Es una noción básica para todos los expertos en violencia de género: la denuncia salva vidas, pero no llega a todas las víctimas. El problema se ensancha cuando ni siquiera la denuncia es capaz de proteger a los más vulnerables. Aunque, en el cómputo global, la mayoría de los menores que perdieron la vida a manos de sus padres maltratadores no contaba con denuncia previa, el año pasado se cerró con la tendencia inversa: más de la mitad de los menores asesinados sí debían haber estado protegidos. Porque sí había denuncias previas, la voz de alerta sí llegó a las instituciones y los mecanismos de protección sí debieron ponerse en marcha. Pero algo falló.
En esos fallos ha puesto la mirada la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, quien la mañana de este jueves ha pedido una reflexión respecto a las herramientas acordadas por la justicia. "Las medidas podían ser suficientes o no para las mujeres, pero son claramente insuficientes respecto de las personas menores de edad". Rosell se refiere al balance del año recién clausurado: en 2021 fueron asesinados siete menores a manos de sus padres maltratadores. La denuncia previa estaba presente en cuatro de los casos (57,1%).
El año 2021 alerta de que pese a haber denunciado, la mayoría de los menores no fueron protegidos, pero una mirada más global evidencia que lo habitual es que la denuncia sea prácticamente residual. Desde 2013 –ejercicio en el que se inició el recuento– un total de 46 menores han sido asesinados en un contexto de violencia de género y en sólo doce existía denuncia. Es decir, sólo se dio la voz de alarma en el 26,08% de los casos.
"Tradicionalmente tanto las órdenes de protección y las medidas, penales o civiles, se han centrado más en las víctimas inmediatas, las directas, que en los menores de edad que dependen de ella, que según la ley son también víctimas directas, sufren en primera persona la violencia de género que se ofrece contra sus madres", ha abundado Rosell.
Siete asesinatos, solo superado en 2017
En tres de los cuatro casos en los que existía una denuncia, se solicitaron además medidas de protección: en dos la petición no prosperó. La administración decidió no conceder esas medidas a dos de las mujeres cuyos hijos terminaron perdiendo la vida a manos del agresor. En uno de los casos, sí se desplegó un instrumento de protección y además estaba vigente, pero algo falló.
En la totalidad de los siete asesinatos en el marco de la violencia vicaria, el agresor era el padre biológico. Además, en el 71,4% el asesino se suicidó después y en poco menos de la mitad, el 42,8% de los casos, la madre también fue asesinada a manos del maltratador. Sólo en 2017 se registraron datos tan altos como los del año pasado, con un total de ocho víctimas. En 2015 y 2018 los menores asesinados fueron también siete.
La violencia vicaria, dañar a un tercero –habitualmente a un hijo o hija– para maltratar a la principal víctima, comienza a ser una realidad visible. Rosell lo ha destacado durante su comparecencia, al tiempo que ha elogiado los avances legislativos trabajados a lo largo del pasado año. En la cumbre de los logros, la llamada Ley de Infancia, cuyo articulado ha conquistado demandas históricas como la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores. Una suerte de respuesta a la idea de que "un maltratador no puede ser un buen padre".
Cambiar mentalidades
Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, recalca que el "problema" que existe en el país respecto a la protección de los menores no es una excepción, sino una falla "compartida con todo el derecho civil europeo". Su razón de ser anida en una concepción equívoca del interés superior del menor: se identifica mayoritariamente el bienestar de los pequeños y pequeñas con la relación paternofilial. Es decir, el vínculo con los padres se presenta como condición necesaria para el adecuado desarrollo de los menores. Lo complejo es, a juicio de la experta, romper con "ese binomio que está en el tuétano de la justicia".
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Soleto sugiere que los operadores jurídicos tengan en cuenta un abanico de salvedades a esa máxima. "El contacto paternofilial tiene que tener excepciones", por ejemplo que el "comportamiento del progenitor conduzca a riesgo cierto". Es evidente, completa, que la violencia de género conlleva un riesgo para la integridad del menor.
La abogada Consuelo Abril dice verlo casi diariamente en su despacho: las mujeres no denuncian porque no confían en las instituciones. Y eso implica que en ocasiones los menores quedan también desprotegidos. Sucede que cuando una víctima con hijos denuncia al agresor, "en el fondo está solicitando una suspensión del régimen de visitas", pero lo cierto es que "las sentencias de suspensión son prácticamente inexistentes". Coincide la letrata en que el cambio más taxativo debe provenir de los propios operadores jurídicos. "Hay que cambiar las mentalidades de quienes aplican las leyes", clama. La Ley contra la violencia de género de 2004 ya planteaba la suspensión del régimen de visitas, pero dejaba la decisión en manos de los jueces, cronificando el problema casi dieciocho años después de su entrada en vigor. La Ley de Infancia busca resolverlo.
Las voces consultadas recalcan además que la violencia vicaria tiene su máxima expresión en el asesinato de los menores, pero a ello le precede todo un englomerado de maltrato que adopta distintas formas. "Tiene muchas modalidades", explica Consuelo Abril, "a veces ves a niños que van llorando y pataleando al encuentro con sus padres, otras veces se unen al agresor y vuelven a su casa influenciados por él. Es otra manera de hacer daño a las mujeres". Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, confeccionada por la Delegación del Gobierno, un total de 1.678.959 menores viven en hogares en los que sus madres sufren algún tipo de violencia.
Es una noción básica para todos los expertos en violencia de género: la denuncia salva vidas, pero no llega a todas las víctimas. El problema se ensancha cuando ni siquiera la denuncia es capaz de proteger a los más vulnerables. Aunque, en el cómputo global, la mayoría de los menores que perdieron la vida a manos de sus padres maltratadores no contaba con denuncia previa, el año pasado se cerró con la tendencia inversa: más de la mitad de los menores asesinados sí debían haber estado protegidos. Porque sí había denuncias previas, la voz de alerta sí llegó a las instituciones y los mecanismos de protección sí debieron ponerse en marcha. Pero algo falló.