El Gobierno trabaja para incorporar las terapias de conversión al Código Penal
Los Ministerios de Igualdad y Justicia trabajan de forma conjunta para incorporar como delito las terapias de conversión en el Código Penal, ha destacado la titular de Igualdad, Ana Redondo. "Estamos avanzando conjuntamente con el Ministerio de Justicia para ver la posibilidad de incorporar al Código Penal estas actitudes que desde luego van contra la dignidad y la libre autodetermnación de las personas", ha señalado este viernes en un videocomunicado recogido por EFE.
Redondo ha mostrado su preocupación por "las mal llamadas terapias de conversión" y ha afirmado que "pronto" espera tener "buenas noticias para todas las personas que las están sufriendo".
Además del trabajo para modificar el Código Penal, Redondo ha dicho que Igualdad también está "avanzando" con el expediente sancionador que ha abierto tras la denuncia la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas. "Tenemos una documentación muy extensa, está estudiándose la documentación porque el artículo 17 de la ley de derechos de las personas trans y LGTBI nos capacita para iniciar este expediente e incluso sancionar económicamente a quienes realicen estas terapias", ha detallado.
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Las terapias de conversión de la orientación o la identidad sexual están prohibidas por ley y son prácticas que deben ser objeto de sanción. En concreto, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+ establece que las terapias de conversión entran en la categoría de "sanción administrativa muy grave", cuyas multas van de 10.001 a 150.000 euros.
"La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales", indica la ley.
Es la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ la competente para incoar este expediente, ya que los hechos han tenido lugar en varias comunidades autónomas. Las diócesis denunciadas son Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara, así como los sacerdotes de alguna de las parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas durante 2023.
