Insistía la ministra de Igualdad, Irene Montero, en entrevista con infoLibre con motivo del 8M, en que la “protección por parte del Estado de las madres protectoras es una absoluta prioridad”. Afirmaba que en el país “hay mujeres que están sufriendo terribles represalias e injusticias judiciales por defenderse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia”. No es la primera vez que la ministra expresa de manera contundente la urgencia de prestar ayuda a las madres perseguidas por huir de la violencia. Hoy, una de esas madres, reclama al Gobierno una prueba de su compromiso. De lo contrario, su entrada en prisión puede ser inminente.
Ella es María Salmerón. Hace más de dos décadas, cuando su hija apenas tenía meses de vida, puso fin a su matrimonio debido a los malos tratos que su cónyuge ejercía sobre ella. Entonces, la justicia concedió a su exmarido un régimen de visitas para preservar el contacto entre la niña y su padre. Salmerón accedió a cumplirlo, hasta que la menor comenzó a expresar su negativa a mantener las visitas. Años después, el agresor sería condenado a 21 meses de cárcel por malos tratos contra María Salmerón, aunque nunca llega a entrar en prisión dada la duración de la pena y la ausencia de antecedentes.
Desde entonces, la mujer arrastra tras de sí casi dos décadas de odisea judicial y convive con la posibilidad de entrar en prisión por el simple hecho de proteger a su hija haciendo tangible la consigna de que un maltratador no es un buen padre. El motivo, su exmarido acudió a la justicia cada vez que se producía un incumplimiento en el régimen de visitas. María Salmerón acumula así numerosas causas en su contra por delitos de desobediencia. El primer indulto llega en 2012, con Alberto Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia. Otros dos fueron concedidos en 2016, con el conservador Rafael Catalá como titular de la cartera. El tercero fue finalmente revocado.
"Sin tener en cuenta a la menor"
María Salmerón reconoce estremecerse ante el televisor cuando casos como el de Sueca (València), en el que un maltratador terminó con la vida de su hijo de once años, salen a la luz. “Si yo hubiera permitido las visitas al maltratador, a la niña podría haberle pasado lo mismo que a otros niños. Pero eso nunca se va a saber”, dice en conversación con infoLibre. La superviviente de la violencia admite que en estos veinte años largos han pesado más las decepciones de una justicia articulada, al menos en el plano teórico, para proteger a las víctimas. “Me han juzgado sin tener en cuenta ni a la menor, ni la violencia”, lamenta.
Los daños son visibles. Su salud física y psicológica está completamente deteriorada, dice la madre, la fibromialgia que padece ha empeorado, las visitas al psiquiatra son ininterrumpidas, la fatiga crónica ha pasado a ser su eterna compañera y las pastillas que cada noche ingiere parecen no querer darle tregua. “Todo eso los maltratadores no lo tienen”, denuncia. Cuando el concepto de violencia institucional emerge, no puede evitar tomar la palabra y declararse, sin dudarlo, víctima.
¿Qué dice su hija, hoy mayor de edad? La niña se opuso desde bien pequeña a mantener las visitas con su padre y en el año 2015 pudo por fin expresar esa voluntad ante los tribunales. El juzgado señaló que “atendiendo a la edad de la menor, con notable juicio y grado de madurez, se ha dispuesto que no tenga la obligación de acudir al punto de encuentro”. La menor, determinaba, “verá al padre cuándo, dónde y como quiera, si quiere”. La actual Ley de infancia impide, desde el año pasado, que los padres maltratadores puedan visitar o compartir la custodia de sus hijos.
De nuevo en el punto de partida
Hoy, María Salmerón vuelve al punto de partida: la eterna espera a que una vez más llegue la medida de gracia que impida su ingreso en prisión, después de que el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla la condenara a nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia en julio de 2019.
Pero los tiempos aprietan. El pasado 29 de marzo, el mismo juzgado emitió una providencia en la que requiere la entrada voluntaria en prisión de la madre. Le daba un plazo de quince días, al “entender desestimada su solicitud de indulto”. El mismo juzgado recuerda que transcurrido el plazo de un año desde la petición del indulto, “debe entenderse” denegada.
Salmerón pide que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le conceda el indulto “con carácter de urgencia” y replica que, si lo problemático está en el número de indultos acumulados, habría dejado de ser un problema si la legislación la hubiera acompañado. “Si hubieran legislado, yo no estaría ahora así. El problema es de ellos, no mío. A un maltratador no se le debería haber dejado ver a su hija, ellos lo han parcheado dándome indultos”, clama. Reconoce que su confianza en recibir otro indulto está bajo mínimos. “Si quisieran dármelo, ya me lo habrían dado hace tiempo”, argumenta, sin dejar de preguntarse las razones. “Yo quiero saber los motivos, quiero que se retraten”, sentencia.
Una cadena de errores y la urgencia de mejorar protocolos: las lecciones tras el caso de violencia vicaria en Sueca
Unidas Podemos registró el pasado 11 de abril una pregunta dirigida al Gobierno sobre su posición y se ha manifestado a favor de conceder la medida de gracia. "Tiene que acabar el calvario judicial", sostiene el grupo confederal. En otra pregunta escrita sobre el mismo caso registrada el verano pasado en la Cámara Baja, el Gobierno respondía sencillamente que "la eventual concesión de un indulto está vinculada al desarrollo de cada expediente y de que se cumplan, en todo caso, los requisitos establecidos por la ley".
El apoyo que María Salmerón no termina de recibir por parte de las instituciones, sí le llega desde el movimiento feminista, que ha organizado actos de apoyo por todo el país. En la plataforma Change.org, la petición del indulto acumula casi 53.500 firmas. Entretanto, ciudades como Málaga, Sevilla, València o Cáceres preparan concentraciones de apoyo para el próximo 21 de abril. En Madrid, las feministas se protestarán ese mismo día frente al Ministerio de Justicia.
Isabel Machado es portavoz de la Plataforma en Defensa de María Salmerón, una organización que nació con vocación de acompañar a la víctima en todo el proceso. “Surgió espontáneamente entre las mujeres feministas del barrio”, dice al otro lado del teléfono. A su juicio, casos como el de la sevillana dan cuenta de las muchas “deficiencias del sistema”, una realidad que pone en evidencia la “visión patriarcal de la justicia”. La violencia vicaria existe, recuerda la feminista, y el margen de actuación de las madres es muy estrecho si las instituciones no las acompañan.
Insistía la ministra de Igualdad, Irene Montero, en entrevista con infoLibre con motivo del 8M, en que la “protección por parte del Estado de las madres protectoras es una absoluta prioridad”. Afirmaba que en el país “hay mujeres que están sufriendo terribles represalias e injusticias judiciales por defenderse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia”. No es la primera vez que la ministra expresa de manera contundente la urgencia de prestar ayuda a las madres perseguidas por huir de la violencia. Hoy, una de esas madres, reclama al Gobierno una prueba de su compromiso. De lo contrario, su entrada en prisión puede ser inminente.