Cuatro medidas que no superaron la negociación de la Ley del Aborto y que buscan otra oportunidad

La reforma de la Ley del aborto ha pasado su primera gran prueba de fuego. El pasado martes aterrizó en el Consejo de Ministros, tras meses de negociación que culminaron la semana pasada y que introdujeron en el texto avances de peso, pero también algún tachón respecto a borradores anteriores. Varias de las propuestas inicialmente planteadas por el Ministerio de Igualdad se han perdido en el proceso de negociación. Algunas aspiran a ser recuperadas por el socio minoritario durante el trámite parlamentario, otras ya han sido comprometidas por otros ministerios del PSOE a través de vías alternativas a la nueva legislación. Repasamos las ausencias de la ley del aborto.

La bajada del IVA de los productos menstruales tendrá que esperar

Cada mes, los tampones y las compresas tienen el honor de ser los productos con los precios más elevados de la cesta de la compra de cientos de miles de mujeres. Muy lejos, el pan, la leche o los medicamentos, considerados de primera necesidad. El Gobierno se había comprometido a cambiar este extremo: "Reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina", decían los socios en su acuerdo de coalición. La primera vía que se presentó para hacerlo fue la presupuestaria, pero el compromiso cayó en el olvido.

Segunda oportunidad: la reforma de la Ley del Aborto de 2010. El Ministerio de Igualdad tenía la ambición no ya de eliminar el gravamen de estos productos, sino al menos de reducirlo. A día de hoy, solo en Irlanda ha optado por la supresión de este impuesto, pero otros países de nuestro entorno, como Portugal, Francia y Alemania, tienen un tipo reducido para estos productos. La negociación entre los socios de Gobierno trató de encontrar encaje para este propósito en la reforma, pero el Ministerio de Hacienda finalmente cerró la puerta a hacerlo. La titular de la cartera, María Jesús Montero, alegó que la nueva ley no era el lugar idóneo para plantear una rebaja fiscal, aunque sí se mostró esta semana abierta a negociar la rebaja en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La asociación Period España define la pobreza menstrual como la carencia de los "recursos económicos necesarios para poder hacer frente a los gastos derivados de menstruar", un fenómeno específico que proviene, como es obvio, de la pobreza económica. "En España, dos de cada diez mujeres han sufrido pobreza menstrual", señala la organización, ya que un "21% de las mujeres viven en condiciones de pobreza y en estos momentos tenemos a tres millones de mujeres en edad fértil y menstruando". Maneja cifras similares un estudio promovido por el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Idiap Jordi Gol, según el cual un 22% de las mujeres encuestadas han visto limitada su posibilidad de acceder a productos menstruales en algún momento de su vida, por razones económicas. Hasta un 40% no ha podido costearse en algún momento un producto de su elección.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, al cabo de toda su vida fértil, una mujer puede llegar a gastar más de 2.000 euros en tampones, compresas o copas menstruales, entre otros bienes. Pero la bajada del IVA tendrá que esperar.

Sin persecución de quienes acceden a la gestación subrogada en el extranjero

Vientres de alquiler, en oferta. Lo anunciaba la empresa BioTexCom durante el pasado Black Friday: descuentos en gestación subrogada que ascendían hasta los dos mil euros. La agencia Gestlife no jaleó ninguna promoción en su web cuando estalló la guerra en Ucrania, pero sí utilizó el conflicto como gancho: "Nunca es un buen momento para empezar un proceso de gestación subrogada. Siempre sucede algo: la guerra civil, el derribo de un avión de una línea aérea civil por los rusos, siete cambios legislativos para complicar la gestación subrogada, el SARS20, gripe aviar, la pandemia que iba a durar quince días, la crisis económica, ahora una guerra".

La nueva Ley del Aborto prevé perseguir a las agencias que, valiéndose de técnicas de dudosa validez jurídica, median entre las personas interesadas en acceder a esta práctica, ilegal en suelo español, y los países que sí la permiten. 

Pero Igualdad quería ir más allá y planteaba la persecución penal de las personas que accedan en el extranjero a esta práctica. La medida, sin embargo, se quedó fuera. Actualmente, el artículo 221 del Código Penal ya permite castigar a los que, "mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación". Igualdad proponía cambiar la jurisdicción de este precepto para poder perseguir también a quien incurriera en este delito fuera de nuestras fronteras. El Ministerio de Justicia se opuso a la propuesta.

La magistrada Helena Gil aplaude la prohibición de publicidad de las agencias de intermediación, una medida que evitará las polémicas ferias de vientres de alquiler, si bien el veto se complicará cuando se trate de la difusión online, mucho más difícil de controlar. Helena Gil aspiraba a ver reflejada en la ley la persecución judicial de las parejas que acceden a esta práctica en otros países, aunque admite que sería necesario pulir bien la propuesta.

Lo explica: la filiación materna, en suelo español, solo se reconoce a las mujeres vía parto, mientras que los hombres la tienen si comparten material genético con el bebé, algo habitual en la gestación por sustitución. Así que los varones tienen mucho más fácil acceder a la filiación de un bebé nacido por gestación subrogada. Una eventual persecución penal, por tanto, podría tener un sesgo de género: el de poner el foco en las mujeres, pues los hombres quedarían blindados al tener reconocida la filiación. "Podría producirse una discriminación contra las mujeres", razona la jurista.

Gil propone soluciones a explorar. "Lo que podría hacerse con los hombres es establecer que no se reconocerá la filiación paterna derivada de un contrato de vientre de alquiler". Con esos requisitos previos, estima la jueza, "nadie va a querer acceder" a la práctica.

Violencia en el ámbito reproductivo, pero no violencia obstétrica

La nueva ley dedica un capítulo a las medidas de prevención y respuesta a formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, pero no menciona explícitamente la violencia obstétrica. "No era una definición con la que se sintieran cómodos el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Justicia", señalan fuentes de Igualdad. "No renunciamos a intentar convencerles de que es útil incorporar este concepto en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que habla de violencias que están sufriendo las mujeres en nuestro país", sostienen las mismas voces. Algunas leyes autonómicas contra la violencia machista, como la catalana, ya contemplan esta forma de maltrato, por la que Naciones Unidas ha condenado a España.

Pese a ello, el cuerpo de la norma "recoge las principales líneas de políticas públicas que recomiendan" los organismos internacionales en esta materia. La ley busca prevenir esta forma de violencia mediante el fomento de "buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y postparto".

Eva Margarita García, investigadora y autora del libro Partos arrebatados: La violencia obstétrica y el mercado de la sumisión femenina (Ménades, 2021), recuerda que el propio concepto de violencia obstétrica está más que asentado fuera de nuestras fronteras. "Así lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), no nos lo hemos inventado cuatro locas", dice al otro lado del teléfono.

Según un informe de las Naciones Unidas, publicado en 2019, la violencia obstétrica no solo no es residual, sino que es un "fenómeno generalizado y sistemático" que incluye, entre un amplio abanico de prácticas lesivas, procedimientos médicos coercitivos no consentidos, graves violaciones a la intimidad, el abandono de las mujeres durante el parto, la humillación y la agresión verbal, tal y como enumera la OMS. Los organismos internacionales han constatado en España el altísimo número de episiotomías, la realización sistemática de cesáreas e incluso la presión manual del abdomen durante el parto, conocido como maniobra Kristeller.

A García la reforma de la Ley del Aborto, en lo que respecta a violencia obstétrica, se le queda corta. "Supone respetar lo que ya teníamos en la Ley de Autonomía del Paciente, no hay ninguna novedad", señala. A su juicio, la principal resistencia a la hora de legislar sobre violencia obstétrica anida en el sector sanitario. "Es muy duro reconocer que se está ejerciendo violencia, pero hay que entender que es una forma de violencia institucional, no parte de conductas individuales: los médicos reproducen lo que han aprendido", abunda la investigadora. 

Para García no debería ser complejo avanzar en la materia, ya que existen precedentes a nivel internacional que marcan el camino, aunque es cierto que la mayoría de legislaciones abordan el problema desde sus leyes contra la violencia de género. Es el caso de Venezuela, la primera en hacerlo en el año 2007 y desde una perspectiva "completamente progresista". La mayoría de los países así lo han hecho, especialmente en Latinoamérica, pero en el caso de España "está claro que no querían modificar la Ley contra la violencia de género", sostiene la escritora. Aspira a que el trámite parlamentario mejore la redacción final de la norma, pero insiste en que "las leyes y la sanción siempre tienen que ser el último recurso: hay que prevenir y educar".

Permiso preparto… pero desde la semana 39

Aunque el foco mediático se ha situado indiscutiblemente en la baja menstrual, la ley incorpora otras dos: una incapacidad temporal por interrupción voluntaria del embarazo y otra preparto. Es en esta última donde los morados quieren introducir mejoras. Su propuesta original era la de ponerla en marcha a partir de la 36 semana de gestación, pero finalmente las mujeres solo podrán acceder a ella desde la semana 39. La baja no requerirá de una cotización previa, aunque no estará financiadas al completo por el Estado, sino que seguirá el mismo esquema que una incapacidad temporal por enfermedad común. Tampoco afectará al posterior permiso de maternidad –en la actualidad, muchas madres utilizan parte del permiso por nacimiento con anterioridad al parto–.

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María José Burgos, portavoz de la Asociación Petra Maternidades Feministas, celebra que se haya incluido finalmente una de las propuestas abanderadas por la asociación, aunque coincide en que el mínimo exigible debía haber apuntado a la semana 36. "Lo pedíamos así como mínimo, pero habría sido positivo que se fijara incluso antes", señala Burgos, quien recuerda que para la semana 39 "muchas ya han parido" o han pedido otras bajas como la incapacidad por riesgo durante el embarazo, esta particularmente compleja por los "estrictos requisitos" que exige.

Reclamar un permiso preparto desde la semana 36 tiene una razón de ser. "Es el último tramo del embarazo, hay que prepararse para el parto y las mujeres tienen que descansar. Es una cuestión de salud", señala Burgos. ¿Qué legislación conocemos al respecto? Alemania cuenta con un permiso preparto de seis semanas, es decir, desde la semana 34 de gestación aproximadamente, y Dinamarca cuenta con cuatro semanas, desde la semana 36 como se planteaba originalmente el Ministerio de Igualdad. Son algunos de los ejemplos que existen a nivel internacional.

Petra también reclamaba que fuese un permiso universal, es decir, que estuviera exento de un mínimo de días cotizados. Celebran que haya sido así, aunque creen que también habría sido beneficioso para las madres haber asumido el coste del permiso desde el primer día por parte de la Seguridad Social. Pero sobre todo, recalca la activista, la creación de un permiso preparto demuestra que el Gobierno "ha empezado a entender que hay que hacer pedagogía, que los cuerpos de las mujeres y los hombres son diferentes, y que los procesos asociados a la maternidad requieren protección".