Hace no tanto tiempo, los medios de comunicación se hacían eco de algo insólito: la llegada de la primera persona trans a un registro civil para cambiar su nombre y mención registral del sexo sin haber tenido que pasar previamente ni por un quirófano ni por un tribunal. Era abril de 2007 y el motivo de los titulares era la norma que acababa de entrar en vigor: la Ley de Identidad de Género, pionera fuera de nuestras fronteras y apoyada por todo el arco parlamentario, con el único rechazo del Partido Popular. En Madrid, aquella primera persona que se acercaba a las puertas del registro tenía ya un nombre de sobra conocido: Carla Antonelli. Hasta ese momento, las personas trans sólo podían acceder al cambio registral tras haber superado una operación quirúrgica y sólo si su decisión estaba avalada por el dictado de los jueces. Se había dado un paso histórico. Más de tres lustros después y con significativos avances de por medio, la amenaza de Alberto Núñez Feijóo a la legislación que consagra la libre determinación del género sume a todo el colectivo en la incertidumbre y enciende la rabia de sus miembros. "O es un mentiroso compulsivo o es un analfabeto legislativo", dice hoy la propia Antonelli.
El presidente del Partido Popular afirmó recientemente que la intención de su equipo es "regular los derechos del colectivo trans", pero no a través de la actual ley. Entre los argumentos de repudia, aseguró que "es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad o que sacarse el carnet de conducir", sencillamente yendo "al Registro a plantearlo, decir que a partir de mañana soy una señora o un señor". También se ha empeñado en cargar contra los tratamientos hormonales y las operaciones quirúrgicas en menores, a pesar de que la norma estatal nada dice al respecto, salvo para eliminar la obligación de pasar por dos años de hormonación como requisito para acceder al cambio registral.
Activistas y expertas advierten de que la derogación no será tarea sencilla para el líder de los conservadores, en caso de salir elegido presidene del Gobierno tras la cita con las urnas el próximo 23J, y entienden que el anuncio responde más a cálculos electoralistas que a un compromiso político real. Por el momento, el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso presentado por más de cincuenta diputados del PP contra la ley. "Por coherencia deberían esperar a que se pronunciara el Tribunal Constitucional", expone la abogada Charo Alises, quien rememora los pasos tras la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, hace casi dos décadas. "El PP recurrió y cuando llegó al poder [Mariano] Rajoy no la derogó, eran sencillamente promesas electoralistas". En 2012, el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de la unión entre personas del mismo sexo.
En cualquier caso, la letrada estima que si los conservadores insisten en la derogación, deberán "fundamentarlo jurídicamente, porque no es nada fácil derogar las leyes". Una derogación completa de la ley, sin plantear un texto alternativo, es el escenario más improbable. "Es viable, pero no se suele hacer. Sería un movimiento extraño", analiza Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional. Las trabas tienen que ver, fundamentalmente, con el escenario que emergería tras esa decisión. A priori, no se recuperaría la ley anterior, aprobada en 2007, dado que la actual ley trans la dejó sin efecto y la derogación de una norma no hace que recobren vigencia las que ella ha derogado o modificado. Estaríamos por tanto en un terreno marcado por la inseguridad jurídica y en el peor de los casos "podríamos retroceder hasta 2006", advierte Alises.
Pero lo cierto es que el líder de los conservadores se ha cuidado en matizar que sí quiere una regulación de los derechos de las personas trans, lo que sugiere que la intención de su partido es la de modificar o eliminar algunos preceptos de la norma. Lo que parece más probable es que los conservadores se inclinen por "cambiar los puntos más polémicos" y atacar al corazón de la norma, lo que de facto supondría su derogación, explica Urias. Algo similar a lo que ya ha empezado a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la ley autonómica.
Es precisamente la columna vertebral de la ley, el articulado relativo al cambio registral, uno de los que ya ha recurrido el PP ante el Constitucional. Concretamente, pone en duda la constitucionalidad del artículo 43.1 y 2, según los cuales "toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo", mientras que "las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales". En relación a ello, el partido recurre un apartado clave del procedimiento para la rectificación registral: aquel que lo desliga de la existencia de un informe médico o psicológico. También impugna la reversibilidad de la rectificación, según la cual después de seis meses la persona interesada puede recuperar la mención registral previa.
Pero no son las únicas disposiciones que cuestiona la formación. El PP también recurre la prohibición de las prácticas de modificación genital en personas menores de doce años y parte del articulado sancionador que contempla la ley. Por ejemplo, rechaza considerar una infracción administrativa muy grave "la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales".
"Intereses electorales"
Las voces consultadas advierten de los riesgos de que la ley quede en manos de los conservadores. "Si Feijóo llevara a cabo esta amenaza, dejarían de estar prohibidas las terapias de conversión, tendríamos que volver a pasar por un psiquiatra para conseguir documentación y las parejas de mujeres lesbianas no podrían filiar a sus propios hijos", enumera Antonelli.
Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas, pone el acento en los menores. El propio Tribunal Constitucional ya se pronunció hace cuatro años, reconociendo el derecho de los menores al cambio registral siempre que exista una situación "estable de transexualidad" y se cuente con la "suficiente madurez". Fue en base a esa sentencia que el colectivo al que representa Aventín ha ido ganando derechos. "En el último año hemos conseguido cinco autos favorables de personas trans menores de diez años para cambiar su mención registral", a pesar de que la actual ley es mucho más inflexible con los menores de esas edades. Si la norma se modifica, declara la activista, el único camino que concibe es seguir consiguiendo derechos de manera colectiva y a base del trabajo diario. "Con que uno lo consiga, ya es posible", subraya.
Feijóo desprecia la existencia del Ministerio de Igualdad en un país con 1.205 crímenes machistas
En cualquier caso, no confía en que el líder de los conservadores sea quien de llevar a término sus amenazas. "Están utilizando este tema como un arma política arrojadiza, es indecente porque se están pasando los límites de la ética y el respeto", lanza. A su juicio, la estrategia pasa por "hacer declaraciones muy agresivas, vacías de contenido, con intereses electorales".
Coincide Antonelli, quien repara además en lo que considera el uso de bulos en torno a la ley para cargar contra su contenido. "Feijóo no se ha leído la ley. O es un mentiroso compulsivo o es un analfabeto legislativo", afirma en conversación con este diario. "En todas sus intervenciones está diciendo cosas que ni siquiera de lejos plantea la ley", por lo que "miente de una forma absolutamente descarada".
La activista histórica y ahora senadora por Más Madrid, sostiene que "la experiencia nos dice que luego", cuando los conservadores arañan poder, "son muy cobardes". También la experiencia dicta que "son los primeros en amenazar con derogar leyes y los primeros en utilizarlas", asiente.
Hace no tanto tiempo, los medios de comunicación se hacían eco de algo insólito: la llegada de la primera persona trans a un registro civil para cambiar su nombre y mención registral del sexo sin haber tenido que pasar previamente ni por un quirófano ni por un tribunal. Era abril de 2007 y el motivo de los titulares era la norma que acababa de entrar en vigor: la Ley de Identidad de Género, pionera fuera de nuestras fronteras y apoyada por todo el arco parlamentario, con el único rechazo del Partido Popular. En Madrid, aquella primera persona que se acercaba a las puertas del registro tenía ya un nombre de sobra conocido: Carla Antonelli. Hasta ese momento, las personas trans sólo podían acceder al cambio registral tras haber superado una operación quirúrgica y sólo si su decisión estaba avalada por el dictado de los jueces. Se había dado un paso histórico. Más de tres lustros después y con significativos avances de por medio, la amenaza de Alberto Núñez Feijóo a la legislación que consagra la libre determinación del género sume a todo el colectivo en la incertidumbre y enciende la rabia de sus miembros. "O es un mentiroso compulsivo o es un analfabeto legislativo", dice hoy la propia Antonelli.