El castigo penal a las terapias de conversión llega al Congreso sin acuerdo entre el PSOE y sus socios

En marzo de 2024, el jurista Saúl Castro, presidente de la organización No es terapia, elaboró una propuesta normativa para insertar las llamadas terapias de conversión en el Código Penal. Lo hizo con el propósito de enyesar la brecha que había dejado la Ley trans, que solamente contemplaba la vía administrativa para castigar estas prácticas. Y lo hizo tras un "estudio comparado de toda la normativa en el mundo, para hacerlo lo más preciso y claro posible", explica el autor a este diario. Este martes, su iniciativa entrará en el Congreso de la mano de los principales grupos de la izquierda parlamentaria. Excepto el PSOE. Pero los socialistas no quieren quedarse al margen: también ellos presentarán una proposición propia. Lo harán, eso sí, con "tiempo y cabeza", según explican fuentes del partido a este diario, dispuestos a liderar la criminalización de las terapias de conversión.

La proposición que sí aterriza este martes en la Cámara Baja es la que lleva el sello de los socios parlamentarios. Su articulado bebe directamente del texto confeccionado por Saúl Castro y está suscrito por Compromís, Más Madrid, Comuns, Izquierda Unida, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts. Se basa fundamentalmente en una modificación orgánica, añadiendo al Código Penal un nuevo artículo. Será el 175 bis, según el cual se establecerían penas de prisión de uno a cuatro años y multas de ocho a veinticuatro meses para todas las personas que practiquen terapias de conversión. La propuesta que emana de los colectivos pretende además imponer la pena superior en grado cuando las víctimas sean menores o especialmente vulnerables.

El proyecto fija el mismo castigo para el entorno cómplice. Es decir, para quienes "remitan a una persona a que un tercero" le practique la terapia, le fuercen a recibirla o la consientan en un entorno bajo su supervisión. Es, según ha podido saber infoLibre, uno de los puntos conflictivos para el PSOE, quien apela al análisis pausado y riguroso. La propuesta actual, observan las mismas voces, se basa en un "tipo muy amplio con penas gravísimas", incluso para terceras personas. Por este motivo, los socialistas se inclinan por no firmar la proposición de este martes y trabajar en una alternativa que requerirá de tiempo y un análisis profundo de las opciones sobre la mesa. 

En paralelo, los ministerios de Igualdad y Justicia dicen estar trabajando en conjunto para estudiar la forma de incluir las terapias en el Código Penal. "Avanzamos con el Ministerio de Justicia para ver la posibilidad de incorporar al Código Penal estas mal llamadas terapias de conversión que van contra la dignidad y la libre autodeterminación de las personas", señaló el viernes Ana Redondo. Este diario ha preguntado al departamento de Igualdad, desde donde destacan que por el momento no hay ninguna novedad al respecto.

¿Qué es una terapia?

Las prácticas que busca penalizar la proposición de ley son todas aquellas que pretendan "modificar, forzar, anular o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual y/o de género, o la expresión de género". La propuesta pretende ser extremadamente cuidadosa en el lenguaje y la definición, entre otros motivos porque quienes están detrás de las terapias tienden a esforzarse en presentar las prácticas como algo inocuo. Era una de las principales estrategias que utilizaban las siete diócesis investigadas por el Ministerio de Igualdad, tras una denuncia de No es terapia. Las diócesis renunciaban a la palabra terapia para sustituirla por eufemismos de todo tipo: "No hablamos de terapias de conversión, hablamos de acompañamiento si no quieren seguir ahí", se cuidaba en dejar claro la principal instigadora. Por ello, la propuesta legislativa introduce un nuevo concepto: "Esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad o expresión de género (ECOSIEG)".

Pero también se esfuerza por definir qué prácticas no serán objeto de castigo. Así, quedarían excluidas las "medidas y tratamientos afirmativos", también las intervenciones que "proporcionen aceptación, apoyo y comprensión", así como medidas dirigidas a la "obtención de apoyo social, exploración de la identidad y el desarrollo de la persona". Tampoco afectará, deja claro el texto suscrito por los grupos, a aquellos servicios que "forman parte de la transición social o médica de género".

Por otro lado, la proposición aclara que el consentimiento, tanto de la víctima como de sus representantes legales, será "irrelevante para la responsabilidad criminal de dicha conducta". Es decir, los perpetradores de la práctica serán castigados aun cuando la víctima se haya prestado voluntariamente a llevarla a cabo. Además, tampoco será necesario que ni el afectado ni sus representantes legales presenten denuncia para que el delito sea perseguido y castigado. La propuesta legislativa también incluye ayudas económicas para las víctimas y alternativas habitacionales cuando convivan con los autores del delito.

Sensación agridulce

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, cree que la criminalización de las terapias no puede esperar. "Estamos viendo que este fenómeno está mucho más extendido de lo que se podía pensar y se ha comprobado que las sanciones administrativas son ineficaces para erradicar estas prácticas que sólo cabe calificar como torturas", responde al otro lado del teléfono.

El concejal, cuya formación ya denunció en su día al Obispado de Alcalá, recuerda en base a su experiencia que las sanciones administrativas "dejan mucho margen a que las administraciones hagan uso de su potestad sancionadora". "Hay afectados que han sufrido consecuencias terribles y sin embargo las investigaciones no están prosperando", lamenta, así que introducir esta práctica en el Código Penal "significa llenar una laguna" y tendrá además un efecto "disuasorio mucho más fuerte".

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Saúl Castro no oculta una suerte de sensación agridulce ante la situación actual. Por un lado, celebra lo que a su juicio será un acontecimiento histórico: el registro de una iniciativa de consenso para criminalizar las terapias. Por otro, lamenta que ni el PSOE ni el Gobierno hayan sido capaces de remar a su favor.

El abogado y activista ha mantenido distintas reuniones en el último año con la ministra de Igualdad y el secretario de Estado de Justicia: "Les dijimos que queríamos que fueran ellos quienes registraran la propuesta", asiente en conversación con este diario. Pero los meses pasaron y las conversaciones no derivaron en ninguna propuesta sólida. En ese tiempo, Compromís contactó con la asociación para trasladar su voluntad de registrar la iniciativa confeccionada por el colectivo. "Les dije que habíamos hablado con el PSOE pero que queríamos que fuera una propuesta de consenso", añade Castro.

Con el anuncio de la proposición de los socios, el Gobierno trasladó públicamente su pretensión de criminalizar las terapias, pero la intención no se ha materializado, por el momento, en nada concreto. Castro no oculta su descontento y se muestra especialmente duro con los socialistas: "Lo que están haciendo es lanzar mensajes vacíos para confundir. El PSOE no va a apoyar la firma por su propio ego".