Diez años de ley trans en Euskadi: "Que las personas tengan derechos no debería ser un problema para nadie"

Bea Sever no recuerda grandes titulares. Tampoco Ander de Lasa. Ninguno fue testigo de un debate especialmente memorable cuando la ley trans vasca salió adelante, hace ahora diez años. Es la ley autonómica de estas características más antigua en vigor –la ley navarra fue aprobada tres años antes, pero posteriormente derogada debido al impulso de una nueva legislación–. Se trata de la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Aitzole Araneta, en cambio, sí recuerda el proceso de confección de la norma: ella misma formó parte. En medio de un tenso debate en torno a la ley estatal, aprobada el jueves 22 de diciembre en el Congreso, diversas voces analizan el impacto de la norma autonómica que cumple una década abriendo camino.

Cuando Araneta dio el paso de visibilizarse como mujer trans, allá por el año 2006, todavía no existía en la legislación ni rastro de los derechos que asisten a las personas trans. Mucho menos en lo que respecta a la infancia. "Parecía que la transexualidad nacía de pronto a los 18 años", dice la hoy portavoz del grupo Elkarrekin en el Ayuntamiento de Donosti. No había ni ley estatal, ni ley autonómica, ni normativa alguna que sirviera de guía. Ni apenas nociones de lo que suponía pertenecer al colectivo. "A mí se me indicaba que tenía que iniciar sí o sí un periplo médico", expone al otro lado del teléfono. A pesar de las dudas, la activista decide someterse a un proceso que hoy solo puede calificar de patologizante. Era el peaje a pagar: "Yo solo quería que la gente me viera como siempre había sido". 

Por aquel entonces no había ninguna unidad especializada, así que el camino lo inicia de la mano de la atención primaria. "El psiquiatra me decía que si quería ser una mujer, tenía que comportarme como una mujer. Se entrometía en mi vida personal, me preguntaba por mi orientación sexual, me decía a ver si era muy promiscua, si quería ganar mucho dinero con mis genitales, sugiriendo la vía de la prostitución", rememora. También había que descartar enfermedades psíquicas, así que no era extraño enfrentar preguntas que hoy, reflexiona la activista, serían más que cuestionadas. "Me preguntaban si escuchaba una voz de mujer en mi cabeza, si me decía que tenía que prenderle fuego a mi casa o matar a mi padre", comparte.

En 2007 se aprueba la primera ley estatal, que a pesar de reconocer a las personas trans y permitir el cambio documental, establece "la necesidad de contar con un diagnóstico en clave psiquiátrica y la obligación de llevar adelante un proceso médico de al menos dos años". Además, lamenta la activista, la norma deja fuera a menores y extranjeros. Suponía un paso adelante, pero quedaban muchos peldaños por escalar.

Y en 2012 se aprueba la ley integral de transexualidad de Euskadi. Araneta, que participó en los trabajos previos, subraya que la norma trajo consigo "una serie de beneficios, sobre todo en lo que tenía que ver con el reconocimiento y la atención" a las personas trans. Por un lado, planteaba la posibilidad de acceder a documentación transitoria, pero además permitía figurar con el nombre de la persona trans en las listas educativas, se reconocía una unidad especializada y el acceso a servicios de salud. Pero Araneta también reconoce ausencias, como la de la infancia trans, una vez más, o "el barniz de seguir contemplando la transexualidad como una enfermedad". Por este y otros motivos está en camino una nueva modificación de la ley a la que, por el momento, no parece haber despertado la oposición del grueso de las fuerzas políticas vascas. 

Soporte de derechos

"Yo ni siquiera sabía que la transexualidad existía", admite Bea Sever volviendo a aquel 2012 en que salió adelante la ley. Hoy, la sexóloga asesora y acompaña a familias de infancias trans a través de la asociación vasca y navarra Naizen. Ahí mismo llegó Ander de Lasa de la mano de su hijo. Sin conocimiento, él tampoco, de que en suelo vasco existía una legislación pionera.

"La ley es la base para otras herramientas prácticas necesarias para el día a día", expone Sever. La experta pone en valor la existencia de un protocolo escolar que "protege a niñas y niños" y permite el cambio de nombre cuando es necesario. "En el ámbito sanitario, permite el acceso a un tratamiento médico en la pubertad, si tienen la edad y la necesidad", recalca. 

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Ander de Lasa es padre de un pequeño más joven que la ley. Su hijo de nueve años se reconoció como chico trans hace algo más de dos, en plena pandemia. El hecho de que "haya protocolos en educación" sirve para que "esta realidad se pueda integrar en aquellos lugares, los centros escolares, donde el desconocimiento es grande", resalta el padre. Porque "siendo realistas", cuando un menor tras verbaliza sus necesidades, la primera reacción "es de incertidumbre". Entonces, el profesorado "se da cuenta de que no hay que hacer nada más que atender sus necesidades, escuchar lo que precisan y acompañarles". Ahí, insiste, los protocolos marcan la hoja de ruta y dan "seguridad a los padres".

La ley también impulsó la puesta en marcha en 2016 de la llamada documentación transitoria, que permite a las personas trans ser tratadas según su identidad de género hasta el momento de la rectificación registral regulada por la legislación estatal. Un total de 331 personas transexuales residentes en Euskadi han solicitado desde entonces la documentación que facilita el Gobierno Vasco, según los datos oficiales. Más de la mitad (180) eran menores en el momento de la solicitud. "Tienes un documento con el sexo y nombre que corresponde" y que no solo es clave a nivel emocional, sino que es igualmente útil en ámbitos como el sanitario o deportivo, ejemplifica De Lasa. "A esta documentación se accede con un simple trámite administrativo, sin mayor complicación", explica y lo liga a la nueva legislación aprobada en el Congreso para el cambio en el Registro Civil: "Dicen que esto va a ser el fin del mundo y ya ves, aquí nunca ha pasado nada". 

Aquella ley que pasó desapercibida, se erige una década después como el soporte de derechos básicos. Y hoy, más que nunca, quienes reivindican su valor entienden también que hay que mejorarla y cuidarla para no perderla. Las tres voces consultadas temen los efectos de un debate que se ha enquistado a nivel estatal: "Se ha reabierto algo que ya estaba cerrado y han aparecido fuerzas que intentan empujar hacia atrás", lamenta Araneta. Sever coincide en que el "ruido" alrededor de la ley estatal "está perjudicando muchísimo" y recuerda que "a nadie debería suponerle un problema que las personas tengan derechos humanos". Ander de Lasa toca madera. Por el momento, reflexiona, no parece que la tormenta esté calando en territorio vasco: "Parece que vivimos en una isla donde no nos afecta mucho nada de esto". Para estas navidades, pide un deseo: que los únicos pasos que se den sean hacia adelante.