El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley trans y de garantía de los derechos LGTBI que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito a partir de los 16 años, ha informado Europa Press. La entrada en vigor de este texto supone la despatologización del colectivo, ya que elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento: un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.
Con este nuevo texto, bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada tres meses después y existe un plazo de un mes para su resolución. Es decir, durará unos cuatro meses.
Por su parte, los de entre 14 a 16 años, podrán modificar su nombre y sexo en el Registro Civil pero deberán estar acompañados por sus padres. Y, en el caso de que un menor no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
De 12 a 14 años también se puede modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
Aunque los artículos específicos sobre las personas trans son los que han centrado el debate del texto, esta ley también incluye otras medidas como el acceso a la reproducción asistida de las personas LGTBI, la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas, medidas de formación en diversidad para asistentes de personas mayores o medidas en relación a la educación y contra la discriminación del colectivo (laboral, social, ocio). Esta norma también reconoce el sexilio, que es el abandono de un pueblo o ciudad por parte de una persona del colectivo debido a la discriminación o LGTBIfobia que sufre en su entorno en dicho lugar.
Discrepancias entre los socios del Gobierno
Este texto impulsado por el Gobierno, ha sido aprobado, finalmente, con un acuerdo entre los dos socios, a pesar de que durante su tramitación a evidenciado las diferencias existentes en este tema.
Durante la primera fase de tramitación en el Congreso, los socialistas presentaron enmiendas al texto para endurecer la autodeterminación de género de los menores y también el proceso de reversión de una persona que se hubiera cambiado el nombre y el sexo en el Registro Civil. Estas propuestas fueron rechazadas por la mayoría de la Cámara en el debate en la Comisión de Igualdad y el PSOE decidió retirarlas y no llevarlas a debate al Pleno del Congreso, ni presentarlas de nuevo en el Senado.
Una de las voces más críticas con la ley ha sido la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto de su partido en todas las votaciones sobre esta ley que se han producido en el Congreso. En lugar de apoyar el texto se ha abstenido. Además, una senadora socialista, Susanna Moll, también ha roto la disciplina de voto, rechazando la Ley en la Cámara alta.
Precisamente, el trámite que se ha producido este jueves en el Congreso se debe a que la norma ha sufrido dos modificaciones a su paso por el Senado. Se han realizado dos correcciones técnicas para modificar el término "procedimientos" por "procesos" y eliminar una mención a la "violencia intragénero" que permanecía en uno de sus artículos, cuando en el resto de la ley se había eliminado tras el primer trámite en el Congreso.
El apoyo mayoritario a estos cambios ha supuesto la aprobación definitiva de la norma que ha sido celebrada en el hemiciclo con los aplausos de los partidos que la han apoyado dirigidos a los representantes de organizaciones LGTBI que han presenciado el debate desde la tribuna. Algunos de ellos han desplegado banderas trans.
Bulos y transfobia en el debate social
Durante su intervención en el Pleno, Montero ha lamentado que esta norma llegue tras "un debate social cargado de bulos, transfobia y LGTBIfobia" que, a su juicio, "no tendría que haber sido así". "Creo que es importante pediros perdón desde esta Cámara porque no hemos sido capaces de evitar que esos discursos de odio se abriesen paso", ha declarado.
Montero ha señalado que en una tramitación como esta se "puede discrepar" sobre el texto y defender que se cree que "las personas trans son enfermas" pero, a su juicio, no se puede decir que existe "un aumento alarmante de la homosexualidad" como, según ha apuntado, lo han hecho "la derecha y la extrema derecha". Y, al respecto, ha preguntado a estos partidos "cuál es el porcentaje normal de la homosexualidad". "Eso es la LGTBIfobia", ha apuntado.
También les ha acusado de "mentir" al decir que esta ley obliga a los menores a hormonarse porque, según ha explicado, este texto "desvincula el reconocimiento de la identidad de las personas trans con la obligación de hormonarse, que era lo que se les exigía ahora".
PP: "No ha aprendido nada del sólo sí es sí"
La representante de los conservadores, Pilar Moro, reprochando a la ministra que no haya aprendido nada de lo ocurrido con la ley del solo sí es sí y la ha acusado de "experimentar con las personas", además de pedir su dimisión. "Es una ley equivocada y dañina", ha concluido.
Desde Vox, María de la Cabeza Ruiz, ha asegurado que mientras su partido tenga representación en el Congreso, "seguirán teniendo la valentía para plantar cara a los delirios" de Montero. Y es que, según ha indicado, Vox no apoya esta ley porque, a su juicio, reclama unos derechos que el colectivo LGTBI ya tiene y consideran que el Gobierno está "engañando" a las personas trans "haciéndoles creer que todo lo que quieren y lo que desean tienen derecho a tenerlo".
Frente a estas intervenciones, los socios de Gobierno han defendido el texto, aunque el PSOE se ha centrado en medidas que, según ha explicado la portavoz socialista en el debate, Raquel Pedraja, son logros de la lucha del PSOE y no ha hablado de la autodeterminación de las personas trans. Mientras, la diputada de Unidas Podemos Mar García Puig, ha puesto en valor la figura de Irene Montero. "Nos ha enseñado a muchas el valor de mantenerse firme", ha apuntado.
En esta misma línea se ha expresado el representante de PDeCAT, Sergi Miquel, quien ha asegurado que la ministra de Igualdad pasará a engrosar la lista de mujeres "que han hecho historia". Su homóloga de EH Bildu, Bel Pozueta, por su parte, ha lamentado que la tramitación del texto haya estado "sumergida en el ruido que la extrema derecha y la derecha extrema" han provocado con "sus discursos inflamados y distorsionados de la realidad".
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Mientras, el representante de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que existe una ley trans desde hace 7 años en la Comunidad Valenciana, que "no ha borrado nada" y que ha demostrado, a su juicio, que las críticas al texto "eran transfobia" y desde el PNV han advertido de que la puesta en marcha de esta norma "va a dotar de derechos a gente que no los tenía" y que eso "no resta derechos" a nadie.
Para la representante de ERC, María Carvalho, desde este jueves "España es hoy mejor país", aunque ha echado en falta en esta ley el reconocimiento de la autodeterminación para todos los menores, la inclusión de las personas no binarias o de las personas trans migrantes.
También la representante de Junts, Pilar Calvo, ha lamentado que no se incluya a todos los menores en esta ley y ha destacado la labor de las madres que han luchado por ello en este trámite. Y la portavoz de Ciudadanos en este tema, Sara Giménez, ha celebrado la aprobación de esta norma, aunque ha señalado que el texto podría ser más ambicioso.
El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley trans y de garantía de los derechos LGTBI que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito a partir de los 16 años, ha informado Europa Press. La entrada en vigor de este texto supone la despatologización del colectivo, ya que elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento: un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.