Casi la mitad de los denunciados por acoso en la universidad son profesores y sólo se sanciona a una minoría

Sobre un fondo blanco, una imagen con el rostro de Juan Carlos Monedero. Estampado sobre el retrato, la palabra acosador. Son algunos de los carteles que el alumnado colocó el 8M de 2022 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Toda la facultad lo sabía", dice Paula Martín Peláez, politóloga y doctora en Estudios de Género, al otro lado del teléfono. Cuando salieron a la luz dos episodios de violencia presuntamente protagonizados por el docente y expolítico en el seno del que era su partido, parte de las miradas viraron hacia una dirección: la universidad. La Complutense reveló entonces que existía un expediente que señalaba a Monedero por un supuesto caso de acoso. Pero no es el único: entre 2022 y 2025, la universidad madrileña ha activado 27 veces su protocolo antiacoso, a consecuencia de las denuncias recibidas. El 48% de las personas denunciadas eran profesores hombres.

Según la información recopilada por la universidad, las víctimas son mayoritariamente mujeres estudiantes, pero también hay casos de profesoras y personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Los denunciados, salvo en un caso, son hombres. La UCM, no obstante, no ofrece información sobre la resolución de los casos: "En la Unidad de Igualdad no tenemos esa información. Solamente tramitamos las denuncias con las que se activa el protocolo, hacemos acompañamiento psicológico, buscamos recursos especializados de atención y asesoramos", responden a preguntas de este diario.

Martín Peláez, quien además forma parte del Punto Violeta de Somosaguas, describe algunos de los problemas detectados en el proceso de prevención y denuncia de las violencias. "El primer problema es que la gente no sabe a quién acudir, no es suficientemente visible. Pero además, hay una desconfianza brutal en la institución, sobre todo cuando se trata de docentes: se protegen entre ellos y la universidad les va a proteger", lamenta. Si la víctima tiende a pensar que "la universidad no va a actuar", prefiere ahorrarse el trámite. Pero además, las que sí deciden denuncias "que son una ínfima parte", terminan por desistir porque "se les desincentiva y se cuestiona su relato", abunda la politóloga. "En la tramitación, la mayoría de los casos quedan sobreseídos", lo que termina por generar una "sensación de impunidad".

Lo que relata es en realidad un mal endémico en buena parte de las instituciones universitarias. Todas las universidades públicas cuentan con unidades de igualdad que se encargan, entre otras cuestiones, de velar por el cumplimiento de los protocolos antiacoso y de igualdad existentes en los centros. infoLibre ha preguntado por las cifras alrededor de los casos denunciados y las investigaciones realizadas en los últimos años, obteniendo como respuesta algunos datos que permiten esbozar una aproximación al problema. Los resultados son dispares y cada centro cuenta con metodología propia en base a unos criterios específicos, pero los datos permiten trazar algunos puntos en común. En líneas generales, sólo una minoría de casos que llegan a las unidades de igualdad derivan en denuncias formales, la inmensa mayoría de las denunciantes son alumnas y en escasas ocasiones el expediente resulta en sanción.

Quejas pero no denuncias

Uno de los puntos en común entre los datos examinados tiene que ver con la disonancia entre los casos que llegan a las unidades y aquellos que finalmente devienen en la apertura de expedientes. El fenómeno se aprecia con claridad echando un vistazo al ejemplo de la Universidad Autónoma de Madrid, que publica periódicamente sus propios diagnósticos sobre la igualdad de género en la institución. El último corresponde al curso 2021-22 y en él se incluye por primera vez información sobre el número de casos investigados. Sus autores reseñan la puesta en marcha de 17 intervenciones: diez quedaron enmarcadas dentro del protocolo y otras siete fueron consideradas "no procedentes". En este caso, el perfil del denunciante está perfectamente definido: mujeres y estudiantes. Y en lo que respecta a las personas denunciadas, la mayoría son hombres y buena parte son docentes, si bien hay una presencia notable de personal externo a la universidad.

Una panorámica similar se observa en la Univesitat Jaume I. Según la información trasladada, entre 2021 y 2024 su unidad estudió 145 casos, pero sólo se formalizaron como denuncia 15. La primera cifra tiene que ver con los "casos que corresponden a asesoramiento psicológico y jurídico, pero donde no hay una persona denunciada", aclaran fuentes oficiales de la universidad de Castellón. En cuanto a los casos que sí derivaron en denuncia, diez de las víctimas eran estudiantes, tres eran docentes y dos eran personal técnico y administrativo. Entre los presuntos agresores, cuatro pertenecían al personal docente e investigador, cuatro eran personas externas y uno era personal técnico y administrativo. Tres eran estudiantes. En dos casos, los denunciados están sin identificar y en un caso la unidad sitúa como agresor a la propia universidad.

A una escala menor, la misma dinámica se replicó en otras universidades como la de Burgos (UB) y la de Vigo (UV). En la primera, el protocolo nunca se ha activado, aunque sí se han recibido quejas por acoso sexual en dos ocasiones: una en 2015 y otra en 2018, siempre por parte del alumnado. En Vigo, los datos equivalentes a los años 2021-2024 reflejan igualmente la no activación del protocolo, si bien "en la unidad se recibieron quejas y consultas que en muchos casos no se corresponden con el objetivo del protocolo ni con las competencias de la unidad".

Más archivos que sanciones

En laberinto burocrático conlleva que muchas de las quejas nunca lleguen a formularse como denuncias, pero el procedimiento posterior evidencia que además es más común el archivo que la sanción. En el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, según han informado fuentes oficiales, se abrieron un total de nueve expedientes en aplicación de su protocolo antiacoso entre 2017 y 2025. En todos los casos, salvo en dos, la persona denunciante formaba parte del alumnado. En un total de siete, la persona denunciada era personal docente e investigador. En uno de los casos, el expediente quedó en suspenso porque la denuncia derivó en la vía penal; en otro, el correspondiente al presente año, el caso está en trámite. Todos los demás terminaron en archivo.

Algo parecido sucede en la Universitat de Barcelona. Según la respuesta obtenida por infoLibre, a la institución llegaron entre los años 2023 y 2024 un total de 39 denuncias, 17 quejas y 14 consultas, siendo las más relevantes las primeras, pues se trata de casos que vulneran los derechos de algún miembro de la universidad. Pero de esas casi cuatro decenas de denuncias, sólo cinco conllevaron la apertura de expedientes disciplinarios a personas de su comunidad universitaria por conductas machistas y casos de acoso sexual. Otras 16 dieron lugar a la activación de la comisión técnica, 17 se archivaron –por distintas razones, como el desistimiento de la persona denunciante o por no encajar en la tipología de casos previstas– y en un caso se derivó a otra unidad de la universidad. En cuanto al perfil, los resultados son similares al de otras instituciones: el 84,6% de los denunciados eran hombres, dieciséis eran docentes (41%), otros dieciséis alumnos (41%) y siete personas externas a la universidad (18%). Las víctimas, una vez más, son mujeres y estudiantes. El año pasado una de las denuncias provino de una persona no binaria.

Los expedientes disciplinarios implican la medida cautelar de suspensión de trabajo, en el caso de los docentes y el personal técnico y administrativo. En lo que respecta a los alumnos, las medidas sancionadoras pasan por la suspensión de sus derechos como estudiantes.

En el caso de la Universitat Rovira i Virgili, el informe correspondiente a las denuncias iniciadas y resueltas muestra que entre 2020 y 2024 se registraron un total de nueve denuncias y se resolvieron un total de cinco expedientes, si bien no existe constancia de los términos exactos de cada resolución.

Entre las respuestas recabadas, existe una excepción a la norma: la Universitat Jaume I sí tiende a resolver las denuncias abordadas a través de la sanción. De las quince denuncias registradas, nueve de los casos derivaron en sanciones, tres fueron archivadas, dos fueron derivadas a otras unidades y una está todavía pendiente. 

Cuando la violencia viene de fuera

La Universitat de València registra los casos que llegan a su unidad desde el año 2015. Se han ido incrementando progresivamente hasta la cifra de 206 mujeres atendidas contabilizadas hasta el año 2024. La mayoría de las denuncias provienen de estudiantes (161) y la universidad distingue entre violencia externa e interna. La interna alude a los casos en los que la víctima y el agresor "pertenecen a la comunidad universitaria", mientras que los externos comprenden la violencia que ejerce una persona ajena a la universidad. En 112 casos se trataba de violencia interna y en 94 violencia externa.

Acercando la lupa, en el curso 2023-24 se registraron un total de 21 incidencias relacionadas con acoso sexual. La Comisión de Garantías llegó a abordar seis casos a lo largo del curso, cuyas resoluciones han sido diversas: un caso se resolvió con mediación, en tres casos se iniciaron las actuaciones previstas pero la denunciante no ratificó, un caso derivó en un expediente disciplinario y otro fue desestimado porque no era de aplicación el protocolo.

En el curso 2023-24, la Universidad de Alicante recibió 23 consultas: 17 atenciones y seis denuncias. Sólo estas últimas dieron lugar a la activación del protocolo. En cuatro de ellos, la persona señalada era personal docente, otro era técnico y administrativo y otro era una persona externa. Una de las denuncias se archivó por "falta de indicios suficientes", aunque se le advirtió al denunciado de sus "comportamientos inadecuados". En otro de los casos, se puso la denuncia en conocimiento de la persona señalada y se le recomendó formación específica en igualdad. Otra de las denuncias quedó resuelta debido a que el denunciado pertenecía a un ámbito ajeno a la universidad y en el caso del agresor externo, el denunciado dejó de prestar servicios en la institución educativa. Las dos denuncias restantes se encuentran actualmente en trámite.

Protección de las víctimas

Algunas de las universidades que respondieron a la petición de este diario mostraron preocupación por la protección de las víctimas. En la Universidad de Huelva se señaló que "en términos generales, los casos de acoso" atendidos por su unidad han sido tres, durante el periodo comprendido entre 2014 y 2025. La muestra es "tan pequeña que es imposible garantizar el anonimato de los datos", incidieron las fuentes consultadas. La misma inquietud fue expresada por la Universidad de Cantabria, si bien en este caso sí se proporcionó información más detallada.

La institución recibió trece denuncias entre 2017 y 2024. La mayoría de los casos tienen que ver con acoso moral, sexual y driscriminación por orientación sexual, si bien también se han registrado casos por discriminación ideológica y religiosa. Del total de denuncias en ese periodo temporal, sólo seis derivaron en la activación del protocolo. Cuatro se archivaron. Una terminó en un acuerdo entre las partes y otra no llegó a incoarse por haber prescrito las faltas. Si tenemos en cuenta el total de casos recibidos, en seis de ellos las personas señaladas eran docentes, en otros seis alumnado y en uno personas que prestan servicios en la universidad. Pero contemplando sólo las denuncias tramitadas, la inmensa mayoría de los señalados eran alumnos y sólo en un caso se trataba de un profesor.

En la Universidad de La Laguna la forma de rendir cuentas se materializa en la publicación de diagnósticos de elaboración propia. Entre 2015 y 2022 se tiene constancia de quince casos categorizados como sexistas y once sexuales, si bien no especifican ni la terminación de los expedientes ni el perfil de los involucrados. "Las personas afectadas han sido tanto alumnado como en ocasiones profesorado. Algunos de los casos se han realizado por vía correo electrónico, otros a través del enlace MEET y en otros, las reuniones han sido presenciales", plasman en el documento.

También en la universidad online

El acoso sexual no anida únicamente en las aulas físicas, sino que encuentra acomodo también en el plano online. Lo saben bien en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Según los datos facilitados, entre los años 2020 y 2024 se han registrado catorce consultas y solicitudes de denuncia, de las que seis derivaron en un expediente. En dos de los casos se concluyó que no había pruebas suficientes, otro de ellos derivó en una denuncia penal y en otro la universidad afirma que "se concluye el acoso sexual". En otro de los casos no consta la resolución y en el restante, el más actual, se indica que "existen pruebas sobre los hechos".