Cerca de un centenar de personas, algunas de pie, inmóviles, otras arrodilladas. Varios niños y niñas. Y un murmullo ininteligible pero perfectamente coordinado, penetrante para cualquiera que escuche. Es el paisaje que dejaron los grupos ultra que el pasado 19 de mayo se agolparon frente a la Clínica Dator, uno de los centros madrileños de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. El propósito de quienes hincaban la rodilla en la vía pública no era otro que clavar sus oraciones en la conciencia de las profesionales y las mujeres que ejercían un derecho, el de la libre interrupción del embarazo, ahora blindado por el Tribunal Constitucional. Lo hicieron bajo la mirada impasible de las fuerzas de seguridad y a pesar de que el acoso ante las clínicas cumple un año inserto en el Código Penal.
El acoso sistemático y organizado por grupos ultracatólicos frente a las clínicas llegó al poder legislativo a través de la reforma penal que, a propuesta del Partido Socialista, buscaba poner fin a este tipo de ataques. La modificación del Código Penal introduce un nuevo delito, el acoso mediante "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" con la finalidad de obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto, así como los mismos actos contra los profesionales de las clínicas. Los tribunales tienen además la potestad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
A Sonia Lamas, psicóloga y trabajadora en la clínica Dator, no le sorprendió la concentración del 19 de mayo: "Ocurre todos los días. Y estos grupos no son cuatro locos que se ponen a rezar, es la ultraderecha española. No sólo Vox, también el Yunque, Hazte Oír, Derecho a Vivir". Grupos, señala la psicóloga, que tienen "barra libre" para continuar con sus acciones. Lamas sí reconoce el esfuerzo por parte de las fuerzas de seguridad y constata una "voluntad policial de acabar con estos grupos", pero critica la falta de herramientas para hacerlo.
Tal y como explica el jurista José Antonio Bosch en su libro El aborto en España. Guía jurídica práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (Aranzadi, 2023), "asumiendo el legislador la dificultad de la denuncia de la víctima en este tipo de delitos", la reforma regula "la no necesidad de la denuncia de la persona agraviada" para su persecución. Sin embargo, afina el abogado, "el que no se requiera denuncia para la persecución no evita a la mujer su participación procesal" y es "evidente que, salvo confesión directa del investigado, la posible condena requiere de la acreditación del menoscabo sufrido por en la libertad de la mujer lo cual implica la necesidad" de que declare. Y la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que "la mujer acosada no quiere perder su intimidad garantizada en el acto médico durante la tramitación de un proceso judicial público".
Es esta una de las fallas detectadas por los expertos, pero no la única. El simple concepto de acoso tiene difícil encaje, pues requiere de "insistencia, repetición y cierta frecuencia", circunstancias que no siempre se producen, pues los activistas ultra tienden a rotar en sus ataques. Además, analiza Bosch, "acreditar la intencionalidad" de obstaculizar el derecho al aborto puede "resultar complicado toda vez que las actividades que se realizan en las puertas de las clínicas en muchas ocasiones vienen camufladas" como ofertas de información o ayuda.
Pero la mayor laguna que ponen de relieve los profesionales es una: la ausencia de las denominadas zonas seguras. El preámbulo de la ley considera imprescindible "garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo", con el fin de "garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación". Esas zonas se quedaron ahí, en el papel y sin concretar la fórmula que podría implementarlas.
El análisis de Bosch parte de una premisa: "El filtro penal es el último en una sociedad democrática. Cuando ya falla todo, queda la legitimidad del Estado de castigar a través del orden penal. Es el filtro más garantista, pero también es el más duro". En conversación con infoLibre, el abogado reconoce que llevar el acoso al orden penal ha sido, probablemente, un salto que no ha tenido en cuenta "filtros anteriores" que podrían haber frenado estos ataques "de manera práctica y sin muchos requisitos".
Bosch se refiere a la mencionada zona de seguridad y la compara con una fórmula ya establecida: la prohibición de fumar en la puerta de los colegios. "Podría hacerse mediante un decreto reglamentario, o a través de la ley mordaza o de alguna ley sanitaria", traza. Lo cierto es que el PNV introdujo una enmienda a la reforma en la que proponía castigar la participación en concentraciones a menos de 150 metros de las clínicas, pero decayó en el trámite parlamentario.
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Hoy día, con la reforma ya en vigor, los ataques se siguen sucediendo. ¿Por qué? "Cuando se concentran menos de veinte personas no tienen que notificarlo", recuerda el jurista, pero además, en aquellos casos en los que las autoridades intervienen, se produce una confrontación de derechos: "No estoy molestando, estoy rezando, es libertad de expresión", enumera Bosch, por lo que finalmente "la autoridad mira hacia otro lado".
Aunque el letrado augura que "va a ser muy difícil" que se produzcan condenas contra estos grupos a partir de la reforma penal, sí destaca una decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Donostia, que en octubre del pasado año impuso como medida cautelar el alejamiento a cien metros de la clínica Askabide de las protestas antiabortistas.
A través de una encuesta a tres centenares de mujeres elaborada en 2018, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) elaboró un estudio en el que concluye que un 89% se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estas personas. El 95,67% cree que las concentraciones deberían estar prohibidas y el 91,67% estima que las mujeres tendrían que poder recibir ayuda. Algunos testimonios recabados por la organización recogen la angustia de estas mujeres: "Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo".
Cerca de un centenar de personas, algunas de pie, inmóviles, otras arrodilladas. Varios niños y niñas. Y un murmullo ininteligible pero perfectamente coordinado, penetrante para cualquiera que escuche. Es el paisaje que dejaron los grupos ultra que el pasado 19 de mayo se agolparon frente a la Clínica Dator, uno de los centros madrileños de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. El propósito de quienes hincaban la rodilla en la vía pública no era otro que clavar sus oraciones en la conciencia de las profesionales y las mujeres que ejercían un derecho, el de la libre interrupción del embarazo, ahora blindado por el Tribunal Constitucional. Lo hicieron bajo la mirada impasible de las fuerzas de seguridad y a pesar de que el acoso ante las clínicas cumple un año inserto en el Código Penal.