El 15 de agosto de 2021 las alarmas sonaron en Kabul y, también, en el resto del mundo. Los talibanes tomaban el control de la capital de Afganistán, imponían su emirato islámico y dejaban a todo el país bajo su estricta visión de la ley sharía. La atención se centró entonces en las mujeres, también en Kabul y en el resto del mundo. En el primer lugar porque sus derechos fueron rápidamente mutilados; en el segundo, porque medio planeta mostró su radical rechazo, volcado inicialmente en una voluntad de cooperar que, de hecho, funcionó. En el caso de España, fue el Gobierno y la sociedad civil quienes lo consiguieron. Ahora, parece que son sólo las iniciativas privadas las que perduran.
"La comunidad internacional, desgraciadamente, se está olvidando de Afganistán", lamentó la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, tan sólo un año después de la toma de Kabul por parte de los talibanes. "Ha sido un fracaso de la comunidad internacional, nos fuimos dejándoles absolutamente abandonados", llegó a decir. Era 2022 y la situación, incluso, era mejor que la que hay ahora.
Cada noticia que llega del país es un ataque nuevo a las mujeres. Según ha documentado el último informe de Afghan Witness, desde 2022 hasta mediados de este año se han producido más de 700 casos de violencia de género bajo el gobierno integrista islámico. De ellos, 332 han sido feminicidios. Y esto es sólo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos no se denuncia. Desde que los fundamentalistas llegaron al poder, las mujeres afganas deben ir completamente cubiertas en público, no pueden acudir al colegio o a la universidad, tienen completamente prohibido trabajar o practicar deporte, no tienen permiso para salir de casa sin un hombre de la familia o subir a un autobús en el que no haya únicamente pasajeras mujeres. Tampoco pueden elegir con quién casarse o cuántos hijos tener, ni ser vistas desde el exterior de sus casas, ni acudir a salones de belleza. Y está terminante prohibido para ellas, además, protestar.
El último cambio legislativo se produjo hace apenas una semana, en la particular celebración institucional de la llegada al poder de los talibanes. Fue a través de la aprobación de la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, una norma a través de la cual el Gobierno ha prohibido, de facto, la voz de las mujeres. A partir de ahora, ésta es considerada "awrah", una "parte íntima" que sólo puede ser escuchada "en casos de necesidad". Pero muchas de ellas han decidido desafiar a esta opresión, precisamente, cantando.
Expertos de la ONU ya señalaron que la situación de las mujeres en Afganistán es una de las peores del mundo. Tanto, que creen que se puede estar cometiendo un "apartheid de género".
El 15 de agosto de 2021 se preveía que las mujeres serían duramente reprimidas porque todavía perdura en la memoria el recuerdo del anterior régimen talibán de los 90. Por eso la comunidad internacional se volcó en un primer momento en conseguir que el mayor número de personas posible saliese del país cuanto antes. España, en este sentido, puso en marcha la Operación Antígona, que llegó a tener hasta tres versiones y que consiguió trasladar hasta nuestro país a 2.900 personas desde Afganistán. En paralelo, el Gobierno fue promoviendo el traslado de antiguos colaboradores y otras personas "de interés", según calificó Moncloa. Fueron, hasta 2022, 942 personas que obtuvieron protección internacional: 314 mujeres, 277 hombres y 345 niños y niñas.
Hoy ya no queda nada de aquello. "No hay ningún plan oficial. El interés de que vengan personas desde Afganistán ha decaído muchísimo", lamenta María José Rodríguez, fundadora y presidenta de Netwomening, una asociación que coopera para lograr la plena integración de las mujeres afganas en nuestro país.
La única salida que queda ya de Afganistán es, por tanto, mediante una solicitud de asilo en países limítrofes como Irán o Pakistán, pero tampoco está exenta de problemas. Como lamenta la jurista, los recursos son muy escasos y ya hay un "embudo" de solicitudes que prácticamente impiden el trámite. Muestra de ello es que en 2023 el 90% de las personas huidas de Afganistán se encontraba en estos dos países. Y que eran, en términos absolutos, 400.000 personas más que en 2022. "Hay miles de solicitudes pendientes de resolver", lamenta también Mónica Bernabé, actualmente periodista del Diari ARA y excorresponsal en Afganistán durante 8 años (2008-2016).
Aun así, cuando las solicitudes son atendidas, la mayoría son concedidas. Según los datos de 2022 recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el 98,7% de las 1.581 solicitudes de protección internacional de personas afganas fueron concedidas. "El asilo se reconoce, lo que pasa es que no se están poniendo recursos para que sea más fácil solicitarlo", completa Rodríguez. El informe relativo a 2023 de la organización no incluye la afgana como una de las nacionalidades con más peticiones en España.
Pero, ¿qué ocurre mientras tanto en el resto de Europa? Según los datos del documento presentado por CEAR, en 2023 los países de la Unión Europea recibieron 109.555 solicitudes de protección por parte de ciudadanos y ciudadanas afganos, una cifra inferior a las 124.125 registradas un año antes. De ellas, fueron aceptadas el 61%, un porcentaje siete puntos por encima del de 2022, que fue del 54%, y ligeramente más bajo que el de 2021, que alcanzó el 66%.
La alternativa de las iniciativas privadas
Huérfanas por tanto de programas específicos para salir del país, la única alternativa que les queda a las mujeres afganas son las iniciativas privadas que la sociedad civil puso y mantiene en marcha. La más importante es la que activó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, de la que forma parte la Asociación de Mujeres Juezas de España. Se remonta a enero de 2021, unos meses antes de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Dos socias afganas de la organización fueron asesinadas a las puertas del Tribunal Supremo, un crimen que hizo saltar las alarmas entre las profesionales y que desembocó en la creación de un comité específico de siete juezas entre las que se encuentra Gloria Poyatos, una de las fundadoras de la asociación de nuestro país.
"Creamos un canal de ayuda abierto 24 horas para nuestras compañeras afganas y empezaron a alertarnos de que los talibanes iban a tomar el control y de que iban a ir a por ellas. Las amenazaron directamente y les avisaron de que sacarían terroristas de las prisiones que habían sido encarcelados por ellas mismas", cuenta en conversación con infoLibre. En cuanto se cumplió el pronóstico, empezaron a actuar. "Pretendíamos ser una representación auténtica de lo que pensábamos que debía ser la asociación, no limitarnos a emitir comunicados", recuerda Poyatos. Así consiguieron sacar del país a más de 200 juezas y sus familias. En total, a más de 1.000 personas. "Hemos actuado como un gobierno", celebra Poyatos, que remarca que tienen, aún, a 38 compañeras pendientes de ayuda.
En cualquier caso, a pesar de las cifras no ha sido un camino fácil. Como explica la jueza, todo tiene que hacerse en secreto, ocultando a las mujeres en pisos francos, ayudándolas a salir del país ocultas, tratando de que lleguen seguras a los consulados españoles en otros países y trabajando por que se les concedan visados urgentemente que les permitan volar hasta España.
Una vez en España con la protección concedida, relata Rodríguez, cuentan con la ayuda del plan de integración del Ministerio de Inclusión, que dura año y medio. "Es completamente insuficiente, muchas veces ni siquiera les da tiempo a aprender el idioma en ese tiempo", lamenta la jurista. Por eso fundó su organización. "Desde Netwomening les ofrecemos acompañamiento a través de una red de voluntarias que ayudan en la búsqueda de vivienda, de empleo, con el idioma o con los trámites administrativos", explica.
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En 2021, además, también colaboraron para sacar a varias mujeres de Afganistán. En concreto, lo hicieron con 60. Una vez en España, han ayudado a alrededor de 200 y a sus familias.
Un fracasado intento de aislamiento
Más allá de toda la ayuda solidaria a la población, Bernabé exige una reacción inmediata desde el ámbito político. Según denuncia, nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha servido. "La comunidad internacional no ha reconocido al régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán con el objetivo de aislarlo. El problema es que no todo el mundo está actuando a una, porque China está empezando a mantener relaciones comerciales llenando el vacío que dejó Occidente", lamenta la periodista. Además, el bloqueo financiero que se impuso tampoco ha provocado que el Gobierno caiga, sino que la población sea cada vez más pobre. A mediados de 2023, la ONU informó que cuatro millones de afganos y afganas padecían desnutrición aguda, incluidos 3,2 millones de niños y niñas menores de cinco años.
Por eso es momento de dar un golpe en la mesa que Bernabé lleva años reclamando. "Ya hace tiempo que es momento de actuar, no había que haber esperado tanto", indica. ¿De qué manera? Su apuesta es la negociación. "Ningún país está dispuesto a intervenir y a sacar del poder a los talibanes, así que no nos queda otra. Hay que tratar, por todos los medios, de que se violen lo mínimo posible los derechos de las mujeres en Afganistán", sostiene.
El 15 de agosto de 2021 las alarmas sonaron en Kabul y, también, en el resto del mundo. Los talibanes tomaban el control de la capital de Afganistán, imponían su emirato islámico y dejaban a todo el país bajo su estricta visión de la ley sharía. La atención se centró entonces en las mujeres, también en Kabul y en el resto del mundo. En el primer lugar porque sus derechos fueron rápidamente mutilados; en el segundo, porque medio planeta mostró su radical rechazo, volcado inicialmente en una voluntad de cooperar que, de hecho, funcionó. En el caso de España, fue el Gobierno y la sociedad civil quienes lo consiguieron. Ahora, parece que son sólo las iniciativas privadas las que perduran.