El Ministerio de Igualdad quiere que las comunidades autónomas garanticen, de forma efectiva, el derecho al aborto en la sanidad pública. En definitiva, que cumplan la nueva ley aprobada el pasado mes de febrero, hace cinco meses. Para ello, la ministra Irene Montero ha enviado una carta a todos los Gobiernos regionales en la que les insta a que respeten todas las medidas recogidas en la nueva normativa, que garantiza entre otros aspectos que en los hospitales debe haber médicos y médicas no objetores y un registro de los que sí lo son. "La Ley cuenta con diversas herramientas que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de aplicar para garantizar todos los derechos de todas las mujeres", explican fuentes de Igualdad a infoLibre.
El pasado 16 de febrero, fue la propia Montero la que, tras celebrar la luz verde de la Cámara Baja a su nueva normativa, alertaba de que habría "resistencias a la aplicación" de la norma, que devolvió el derecho al aborto a las menores de 16 y 17 años sin necesidad de contar con permiso paterno, eliminó los 3 días de reflexión, garantizó que se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y blindó el abortó frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León. "El Estado manda un mensaje contundente a las mujeres: que creemos y respetamos sus decisiones", defendió la ministra en el Congreso.
Hasta ahora, los datos evidencian que el derecho —ahora también avalado por el Tribunal Constitucional, que este mes de mayo rechazó el recurso interpuesto por el PP y blindó por completo la Ley de 2010— no estaba siendo respetado con todas las garantías en la sanidad pública.
El Constitucional blinda el derecho al aborto mientras las comunidades ponen trabas a las mujeres
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2021, el 84,33% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en centros privados. El llamativo porcentaje no es el peor de la serie histórica: en 2010 ascendía al 98,16%. En un total de cinco comunidades, los únicos centros que notificaron interrupciones fueron de titularidad privada. Son Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Tal y como publicó en su día el diario Newtral, entre los años 2010 y 2020 hasta once provincias no practicaron ni un solo aborto: Huesca, Teruel (Aragón), Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora (Castilla y León), Cuenca, Guadalajara, Toledo (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura). Sin embargo, los datos oficiales revelan que en estas provincias sí constan mujeres que han solicitado abortar, lo que significa que para hacerlo han tenido que desplazarse a otros territorios, con el coste que conlleva.
Para acabar con esta situación, Igualdad recuerda que la nueva Ley establece la creación de registros de objetores en cada comunidad, por lo que Montero también insta a que las comunidades garanticen que en todos los hospitales públicos haya médicos y médicas no objetores, incluso si para ello son necesarias nuevas contrataciones.
El Ministerio de Igualdad quiere que las comunidades autónomas garanticen, de forma efectiva, el derecho al aborto en la sanidad pública. En definitiva, que cumplan la nueva ley aprobada el pasado mes de febrero, hace cinco meses. Para ello, la ministra Irene Montero ha enviado una carta a todos los Gobiernos regionales en la que les insta a que respeten todas las medidas recogidas en la nueva normativa, que garantiza entre otros aspectos que en los hospitales debe haber médicos y médicas no objetores y un registro de los que sí lo son. "La Ley cuenta con diversas herramientas que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de aplicar para garantizar todos los derechos de todas las mujeres", explican fuentes de Igualdad a infoLibre.