pasado diciembre y antes, en noviembre, el Parlamento Europeo –con los votos en contra del PP y Vox–. La directiva pretende garantizar un salario mínimo justo y adecuado a todos los trabajadores de la UE. Incluso Alemania –que no tuvo un salario mínimo hasta que lo aprobó Angela Merkel en 2014– apoya la medida, “pero luego ha puesto muchas pegas”, precisa la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera. También ha tenido que superar la directiva el “boicot” de los países nórdicos. “Quisieron imponer un artículo que permitía a los Estados miembros descolgarse del salario mínimo”, explica Barrera, “es decir, que la directiva no tuviera una aplicación universal, lo que sentaría un precedente peligrosísimo”. En estos países, no existe una negociación colectiva nacional, sino que se desarrolla en cada sector y en cada empresa. En esas mesas, además, se sientan no sólo los empresarios sino también las compañías de seguros, porque pagan las prestaciones de desempleo y otras mejoras de la protección social, recuerda la responsable de UGT. Para ellos, una negociación nacional o europea de los salarios, incluido el salario mínimo, equivale a una recentralización estatal que dejaron atrás hace años.
Pactos de rentas en Portugal e Italia
Los sindicatos quieren que se distribuya “el coste de lo que viene” pero la patronal dice 'no' a la subida salarial
En Suecia y Finlandia, la cobertura de la negociación colectiva alcanza el 90% de los trabajadores, mientras que en España se queda en el 73%. Sin embargo, en España los acuerdos que firman los sindicatos con los empresarios son de eficacia general: se aplican a todos los trabajadores, sean o no afiliados a esas organizaciones. En el resto de la UE, sólo afectan a los miembros de los sindicatos firmantes. Cierto que en muchos países la afiliación a un sindicato es casi obligatoria, por lo que la eficacia de los convenios es también muy amplia.
En cualquier caso, la directiva de la UE pretende igualmente fomentar la negociación colectiva, sobre todo en los más recientes miembros del Este de Europa, donde está subdesarrollada. “Los países con una elevada cobertura de la negociación colectiva tienden a tener una proporción menor de trabajadores con salarios bajos y mayor proporción de salarios mínimos más altos que aquellos con una baja cobertura”, destaca la norma.
Por lo que se refiere al pacto de rentas, no es una figura exclusiva de España, en cambio. La inflación se ha desbocado en toda Europa, aunque con diferencias. La española es de las más elevadas, pero no le van a la zaga Países Bajos, donde se alcanzó el 11,9% en marzo, Lituania –15,6%– o Estonia –14,8%–. En Alemania llegó al 7,3%. En Francia está mucho más contenida, con un 5,1%. De modo que en Portugal –5,5%– e Italia –6,7%– se debate un posible pacto de rentas “como complemento de las medidas contra el alza de precios”, avanza Mari Carmen Barrera. Pero, al igual que en España, no se ha cerrado ninguno aún.
Más que la inflación disparada ha sido la disputa sobre cómo distribuir en el tiempo su impacto en los salarios lo que ha roto la mesa donde patronal y sindicatos diseñan el acuerdo de negociación colectiva para los próximos tres años. CCOO y UGT consideran irrenunciables las cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Pero CEOE no quiere ni oír hablar de ellas. Para los sindicatos la inflación es el lobo que se está comiendo los sueldos; para los empresarios, el fantasma que se hará de carne y hueso en forma de efectos de segunda ronda y convertirá la subida de precios de la guerra y la energía en una dolencia estructural.