25 reporteros y 70 'periodistas ciudadanos' han sido asesinados

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado este jueves que 25 periodistas profesionales y 70 periodistas ciudadanos han sido asesinados en Siria desde el inicio de la guerra en 2011. Seis de ellos –todos reporteros profesionales– eran extranjeros, mientras los 89 restantes tenían nacionalidad siria. Además, la organización asegura que 14 periodistas extranjeros y 60 sirios están en paradero desconocido después de haber sido detenidos o secuestrados.

Con estos datos en la mano, RSF no duda en asegurar que Siria es actualmente "el país más peligroso del mundo para los periodistas, los periodistas ciudadanos y otros activistas de la información". La organización acusa tanto al Gobierno como a la oposición de atacar a los reporteros, y acusa a esta última de ser "cada vez más responsable" de los abusos cometidos contra los trabajadores. RSF pone el punto de mira, especialmente, en las facciones "yihadistas" de los rebeldes, las cuales, según asegura la ONG, son responsables de "la mayoría de los abusos que Reporteros Sin Fronteras ha registrado en los últimos meses".

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RSF atribuye este hecho a que las facciones extremistas pretenden "imponer su ley en los territorios que controlan", y nombra especialmente a dos: Jabhat Al-Nosra y Dawla Islamiya –también conocida con el nombre de "Estado Islámico de Irak y Siria", y vinculada a Al Qaeda–. En este sentido, explican que las detenciones de periodistas se llevan a cabo por "Comités Legales" que los grupos armados de la oposición han creado para administrar justicia en las zonas bajo su control. "Cada grupo armado establece una fuerza de policía, tribunales y cárceles en el territorio que controla", asegura la organización.

La organización afirma que, tras tomar Alepo, varios grupos rebeldes crearon la Corte Unida de Alepo, un tribunal pensado para sancionar los abusos cometidos por parte del Ejército Libre Sirio –el grupo opositor armado más importante– contra la población civil. Sin embargo, RSF asegura que, en la práctica, la falta de recursos ha hecho que este tribunal carezca de poder real y que sean los diferentes tribunales creados por cada facción rebelde los que se encargan de dictar sentencias contra los prisioneros. Así, estos tribunales aplican leyes diferentes, dependiendo del juez y la tendencia política del grupo que controla el territorio, y "basan sus decisiones directamente en textos religiosos", lo que tiene como consecuencia, según RSF, "decisiones arbitrarias" tanto en las detenciones como en las sentencias.

Reporteros Sin Fronteras acusa también al Gobierno del dictador Bachar El Asad de asesinar y detener periodistas, y asegura que "varios periodistas ciudadanos y otros activistas de la información han sido asesinados por el ejército regular en los últimos tres meses mientras estaban recopilando información". La organización pone de relieve el caso del juicio contra Mazen Darwish, director del Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión (SCM), y dos de sus empleados, que se enfrentan a quince años de prisión por "dar publicidad a acciones terroristas" en virtud del artículo 8 de la ley antiterrorista promulgada por El Asad en 2012. Según denuncia RSF, "los cargos constituyen claramente una violación de la libertad de información".