De testigos a víctimas olvidadas: seis comunidades sin ayudas para huérfanos de la violencia de género

“El día 20 de X de 20XX mi hermana se dirigía a ir a trabajar y su expareja la esperó en el rellano del ascensor y la asesinó delante de sus hijos y mi madre. Ese día comienza nuestro calvario porque imaginas que al no ser la primera ni la última piensas que existe un protocolo que te indique qué hacer y por dónde empezar a caminar pero la realidad es que no existe y tienes que aprender a caminar”.

Sirvan estas pocas líneas de un testimonio real de la hermana de una mujer asesinada, al que deliberadamente se le omiten los datos que pudieran identificar a la víctima, para ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género: la violencia machista se lleva por delante la vida de esas mujeres pero también la de aquellos que quedan tras de sí, la de sus hijos y la de sus familias directas, responsables primeros de la tutela de esos menores que son, tantas veces, testigos y damnificados de la brutalidad más atroz.

Sin apenas digerir el duelo, todos ellos sufren un daño psicológico, económico e institucional que les marca de por vida, una herida que suma, la mayoría de las veces, la insensibilidad de la burocracia cuando no el desamparo más absoluto por parte de las administraciones.

De hecho, 20 años después de la entrada en vigor de Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la primera de la era Zapatero, aunque se ha avanzado mucho y España es un ejemplo a nivel europeo en estas políticas, no se ha logrado dimensionar en su justa medida este tipo de violencia estructural, sobre todo en materia de menores.

Desde el 2003, año desde el que hay registros oficiales, la violencia machista ha segado la vida de 1237 mujeres asesinadas, muchas de ellas con hijos a su cargo para los que el futuro ha sido distinto en cada caso pero con un denominador común: crecen sin sus madres y en muchos casos su padre es el autor del crimen.

Hay otra lectura respecto a estas dos décadas desde que esta ley sacó del ámbito privado lo que es un problema social que nos debe interpelar a todos: los recursos y la protección que los menores han venido recibiendo de los poderes públicos no han evolucionado al mismo compás que la atención a la mujer maltratada.

En este sentido, varios organismos y parte del movimiento feminista lleva tiempo dando la voz de alarma y pidiendo reenfocar los debates y las prioridades.

En Andalucía, la Oficina del Defensor del Pueblo, que también lo es del Menor en la comunidad autónoma, ha publicado el pasado septiembre el informe Infancia huérfana de violencia de género: la víctima más invisible del drama, que se ayuda del testimonio descrito al principio de este reportaje para personificar la crueldad de un sistema que no acude en auxilio de la víctimas, aquí los menores y las familias, sino que son estos los que, en pleno duelo, deben afrontar una serie de vicisitudes complejas y desmoralizantes.

Como por ejemplo, según recoge el documento, la cancelación de una hipoteca a nombre de la asesinada y de otras deudas pendientes en entidades bancarias que no tienen la empatía de atender este tipo de casos como excepción a sus normas, donde la muerta, la asesinada es un número más con el que cuadrar la caja.

O por ejemplo que la ayuda recibida por orfandad vaya ligada a la cotización en la seguridad social por parte de la madre, cuando en muchos casos estas víctimas apenas han podido tener vida laboral por la crianza de esos hijos y por el dramático círculo vicioso de la dependencia económica de su agresor y, en último extremo, verdugo. Este punto, de hecho, ha sido corregido recientemente por el ministerio de Seguridad Social del último ministro del ramo, José Luis Escrivá.

Un dato da la medida del olvido: no fue hasta 2015, cuando las estadísticas oficiales consideraron a los hijos como víctimas directas de la violencia de género. Hasta ese año eran, para la administración, meros testigos. 

El trágico inventario deja una cifra para el oprobio: desde 2013, más de 427 niños y niñas se han quedado huérfanos por este tipo de crímenes, aunque la suerte para cada uno de ellos ha sido desigual.

Madrid, Extremadura, Murcia ignoran la orfandad por violencia machista

Un factor de esa desigualdad corresponde a la comunidad autónoma en la que residan; así, no es lo mismo ser huérfano de violencia de género en Aragón que en la Comunidad de Madrid.

En la primera, el huérfano tiene una prestación mensual de 420 euros hasta que cumpla los 18 años; en la segunda, no hay ayuda específica. Ni está ni se le espera, según la información que maneja la Federación de Mujeres Jóvenes, una de las asociaciones que más ha hecho por poner de relieve la desatención pública que sufren las familias de una mujer asesinada dentro o fuera de la pareja.

Habrá otras líneas de apoyo para menores huérfanos pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (y antes de ella, todos los ejecutivos del Partido Popular que han gobernado esta comunidad durante los años de desarrollo de las políticas contra la violencia de género) no contempla de manera perentoria apoyar de manera singular a los huérfanos de un drama como éste, sino que los observa, a efectos de orfandad, como si su madre hubiera fallecido por una enfermedad o en accidente laboral.

No es la única comunidad que olvida a estos menores. En concreto, hasta seis comunidades además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tienen ayudas para orfandad. Así junto a la Comunidad de Madrid están la administración regional de Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja.

Por el contrario, la radiografía actual de las ayudas de orfandad por violencia de género deja un mapa territorial de casuísticas sin un patrón fijo.

Por ejemplo, el Gobierno de las Islas Baleares, al menos hasta el 28M cuando ha empezado a gobernar el PP con el apoyo externo de Vox, realizaba a los huérfanos hasta cumplir los 22 años un pago mensual del 80% del IPREM, el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, la referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos.

En Castilla y León, se da al huérfano cinco mil euros anuales hasta los 18 años y la exención del pago de tasas universitarios a partir de esa edad si deciden cursar estudios superiores.

En el caso de Castilla La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE de García Page, se concede al menor una ayuda de cuatro mil euros al año si el agresor es el padre y tan sólo dos mil si el asesino era pareja de la víctima pero no progenitor del menor. Una distinción que no es respaldada ni comprendida por distintas expertas en igualdad con las que ha hablado este medio.

Y en Galicia, por ejemplo, se concede una ayuda anual de pago único de 7.000 euros para cada uno de las hijas o hijos de la víctima mortal de violencia de género que en la fecha del asesinato de la madre sean menores de edad y hubieran convivido con ella, independientemente de la renta familiar.

Cabe señalar que la Xunta gallega también ha renovado a principios de 2023 extender esta ayuda para los hijos de las víctimas hasta los 30 años, con lo que se atiende no sólo la vida del menor, sino su apoyo durante los años de su formación o búsqueda de empleo y futuro.

Cataluña, el Principado de Asturias o la Comunitat Valenciana son otras comunidades que tienen implantadas este tipo de pensiones con distinta cuantía.

Pensiones que, cabe señalar, como ayudas públicas derivadas de la administración autonómica, han de computarse como tributos que hay que presentar en la declaración de la renta. Por lo que, en muchos casos, los tutores legales del menor, su abuela, por ejemplo, sumaría un extra de ingresos. ¿Es peor el remedio que la enfermedad, entonces? Son los flecos de la complejidad administrativa lo que añade más dolor a un duelo irreparable sobre los que cabe hacer una reflexión en el debate público.

Según datos de la Federación de Mujeres Jóvenes, País Vasco y Navarra serían dos de las comunidades que ya han anunciado la creación de estas ayudas de manera inminente mientras Andalucía es la última que se ha sumado al listado de gobiernos autonómicos que han incorporado a su sistema una prestación específica para estos niños para los que su vida es, de partida, mucho más difícil que para el resto de sus compañeros de clase.

En lo que va de año, en España hay 51 menores huérfanos, 13 de ellos en Andalucía. Desde que existen estadísticas oficiales, el número se eleva a 427 en el conjunto nacional, 87 en provincias andaluzas; de hecho, es la comunidad con un mayor número de niños y niñas que han perdido a sus madres por causa de la violencia de género, seguida de Cataluña, con 69 menores y la Comunidad Valenciana con 47 huérfanos. El ranking coincide con las comunidades más pobladas. Es por esto que la creación de esta ayuda ha sido una de las recomendaciones apuntadas en el informe que firma la oficina del Defensor del Pueblo andaluz.

En concreto, el gobierno de Juanma Moreno, desde junio de 2022 con mayoría absoluta, ha anunciado esta misma semana la creación de una pensión anual de cinco mil euros anuales para menores huérfanos que gestionará el Instituto Andaluz de la Mujer. El decreto ley por el que se regula esta ayuda ya fue avanzado por el presidente en octubre pasado y se ha puesto en marcha ahora en la víspera del 25N.

Con todo, Andalucía lleva ya más de cinco años de retraso en la regulación de esta prestación.

En concreto, fue la ley andaluza de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que aprobó en sus últimos meses el gobierno socialista de la Junta de Andalucía en julio de 2018, la que recogía este derecho. Y fue entonces cuando, una vez más, Andalucía se puso a la vanguardia en sus políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista.

Una línea directa de indemnizaciones para los huérfanos por violencia de género

La diputada socialista Soledad Pérez hasta la legislatura pasada fue la encargada de llevar al Parlamento andaluz la proposición no de ley (PNL) para la creación de una línea directa de indemnizaciones para los huérfanos por violencia de género.

En aquella PNL, Pérez argumentó que “tras morir su madre, su padre, la mayor parte de las veces, es encarcelado por el crimen, y sobreviven sin ingresos o de forma muy precaria”. Pocos menores huérfanos logran cobrar las indemnizaciones por el asesinato de su madre “y si lo consiguen, es tras innumerables obstáculos y esperas de años”, sostiene Pérez, hoy abogada y consultora en planes de igualdad para empresas y administraciones.

Aquella PNL, presentada en marzo de 202, iba más allá y no sólo atendía a los menores sino a los hijos hasta los 26 años, porque entendía el PSOE que la administración debía respaldar, acompañar y proteger a los hijos en su etapa de formación académica o de sus primeros años en el mercado de trabajo, tantas veces, para estos chavales, abocados a la precariedad más absoluta.

“No hablamos de atender a una población universal, sino de poner el foco en una serie de niñas, niñas y jóvenes a los que se les ha hurtado vivir y crecer junto a sus madres. Si sumamos los beneficiarios, la cantidad final resulta apenas simbólica en el presupuesto general de la Junta”, opina Pérez sobre unas cuentas, que se han presentado recientemente y que superan los 46,7 mil millones de euros. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que es la que diseña y dota esta pensión de orfandad, maneja una cifra que ronda los tres mil millones.

De hecho, cabe recordar que esta PNL fue aprobada en su día por el conjunto de la cámara, con el apoyo de los partidos del cogobierno de PP y Ciudadanos y con el único rechazo de Vox. De ahí que no sorprenda ahora, que sea el partido de Santiago Abascal el que censure en Andalucía esta nueva medida implantada por el gobierno de Moreno.

Esta semana, de hecho, la ultraderecha se ha vuelto a quedar sola en el Parlamento de Andalucía en su discurso negacionista de la violencia de género. En concreto, Vox ha impulsado una PNL que busca equiparar las víctimas de violencia de género con las de violencia intrafamiliar. Su objetivo es reclamar al Ejecutivo andaluz que garantice “la misma atención para todos los huérfanos de violencia intrafamiliar, independientemente del sexo del agresor”, a fin de que “todos reciban el mismo apoyo y ayudas económicas”.

Para Soledad Pérez, “Andalucía dejó desde enero de 2019 de ser innovadora y ahora es tan solo cicatera. El gobierno andaluz debería estudiar las leyes que votó a favor porque siguen cogiendo polvo en una estantería de San Telmo”.

Más allá de las administraciones públicas está, por suerte, el trabajo abnegado de la sociedad civil, donde entraría el ejemplo de la Federación de Mujeres Jóvenes en colaboración con la Fundación Soledad Cazorla, en honor de la primera fiscal de Violencia de género, fallecida en 2015, y pionera en la lucha contra la violencia machista y en la atención a las familias víctimas.

La Fundación Soledad Cazorla lleva años desarrollando una serie de becas con la que buscan, defienden, no sólo rendir un merecido homenaje a Soledad Cazorla Prieto, sino que continuar con su labor y atender a una de sus principales preocupaciones: el apoyo y la protección de los hijos y las hijas que quedan huérfanos. “Nos dimos cuenta que en muchos casos, lo primero que hacían estas familias con las ayudas era ir al supermercado a llenar la neveras, estaban absolutamente abandonadas y desatendidas por las administraciones”, destaca Teresa Agustín, portavoz de esta Federación.

De ahí que el objetivo primero de las Becas Soledad Cazorla sea, en ausencia de las ayudas específicas, facilitar el desarrollo de estudios universitarios o el acceso a los servicios de refuerzo educativo o psicológico para estos huérfanos tratados como víctimas de segunda para las administraciones.

Este sábado 25N, con su día marcado en rojo en el calendario, aprovechamos las últimas líneas de este reportaje para ponerle deberes a la nueva titular de Igualdad, Ana Redondo: grosso modo, falta coordinación entre administraciones, también unas ayudas propias por parte del Estado, falta ponerle un foco, desde el desarrollo del Pacto por la Violencia de Género, a los menores en las campañas institucionales, que no tienen un día propio en el calendario de igualdad, falta el compromiso pleno de todas las comunidades autónomas y falta ponerse en la piel de esos críos, víctimas del maltrato sostenido en el tiempo, testigos de la conversión de sus padres o parejas de sus madres en verdugos.

Falta, a fin de cuenta, compromiso y sensibilidad con estos huérfanos, el eslabón más vulnerable en la dramática cadena a la que no se le ve el fin de la violencia machista.