Un año y 477 delitos de odio después, Samuel sigue en la memoria del Orgullo

Fueron varios golpes los que acabaron con la vida de Samuel Luiz. Julio acababa de estrenarse y el Orgullo estaba en cada rincón. La madrugada del 3 de julio, en pleno centro de A Coruña, varias personas arremetieron contra el joven. "Te mato, maricón", gritaron los asaltantes. Aquellas palabras quedaron grabadas en los testigos y marcarían después todas las movilizaciones que recorrieron el país en contra de la homofobia. Un año y 477 delitos de odio después, el crimen permanece en la memoria Orgullo. "Samuel sigue presente por lo duro y atroz del suceso, pero también están muchas otras personas, la mayoría anónimas, víctimas de violencia LGTBIfóbica", dice Ana G. Fernández, presidenta del colectivo ALAS A Coruña. Este mismo sábado, su asociación celebrará un acto de homenaje en el lugar donde sucedieron los hechos y la Federación Estatal LGTBI organiza una vigilia también el sábado a las 20:00 horas, en la madrileña Plaza de Cibeles, en recuerdo del joven y contra la violencia. 

A día de hoy, un año después de lo ocurrido, tres adultos se encuentran en prisión preventiva y dos menores recluidos en un centro. La acusación popular entrevé con total claridad un delito de odio. Jurídicamente, no está tan claro, pero lo cierto es que el colectivo LGTBI ha sentido el crimen contra Samuel como una estacada contra toda su comunidad. 

En 2020, según los datos oficiales sobre delitos de odio recopilados por el Ministerio del Interior, se registraron un total de 282 hechos conocidos con un origen en la orientación sexual e identidad de género de la víctima. El primer avance relativo a los datos de 2021, publicado por el departamento de Fernando Grande Marlaska en abril, adelanta que el año pasado se contabilizaron 477 delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género, la segunda tipología más abundante.

Toño Abad, presidente del colectivo Diversitat y director del Observatorio valenciano contra la LGTBIfobia, advierte del sesgo que contienen los datos oficiales. "No son datos reales" porque solamente reflejan "las denuncias que llegan a las instituciones", pero quedan fuera aquellos casos que no se denuncian, aquellos que no se han investigado o todos los que no son considerados delitos de odio, clama el activista. Lo que es evidente, reconoce al otro lado del teléfono, es que existe un repunte. 

Más conciencia y más odio

Hay dos grandes motivos que pueden ofrecer explicaciones lúcidas al aumento. Por un lado, señala, "hay muchas más herramientas de denuncia" y las víctimas, además, se sienten "más empoderadas para denunciar y no callarse". Perciben las agresiones, antes normalizadas, como una "injusticia a combatir". Ese mensaje, reflexiona Abad, comienza a calar, así que es posible que parte del aumento tenga que ver con un mayor número de denuncias. 

La infradenuncia siempre ha sido un problema para el colectivo. En una encuesta publicada en junio de 2020 por el Ministerio del Interior, se determinó que el 87,10% de los encuestados que decían haber sufrido algún incidente motivado por su orientación sexual o identidad de género no había acudido a las autoridades para interponer una denuncia. En 2019, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó su mayor encuesta LGTBI hasta la fecha. En ella, los españoles que participaron reconocieron de manera abrumadora no haber denunciado ninguno de los incidentes discriminatorios sufridos: el 91% de los entrevistados no fue quien de dar la voz de alarma.

El proyecto de Ley de Igualdad LGTBI que acaba de ser aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, busca de hecho poner fin a las barreras reportadas por el colectivo a la hora de interponer una denuncia. La ley tratará de desplegar todos los instrumentos posibles para evitar la llamada revictimización secundaria: este fenómeno se concibe como una infracción muy grave y como una "forma de violencia consistente en la falta de diligencia debida en el tratamiento de una denuncia o una solicitud de ayuda de una víctima".

Al Observatorio contra la LGTBIfobia que gestiona ALAS A Coruña no dejan de llegar alertas. "Prácticamente todos los fines de semana tenemos avisos de locales de ocio nocturno que dejan fuera a gente del colectivo, por motivos más que obvios", asiente Fernández. Aunque los datos son escasos, sí comparte que cada vez hay más denuncias. No solo a los organismos oficiales, sino que cada vez las víctimas llaman más a las puertas de las organizaciones sociales: "Los proyectos se hacen más visibles, la gente ya no se queda en casa por miedo, vergüenza o porque no sabe dónde ir".

El otro motivo que arroja luz sobre el repunte de delitos lo detecta Toño Abad en un fenómeno muy concreto: "Se producen más agresiones porque hay una fuerza política que lo alienta y que da argumentos que legitiman al agresor". Y en ese contexto, además de los argumentos, pesan los gestos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no colgará, un año más, la bandera arcoíris de la fachada del Ayuntamiento. Tampoco lo hará la líder regional, Isabel Díaz Ayuso. Ni las Cortes de Castilla y León, presididas por Vox.

La derecha y la extrema derecha cuentan en su haber con todo un glosario homófobo que pone blanco sobre negro su posición. A finales de junio, la diputada ultra de la Asamblea de Madrid Alicia Rubio, se dirigía a Eduardo Rubiño, declaradamente LGTBI, para recomendarle que "se cuide en el Orgullo". Semanas antes, otra diputada del mismo partido preguntaba qué medidas se tomarían en la ciudad para evitar un incremento de los contagios de viruela del mono durante las fiestas del Orgullo, vinculando al colectivo con la expansión del virus.

"Tenemos un problema gravísimo del que llevamos alertando muchísimo tiempo", lamenta Toño Abad. Y mientras esa advertencia trataba de actuar como parapeto, los discursos de odio se han hecho "con gobiernos, donde realmente las políticas públicas se pueden ver muy condicionadas por ideologías reaccionarias". Coincide plenamente Fernández: "Los movimientos sociales en general, sobre todo los antifascistas y de izquierdas, llevamos haciendo durante este tiempo una llamada de atención, diciendo que vienen fuerte". Ahora la ultraderecha está "en puestos de poder legislativo, cada vez se organiza mejor, tiene más fondos y su discurso pasa como una simple opinión", lamenta. 

A juicio de Fernández, el feminismo y el movimiento LGTBI son dos buenos ejemplos de cómo, para mantener los derechos conquistados, "hay que estar siempre a pie de cañón". Al fin y al cabo, señala, "lo que le sucedió a Samuel no puede pasar por delante de nuestros ojos como si nada".

La educación como remedio

Las masivas movilizaciones para hacer que el nombre de Samuel Luiz no se perdiera dieron cuenta de algo clave para el colectivo: su músculo y el apoyo generalizado del que goza. 

Sin embargo, la comunidad LGTBI no pierde de vista el camino que queda por recorrer. "En delitos de odio, está todo por hacer: formar a la policía, a los operadores judiciales, tenemos que fortalecer las oficinas de atención a las víctimas y sobre todo –enfatiza Toño Abad– hay que incidir en la educación de la gente joven, especialmente en etapas más críticas como la adolescencia". Iniciativas como el veto parental, critica, pretenden que "la escuela no sea un lugar inclusivo donde se enseñen valores".

La bandera arcoíris entra en las instituciones en forma de pancartas y lonas para esquivar la cruzada ultra

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Lo sabe bien Alejandro Saldaña, profesor de secundaria en el instituto Juan de la Cierva, en el municipio cordobés de Puente Genil, donde ha desarrollado un proyecto contra la LGTBIfobia, implicando a docentes y estudiantes. Desde que la idea del pin parental fue ganando relevancia, el simple hecho de sobrevolar como una posibilidad pesa sobre las espaldas del profesorado. "Ya se ha abierto la veda y muchos padres se creen con derecho a inmiscuirse en la formación que reciben sus hijos", dice en conversación con infoLibre. Algunas familias – "quiero pensar que no son la mayoría, pero hacen mucho ruido", matiza el profesor – se ven "con la libertad de decir cualquier burrada sin que tenga repercusión", precisamente porque ven que hay quien "lo respalda en las instituciones".

Como consecuencia, algunos equipos directivos optan por dejar fuera propuestas formativas en diversidad afectivo-sexual, precisamente para esquivar la polémica. "Los proyectos contra la LGTBIfobia no son prioritarios. En algunos institutos me han llegado a decir que yo, como soy homosexual, tengo más interés en este tipo de contenidos", expone Saldaña. Algunas voces opinan sencillamente que no es necesario incidir en esta materia. "Si estuviéramos tan bien como dicen, el año pasado no habríamos perdido a Samuel", replica el docente. 

Entre el alumnado, también hay tierra por labrar. "Lamentablemente, la mayoría lo recibe con desgana: a mí esto no me importa, no me toca, no me incumbe", describe y asegura haberse encontrado con muchos escollos durante sus años de docente. "En una clase de treinta, igual diez lo ven fatal, ponen malas caras o no les gusta que se hable de esto", reseña. Una de esas muecas se tradujo una vez en una frase lapidaria que atizaría al profesor: "A mí esta gente me da asco". Al final, reflexiona Saldaña, los educadores tienen la tarea de formar a los más jóvenes, "pero la base viene de casa". Si el alumnado llega "sin valores ni respeto, desde ahí no se puede construir". En el extremo opuesto, afortunadamente, hay buenas noticias: "La suerte es que otros muchos sí se implican, sin ellos no podría haber hecho este proyecto ni ningún otro", celebra el profesor. Es gracias a esas manos dispuestas a sumar que el docente no pierde la esperanza.