El Gobierno anunció el pasado abril que suprimiría las visas oro, las autorizaciones de residencia que desde 2013 pueden obtener quienes inviertan más de medio millón de euros en inmuebles, más de un millón en acciones o depósitos bancarios, o dos millones en deuda pública. “Alfombra roja para quien venga a España a crear empleo, a invertir en innovación a dinamizar nuestro tejido productivo, y no para quienes, simplemente, buscan especular con un bien como la vivienda”, proclamó el presidente, Pedro Sánchez, después de que el Consejo de Ministros “iniciara los trámites” para hacer desaparecer los visados.
Sin embargo, cinco meses después, aún siguen en vigor. El primer intento de supresión fracasó cuando decayó el proyecto de Ley del Suelo, en una de cuyas enmiendas se había incluido la desaparición de las visas oro. El texto no consiguió suficientes apoyos parlamentarios para su aprobación y el Gobierno retiró el proyecto de ley a finales del mes de mayo. Ahora, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia, incorpora la eliminación de los visados.
La ponencia que analizará el proyecto de ley antes de que la Comisión de Justicia emita su dictamen se reunió el pasado martes por primera vez. Los grupos han presentado 1.071 enmiendas al texto, y una de ellas es la que dicta el fin de los visados de oro. Teniendo en cuenta el volumen de trabajo, las fuentes parlamentarias consultadas no creen que se debata la eliminación de las visas hasta octubre y puede que la medida no se apruebe hasta finales de año. Siempre que consiga los apoyos necesarios.
Mientras, el número de solicitudes se ha disparado. Ante la incertidumbre, quienes tenían previsto hacer su inversión inmobiliaria en 2025 han adelantado los trámites a este año. “Hubo un auténtico boom entre abril [cuando el Gobierno anunció la supresión de las visas oro] y julio”, destaca Patricia Ruiz Bautista, abogada de Movilidad Internacional y Extranjería del despacho Ceca Magán. Este año, asegura, las solicitudes han aumentado un 25%, pero las consultas de quienes planeaban pedir un visado se han disparado hasta un 50%. De esas llamadas a Ceca Magán en busca de asesoramiento, terminó por materializarse un 15%.
Desde 2013 y hasta 2023 se han concedido 14.576 visados oro a cambio de inversiones en inmuebles, según las cifras que ofreció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando se anunció el fin de este incentivo a la inversión extranjera. En 2023 la cifra alcanzó las 3.273, más del triple de las concedidas en 2021 –997–. Aunque su número ya empezó a dispararse en 2022, cuando se llegó a los 2.017. El Ministerio de Vivienda ha asegurado a infoLibre que carece de cifras sobre el número de visados concedidos este año más allá de los 342 correspondientes al mes de enero. El número lo facilitó también Isabel Rodríguez en esa misma rueda de prensa. En enero, por tanto, aún no se sabía que los visados tenían los días contados pero, ya entonces, en un solo mes se habían otorgado un 25% más que la media de 2023.
Multiplicando ese número por los 12 meses del año, se puede hacer una estimación para todo el ejercicio: los visados de 2024 pueden alcanzar los 4.104. Pero, añadiéndoles un aumento del 25% a partir de abril, la cifra facilitada por Ceca Magán, las visas doradas llegarían a 4.788 a final de año: un 63% más de las concedidas en 2023. Con el anuncio y la falta de aplicación del fin de las visados, el Gobierno habría conseguido justo el efecto contrario al que buscaba.
“Efecto llamada”
“Efecto llamada” no duda en llamar Cristian Balcells, director de Balcells Group Lawyers, a la abolición fallida de los permisos de residencia por inversión. Asegura que las solicitudes tramitadas desde abril por su despacho se han duplicado. “Hay quien incluso ha comprado al contado para acelerar el proceso”, subraya. También María Eugenia Blasco, de AGM Abogados, dice que el número de peticiones en su despacho se ha doblado en estos meses. “Ahora podemos tramitar hasta tres al mismo tiempo”, detalla, “cuando antes íbamos de una en una”. Es decir, dando por bueno que se hayan duplicado las 3.273 de 2023, el número de concesiones al acabar este año bien podría superar las 6.000.
La abogada de Ceca Magán cree que, como contrapartida, en estos últimos meses el Gobierno ha endurecido la tramitación de los permisos. “Al menos en las solicitudes iniciales [también hay que pedir la renovación al cabo de tres años, la primera vez, y luego cada cinco] la Administración es ahora más rigurosa, exige documentos que antes no pedía, más pruebas de la inversión, si se ha pagado el seguro médico privado…”, enumera Patricia Ruiz. “Al contrario”, la rebate Cristian Balcells, “el ministerio [Inclusión, Migraciones y Seguridad Social] suele tardar 20 días máximo en resolver, y ahora en algunos casos incluso está respondiendo antes”.
Lo que no ha cambiado este año es la nacionalidad de los solicitantes: desde la guerra de Ucrania los rusos son cada vez menos, y las peticiones las copan, sobre todo, latinoamericanos: de Venezuela y “hubo un momento de auge de Perú”, precisa la abogada de Ceca Magán, que también menciona Turquía. Los clientes de Balcells, que tiene sus oficinas en Barcelona, son principalmente anglosajones –Reino Unido, Estados Unidos Canadá–, también latinoamericanos, y han crecido los israelíes, indica su director. María Eugenia Blasco sí que está recibiendo ahora consultas desde países que antes no estaban interesados en España, como Arabia Saudí, Emiratos o Vietnam y otras naciones del sureste asiático. “Siempre hemos trabajado mucho con clientes chinos; ahora no tanto, porque tienen más dificultades para sacar el dinero de su país”, aclara. También han aumentado las peticiones de mexicanos. Y muchas consultas son de ciudadanos iraníes, clientes imposibles por culpa de las sanciones internacionales contra el régimen de los ayatolás, que les impiden siquiera abrir una cuenta bancaria, advierte la abogada.
Francisco Jiménez, Aguilera, de Zaballos Abogados, reconoce que su despacho recibe más consultas desde que se anunció la eliminación de los visados de oro, por culpa de la inquietud y la tremenda inseguridad que causó la noticia, pero no ha visto un aumento de las solicitudes. Sólo concede que se hayan acelerado las peticiones de quienes ya tuvieran “la decisión madurada y la inversión canalizada”. A su juicio, más bien se ha producido un “efecto espantada”. “Las visas son una oportunidad para activar el mercado inmobiliario y la construcción, además del mercado del alquiler, porque muchos de los propietarios no residen todo el año aquí; suponen un beneficio para las promotoras y constructoras”, sostiene Jiménez Aguilera, “desde luego no quitan pisos a las familias en el centro de Madrid”. Por ese motivo, critica su supresión, que considera una medida de “oportunismo político”, sin justificación económica, fiscal, por riesgos a la seguridad o por la inmigración.
Inversiones alternativas
El 85% de las solicitudes de permiso de residencia son de visa oro a cambio de la inversión en inmuebles, sobre todo de latinomericanos que pretenden trasladar su residencia a España, señala Patricia Ruiz. Pero ahora, añade, han aumentado las inversiones en depósitos bancarios, “que es el procedimiento más rápido”. El perfil de inversión de Balcells tiene otros matices. “No he gestionado una solicitud para deuda pública en estos 10 años y, para proyectos empresariales, puede que una decena como máximo”, explica.
Por el contrario, AGM Abogados sí que está explicando y buscando alternativas a la inversión inmobiliaria para sus clientes extranjeros interesados en conseguir el permiso de residencia: constituir una sociedad, contratar productos bancarios, crear una filial en España si ya poseen un negocio en su país u optar por la llamada “residencia no lucrativa”, un modelo anterior al nacimiento de las visas doradas, enumera María Eugenia Blasco.
El anuncio de abolición tampoco han cambiado las cuantías invertidas, dice Patricia Ruiz. Las cantidades destinadas a inmuebles no bajan de los 800.000 euros de media, pese a que el mínimo exigido es medio millón. Según las cifras hechas públicas por el Ministerio de Vivienda, desde 2016 la inversión conseguida con ellas supera los 10.014 millones de euros, de los que 2.518 millones corresponden a 2023, el año récord hasta ahora.
El ministerio sostiene que el 90% de las autorizaciones se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Patricia Ruiz apunta en concreto a Marbella. De hecho, según Vivienda, las compras de inmuebles a cambio de visas doradas llegaron a representar el 7,1% de las operaciones selladas en la capital de la Costa del Sol en un año. Y el 5,3% de las registradas en Barcelona.
En plena crisis económica
Los visados de oro los creó el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Apoyo a los Emprendedores en 2013, “en un contexto de crisis económica”, según señalan los socialistas para justificar su enmienda. Su objetivo entonces era “atraer y retener” inversiones de extranjeros para adquirir inmuebles o bien acciones, deuda pública, empresas y fondos de inversión.
Sin embargo, argumenta el Grupo Parlamentario Socialista, ese objetivo no se ha cumplido. Por un lado, el aumento de la compra de inmuebles por extranjeros en los últimos trimestres está ejerciendo “una presión excesiva sobre la demanda de vivienda” en ciertos distritos y municipios, disparando los precios y “gentrificando” los barrios. Por otro, las visas para invertir en acciones o empresas no han tenido un “impacto significativo” en la economía nacional. Su eliminación, por tanto, no tendría “efectos negativos” sobre ella, aducen los socialistas.
Además, la enmienda alude a las advertencias de la Unión Europea respecto de estos incentivos a la inversión extranjera, “sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania”. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Más del 80% de los visados concedidos en España ha ido a parar a manos de ciudadanos rusos y chinos, según Transparencia Internacional.
Con la supresión anunciada en abril, España pretendía sumarse así a Portugal e Irlanda, que ya en 2023 eliminaron las visas oro, y a Países Bajos, que las abolió el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022.
Sin embargo, María Eugenia Blasco rechaza que se pueda culpar a las visas doradas de la tensión del mercado y el aumento de los precios de los inmuebles provocado por la especulación inmobiliaria. Según sus cálculos, las operaciones amparadas en este incentivo equivalen sólo al 0,27% de las realizadas desde 2013 en España. Tampoco cree que deba sembrarse la sospecha sobre el origen de los fondos invertidos en ellas: “Ese control, previo a la operación, lo llevan a cabo los bancos y los notarios, y siempre ha sido mayor en España que, por ejemplo, en Portugal”, subraya.
PP y Junts, la incógnita
Entre los socios del Gobierno, Sumar, Esquerra Republicana, PNV y EH Bildu apoyan la supresión de las visas oro, según han explicado a infoLibre. Sólo el PP y Junts no han querido avanzar por el momento cuál es su posición. “Lo haremos cuando se abra el debate”, indica una fuente de los populares. Y la discusión aún no ha comenzado siquiera en la ponencia. Como viene siendo su comportamiento habitual, Vox se ha negado a contestar a las preguntas de este periódico.
Inversores rusos pagaron 3.420 millones en diez años para lograr la residencia en España vía 'golden visa'
En cualquier caso, cuando en abril el Gobierno anunció la eliminación de las visas oro, PP y Vox coincidieron en calificar la medida de “cortina de humo”. En palabras del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, el Ejecutivo la utilizaba para “tapar” su “incompetencia” en materia de vivienda. Los visados, aseguró, sólo afectan al “0,002% de la vivienda en España”. Para la portavoz de Vox, Pepa Millán, la supresión de las visas doradas sólo sirve “para que no se hable de otras cosas como, por ejemplo, del escándalo de la mujer del presidente”.
María Eugenia Blasco descarta que el ritmo de solicitudes se vaya a frenar este otoño. De hecho, “ahora se están materializando muchas de las iniciadas antes del verano“, aduce. Porque, si bien la Administración contesta antes de 20 días, la operación completa puede prolongarse hasta tres meses. Es el tiempo que puede llevar la búsqueda de la propiedad, la apertura de una cuenta bancaria y la obtención del NIE (Número de Identidad de Extranjero), enumera Francisco Jiménez. Además, tras firmar la compraventa, hay que inscribirla en el Registro de la Propiedad, un trámite que tarda semanas, recuerda Blasco.
En cualquier caso, no hay ninguna certeza de cuánto tiempo más puedan durar las visas oro. María Eugenia Blasco no duda de que desaparecerán, al igual que ya ha ocurrido en otros países europeos o Canadá. Si finalmente el Gobierno consigue sacar adelante su eliminación en las Cortes, quienes quieran circular libremente en el espacio Schengen –uno de las principales ventajas para un ciudadano extracomunitario– pueden seguir solicitando la “residencia no lucrativa“ antes citada o bien buscar otro país europeo donde sigan concediendo las visas doradas: sólo en Malta, Chipre, Italia y Grecia.
El Gobierno anunció el pasado abril que suprimiría las visas oro, las autorizaciones de residencia que desde 2013 pueden obtener quienes inviertan más de medio millón de euros en inmuebles, más de un millón en acciones o depósitos bancarios, o dos millones en deuda pública. “Alfombra roja para quien venga a España a crear empleo, a invertir en innovación a dinamizar nuestro tejido productivo, y no para quienes, simplemente, buscan especular con un bien como la vivienda”, proclamó el presidente, Pedro Sánchez, después de que el Consejo de Ministros “iniciara los trámites” para hacer desaparecer los visados.