Sin muchas expectativas, sin empleo y sin apenas dinero, Fátima llegaba hace más de ocho años al barrio de Entrevías (Vallecas, Madrid) en busca de un techo. En una mano, sus dos hijos; en la otra un nieto de cuatro años y otra en camino. Atrás, su pasado como víctima de violencia de género. Y al frente de todo, ella. La oportunidad que buscaba llegó en forma de alquiler social: firmó el contrato de arrendamiento en enero de 2014 y en él encontró el punto de partida para construir su vida. Ahora, ocho años después, ha tenido que convivir con la posibilidad de perder su hogar, pero el impulso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido frenar la amenaza de desahucio articulada por el BBVA.
Fátima y su familia aguardaban con temor la llegada del miércoles, el que sería el último día en su casa. El BBVA, propietario del inmueble, comunicó solo un día antes a la PAH que "ha pedido la suspensión" del lanzamiento y el juzgado trasladó el mismo martes a la familia que "ha acordado la suspensión del desahucio", señalan fuentes de la plataforma, por un periodo de tres meses. Noventa días de tregua. Aunque la decisión insufla aire en los pulmones de la víctima, los activistas antidesahucios no bajan la guardia: este miércoles a las 8:30 horas se mantendrán firmes a las puertas de la vivienda, "por protocolo y malas experiencias anteriores".
Sin ser siquiera consciente, Fátima fue acumulando una deuda con el banco. "El cobro del alquiler se hacía el día 10 y yo suelo ingresar dos o tres días después", explica al otro lado del teléfono. Ninguna alerta, asegura, saltó para dar cuenta del impago, hasta que la deuda final superó los 500 euros. "En un documento decía que la deuda eran 530 euros y en otro 600. Pregunté a la procuradora y pagué la primera cifra en el plazo que me daban", expone la víctima. Lejos de resolverse, el problema se cronifica cuando el banco señala que la cantidad adeudada era la segunda, 600 euros. "Me quieren desahuciar por 70 euros".
Fuentes de la PAH explican que "no se trata de un problema real de impago", sino que responde a las "artimañas de BBVA para no renovar el contrato" a la familia. Fátima "siempre había pagado a destiempo, fuera del día 10 y el BBVA siempre se lo había admitido". Hasta este verano, cuando el banco "indica que no va a renovar el contrato y a partir de ahí no admite los pagos". Entonces, señalan las mismas voces, la entidad inicia una "demanda por impago, mucho más rápida que por extinción de contrato", una modalidad que suele demorarse "un año o año y medio", pero que además "habría sido archivada porque el decreto de escudo social concede seis meses de prórroga obligatoria" para los contratos que vencieran durante el periodo de validez del decreto.
Fátima evoca el piso en el que habita como si de un gran regalo se tratase: gracias a poder vivir bajo ese techo, sus hijos han podido formarse y encontrar un empleo. También ella, quien trabaja a domicilio cuidando a personas dependientes para la empresa Clece. La vivienda que echa raíces en la calle Sierra de Contraviesa es la piedra angular de sus vidas. Más aún cuando todavía ronda cerca el hombre que casi las destroza: la expareja de Fátima. Su maltratador.
En el año 2017, el Juzgado de lo Penal número 37 de Madrid impone una orden de alejamiento contra el hombre que pasó más de tres décadas maltratándola. La medida tiene una duración de seis meses. Contra el agresor constan muchas denuncias, pero la mayoría fueron retiradas por la propia víctima, quien tampoco acudía a declarar cuando los tribunales la requerían. Ella se excusa: el miedo, la vergüenza o incluso la súplica de su hijo menor, cita. En realidad, su reticencia a tomar medidas contra el agresor no es una anomalía. En torno al 11% de las víctimas de violencia de género se acogen de hecho a la dispensa a declarar como testigo, un hábito que según la Fiscalía General del Estado "está detrás de muchos procedimientos que no llegan a culminar". Desde hace algo más de un año, legislación y jurisprudencia se dan la mano para que las víctimas declaren sí o sí contra su maltratador. Además, en torno al 70% de las mujeres maltratadas no consiguen reunir la fuerza necesaria para interponer una denuncia, según el grueso de la investigación especializada y las estimaciones oficiales.
"En la vida me voy a olvidar del primer golpe que me dio", reconoce Fátima. Hace más de tres décadas, en su Ecuador natal y en el marco de una discusión con la hermana del maltratador. "Él es violento, sobre todo cuando está bebido", relata. A partir de aquella primera paliza, cuando ella apenas tenía veinte años, se desliza la posibilidad de volver a casa de su madre y romper por lo sano. Pero el pudor la frenó. Al principio, explica, el agresor le imploraba perdón y le prometía que nunca más le levantaría la mano. Pero la violencia no cesó.
Fátima llegó a España cuando su hija tenía seis años. "Tenía la intención se separarme, pero nunca lo hice". Poco después, él terminó por instalarse también en suelo español. Más tarde llegó el segundo embarazo, y con él las sospechas: "Creía que el niño no era suyo, se convirtió en mi verdugo". Entonces, los puñetazos se dirigieron también a su vientre. "Viví maltratada", sostiene la víctima. Hasta que decidió poner freno a la violencia y distanciarse de él, hace ya dieciséis años. Como víctima de violencia machista, la ecuatoriana solo atesora la orden de alejamiento que duró seis meses. Entretanto, ha sido ella sola la que ha salido adelante.
Fátima ha sido quien de llamar a las cosas por su nombre: violencia física, psicológica y sexual. Y gracias a ese paso tiene claro que no tolerará más golpes. Pero se mantiene en guardia, porque su expareja no se ha esfumado: mantiene, a día de hoy, relación con los nietos que tienen en común. "Yo no hablo con él, pero sus nietos sí. No es un gran abuelo, pero les trata bien, lo que no hizo con sus hijos", concede. Dice no temer por la seguridad de los pequeños, aunque advierte: "Como se atreva a hacer algo le denunciaré, hoy no voy a tolerar más violencia, ese miedo ya se me fue del cuerpo".
Otro desahucio en curso, uno paralizado y "fracaso del escudo social"
El mismo miércoles, los activistas de la Plataforma desplegarán sus pancartas ante otro portal. A las 11:00 horas lo harán en la calle Pico Cejo, en Puente de Vallecas, tratando de impedir que Elena pierda su hogar tras un procedimiento de impago producto de la crisis del coronavirus. Su casero, administrador de la empresa Promociones y Construcciones Jarque SL, se niega a negociar, mientras que la inquilina, en situación de desempleo, todavía no ha podido encontrar una alternativa habitacional.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales aumentaron un 57,4% a lo largo de 2021.
El Gobierno fijará una moratoria de cuatro años para desahucios hipotecarios y frenará desahucios por alquiler
"Estos desahucios son un ejemplo de que el llamado decreto de escudo social es un fracaso, como ejemplifican las cifras de desahucios judiciales", señala Myrian Espinoza, portavoz de PAH Vallekas. "Los llamados criterios de vulnerabilidad son un laberinto burocrático que permite una alta arbitrariedad a los juzgados y a los servicios sociales", critica. En lo relativo a la amenaza de desahucio contra la víctima de violencia de género, la activista recuerda que el BBVA "se quedó con toda la vivienda de Catalunya Caixa, rescatada con 12.000 millones de euros públicos, y esas viviendas procedentes de desahucios no deberían seguir siendo objeto de especulación".
Las medidas coyunturales no sirven contra un problema estructural que no da tregua. "Trece años después de que se iniciara la crisis de desahucios masivos, el problema no solo sigue sino que se agrava con nuevas y sucesivas crisis", añade la activista, quien se agarra a la "movilización y autoorganización popular" como única vía garantista en defensa de la vivienda.
La movilización ha sido la responsable de detener, al menos por el momento, el lanzamiento contra Fátima. También otro desahucio que afectaba a una familia con tres menores en Palomeras Sureste, en el distrito vallecano. La vivienda era, en este caso, propiedad de Limara, parte del conglomerado de inversiones inmobiliarias del gigante Blackstone. Fátima respira tranquila, admite, después de haber "llorado de felicidad" por el aplazamiento concedido este martes. Pero el mercado del alquiler es salvaje y los precios que se suceden en los portales de búsqueda son inasumibles para ella. Por el momento, dice al otro lado del teléfono a última hora del martes, se conforma con no tener que seguir empaquetando todas sus cosas.
Sin muchas expectativas, sin empleo y sin apenas dinero, Fátima llegaba hace más de ocho años al barrio de Entrevías (Vallecas, Madrid) en busca de un techo. En una mano, sus dos hijos; en la otra un nieto de cuatro años y otra en camino. Atrás, su pasado como víctima de violencia de género. Y al frente de todo, ella. La oportunidad que buscaba llegó en forma de alquiler social: firmó el contrato de arrendamiento en enero de 2014 y en él encontró el punto de partida para construir su vida. Ahora, ocho años después, ha tenido que convivir con la posibilidad de perder su hogar, pero el impulso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido frenar la amenaza de desahucio articulada por el BBVA.