El Ejército francés no habría podido soñar con un calendario más propicio. Cuando faltaban tres semanas para que concluyese oficialmente la misión de la operación Sangaris, final previsto para el 31 de octubre de 2016, se filtró a la prensa un memorándum interno de Naciones Unidas. En el documento se recogen las acusaciones de violación que pesan sobre las tropas internacionales destacadas en el país centroafricano y sugiere que las víctimas “pudieron haber sido gratificadas económicamente para que testificaran”.
Qué importa que el documento se centre fundamentalmente en los abusos cometidos por las tropas de Gabón y de Burundi. Qué importa que no cuestione las acusaciones de violacionesde menores de las que se culpó a soldados franceses en las inmediaciones del campo de refugiados de Mpoko, en Bangui, capital de la República Centroafricana. Qué importa que dichas “gratificaciones económicas” se refieran a las ayudas proporcionadas por organizaciones humanitarias. Se ha sembrado la duda. Y el Ministerio francés de Defensa se aprovecha al subrayar la “frivolidad” de Unicef, que ha reunido los testimonios acusadores.
Sin embargo, pocas dudas tiene quien se molesta en llevar la investigación hasta Boda. Situada a 190 kilómetros de Bangui, conserva la atmósfera de las pequeñas ciudades mineras. La carretera que conduce a la localidad puede decirse que está bien conservada: nos encontramos en la región natal del presidente fundador de la República Centroafricana Barthélémy Boganda y del autoproclamado emperador Jean-Bedel Bokassa. La arteria más animada de la ciudad es una estrecha franja de tierra batida que parte de la rotonda donde esperan los mototaxis. Allí, la que fuera una estación de servicio Total ha sido reconvertida en bar. Cuando cae la noche, los buscadores de diamantes dejan la mina y se disponen a gastar en cervezas las eventuales ganancias del día. Allí, en un bosque ecuatorial, se encuentra la supuesta prueba de que un soldado francés agredió sexualmente a una menor.
La familia Pazoukou vive en una casa de ladrillo, a 200 metros de la antigua estación de servicio Total. La puerta de la entrada carece de cerradura. El joven Elie* alegra el ambiente con sus balbuceos. Tiene 17 meses y disfruta jugando con la papilla del desayuno. Tiene la tez clara. En el vecindario le llaman “el francés”.
15.000 francos CFA
Cuando los soldados franceses de la fuerza Sangaris llegaron a Boda, en febrero de 2014, instalaron su base en pleno centro de la ciudad. Trataron de interponerse entre grupos antibalaka –erigidos en defensores de los cristianos de la ciudad– y grupos de “autodefensa” musulmanes. En aquel momento, las matanzas ya habían causado cientos de víctimas.
Noella Pazoukou, una de las mujeres de la familia, empezó a vender tomates a los sangaris en un pequeño puesto situado frente a la base. El cabello, peinado con trenzas, dejaba al descubierto un rostro adolescente. Un día del verano de 2014, un militar francés se fijó en ella. A través de un intermediario, un joven de la zona de nombre Alban, le dijo unas palabras bonitas y la citó una tarde a las 18.00. La adolescente aceptó sus proposiciones. “Me invitó a entrar en una casita del campamento. Hicimos el amor. Fue mi primera vez. Al acabar, me dio 15.000 francos CFA [23 euros]. Pero en el camino de vuelta, los antibalaka, que estaban patrullando, me los quitaron”, cuenta Noella en su lengua materna, el sango, con la voz temblorosa. La joven no habla francés: abandonó los estudios en primaria. La meningitis que padeció a los siete años le ha dejado secuelas; durante mucho tiempo perdió el habla y sigue teniendo problemas de audición. La entrevista se desarrolló, en su casa, los días 13 y 14 de octubre de 2016, su relato se ve interrumpido por las idas y venidas al tenderete que le sirve de cocina donde mantener el fuego: “Nos volvimos a ver otra vez, en el mismo sitio. Tuvimos otra relación sexual. Y después, un día, se marchó con el resto de sus compañeros. Nunca he vuelto a tener noticias suyas”.
¿Menor en el momento de los hechos?
A principios de 2014, los soldados franceses destacados en Boda cedieron el testigo a los cascos azules de la Minusca, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en la República Centroafricana y regresaron a Francia. Noella se vio atrapada por la guerra. Junto a su madre y sus siete hermanos y hermanas, tuvo que dejar la casa familiar. “Huimos a la selva por las masacres cometidas en la ciudad. Entonces ya estaba embarazada. Al volver a casa fue cuando le dije a mi madre que no me encontraba bien”. La progenitora –cuyo marido murió cuando Noella todavía era una niña– trató de sacar adelante a la familia vendiendo hojas de koko y orugas tostadas. Cuando la niña le contó que se había quedado embarazada de un soldado francés, a Solange Pazoukou le costó creerla. Hasta el día del parto, cuando vio el rostro del bebé, de tez prácticamente blanca.
Cuatro meses después del nacimiento de bebé, en agosto de 2015, Solange Pazoukou presentaba una denuncia ante las autoridades centroafricanas, después de “haber escuchado en la radio un programa sobre abusos sexuales”. El 4 de septiembre de 2015 se abrió una investigación por “la violación cometida por una persona que abusó de la autoridad que le confieren sus funciones”, según confirma la Fiscalía de París. Si bien no ha quedado demostrado que hubiese forcejeo ni violencia, el autor puede ser acusado de agredir sexualmente a una menor de más de 15 años, abusando de la autoridad que le confería el ejercicio de sus funciones (artículo 227-27 del Código Penal francés) y de violación de consignas. Porque Noella, en el momento en que sucedieron los hechos, muy probablemente era menor. Tenía 16 años, según los resultados preliminares que se desprenden de las investigaciones llevadas a cabo en Francia. 16 años, dicen tanto su madre como el fiscal de Boda, Olivier Mbombo Mossito.
Cinco meses para ir a Boda
La familia Pazoukou no tiene ninguna posibilidad de que el caso se judicialice en su país: en virtud de un acuerdo, alcanzado entre el Gobierno francés y el Ejecutivo centroafricano el 18 de diciembre de 2013, días después del despliegue de los efectivos de la operación Sangaris, los militares franceses que se declaren culpables de crímenes o de delitos en el transcurso de la misión sólo pueden ser juzgados por la Justicia francesa. Una unidad específica de la Gendarmería Nacional, la Gendarmería Prebostal, es la encargada de las investigaciones que conciernen a militares en operaciones en el exterior.
La Fiscalía de París, que se hizo cargo de la causa en 2015, tardó ocho meses en remitirle a las autoridades centroafricanas una petición de asistencia penal internacional –a la que hemos tenido acceso– para que, entre otros motivos, “se iniciara la comparecencia de todos los testigos susceptibles de aportar elementos sobre los hechos o sus circunstancias”. Hará falta esperar todavía cinco meses para que los gendarmes franceses se desplacen a Boda para mostrarle a Noella fotos de militares, con el fin de identificar al padre.
El calendario no juega a favor de la familia Pazoukou. Entre tanto, el principal testigo Alban –que ejerció de intermediario– se marchó de Boda a Bangui. En cuanto a Noella, se le pide que identifique por unas fotos a un hombre al que había visto por último vez dos años antes. Un hombre con el que se citó en dos ocasiones.
Problema logístico
La publicación del memorándum de la ONU que sugiere que víctimas centroafricanas pudieron haber recibir dinero a cambio de declarar en contra de las tropas internacionales ha merecido más atención mediática y política que el testimonio de las menores. Pero, paradójicamente, el único caso en el que existen evidencias materiales de los abusos, el de Boda, parece merecer una atención limitada, también por parte de los investigadores que se ocupan del caso. Pese a que cuando todo ocurrió el hombre llevaba el cráneo afeitado, en algunas de las fotos que vio Noella no presentaba ese aspecto. Pese a que han conocido al niño, los investigadores franceses no le han realizado una prueba de ADN. Simplemente le preguntaron a la familia por su grupo sanguíneo, que desconocen.
En cuanto al hecho de que la supuesta víctima tardase en prestar declaración, se debió, según dos fuentes conocedoras del caso, a un problema de... transporte. Efectivamente, los gendarmes esperaron varios meses a que la operación Sangaris pudiese poner a su disposición un helicóptero con el que dirigirse a Boda. Pregunta por esta demora, el Ministerio francés de Defensa asegura que "el Ministerio coopera con las autoridades judiciales".
La anécdota lleva a cuestionar el estatus y la independencia de los gendarmes prebostales, esos militares encargados de investigar asuntos que atañen a militares con los medios de los militares. “La prebostal se apoya en las fuerza armada con la que se despliega. Dispone de los medios de la Gendarmería (de su armamento, de los medios de la Policía Científica), pero dependen realmente de la fuerza para apoyarlos", confirma la vicefiscala de Asuntos Penales Militares del Tribunal de Apelación de París, Sandrine Guillon. “Y si se necesitan medios militares para la misión militar, está claro que siempre va a tener prioridad antes que una investigación de la prebostal”.
La retirada gradual de los medios de la Sangaris puede explicar, según la magistrada, la lentitud de los investigadores. Una vez concluida la misión, a finales de octubre, cabe preguntarse, con razón, si los helicópteros van a seguir despegando con destino a Boda.
Oleadas de acusaciones
A finales de octubre de 2016, la denuncia de la joven de Boda se sumaba a la docena larga de denuncias que tenía ya sobre la mesa la Fiscalía de París relativas a violaciones y agresiones sexuales cometidas por soldados de Sangaris. Desde abril de 2015, cuando el diario británico The Guardian publicaba un informe interno de la ONU que denunciaba la violación de cuatro niños (según las víctimas, realizaron felaciones a cambio de dinero o de comida), la lista de las acusaciones contra los soldados galos ha ido en aumento. Oficialmente, la Fiscalía de París, encargada de la instrucción, no quiere “dar” cifras y prefiere “hablar cuando hayan concluido las investigaciones, sin entrar en especulaciones”.
Después de la primera ola de acusaciones de niños del campamento de desplazados de Mpoko, en Bangui, Unicef llevó ante la Justicia un informe de 2016, según el cual se había cometido, supuestamente en la región de Dekoa, en el centro del país, un centenar de violaciones. El informe apunta fundamentalmente a soldados de los contingentes de Burundi y de Gabón, pero también cita, al margen, a las fuerzas francesas. Hay que añadir los testimonios recabados también por los investigadores centroafricanos, que han identificado y tomado declaración a una docena de víctimas del caso Mpojo (todas no acusaban a militares franceses), según el entonces responsable de la Sección de investigación de la Gendarmería de la República Centroafricana, el lugarteniente Kossi, entrevistado el 18 de octubre en Bangui. Por último, más recientemente, una asociación centroafricana presentó una denuncia por la violación colectiva supuestamente cometida por efectivos de la Sangaris cerca de Pont Jackson, en Bangui.
Signos de malos tratos
Puestos al habla con Médicos sin Fronteras, la ONG asegura -existen informes médicos que así lo constatan- haber denunciado ante la Justicia francesa tres nuevos casos de violaciones de menores, dos hermanos, niño y niña, de 7 y 9 años y una joven de 13 años. Los expedientes y los certificados médicos de la ONG supuestamente confirman que una de las víctimas sufrió violencia sexual y malos tratos.
El Ministerio de Defensa también parece admitir que los soldados franceses destacados en el centro de África cometieron violaciones o abusos sexuales. Dicho Ministerio, contactado por e-mail el 20 de diciembre de 2016, recuerda que en lo que a este tipo de casos se refiere, "una vez conocidos los hechos e identificados los autores", los "militares investigados" son "apartados del teatro de operaciones" y se les impone "sanciones disciplinarias que pueden variar desde la degradación, en el caso de los mandos, a la rescisión del contrato". Preguntado por el número de casos de que tiene constancia, el Ministerio no ha respondido.
Los casos en los que trabaja la Fiscalía de París ¿son la punta del iceberg? Según los documentos y los relatos recabados en la República Centroafricana y en Francia entre exmilitares de la misión Sangaris, militares franceses negociaron los favores sexuales de civiles (hombres y mujeres), menores y mayores de edad. Hechos que los jueces franceses puede que algún día califiquen de violación de menores o de agresión sexual al abusar de la autoridad que les confiere el ejercicio de sus funciones. Esta prostitución de supervivencia parece que pudo ser tolerada por el mando militar de Bangui, también después de que el Ministerio de Defensa recibiese, en julio de 2014, la primera ola de denuncias (los niños de Mpoko). Efectivamente, los altos mandos habían sido alertados de la conducta de riesgo de sus subordinados.
Denuncias por escrito
El 3 de agosto de 2014, ocho meses después del comienzo de la operación, varios altos mandos franceses presentes en Bangui denunciaron por escrito al general L., de la Inspección General de los Ejércitos, las disfunciones relacionadas con el campamento Sangaris, situado en las inmediaciones del campo de desplazados de Mpoko. En esos documentos internos del Ejército, titulados “Informe sobre la protección de la fuerza” y a los que hemos tenido acceso, suboficiales y un oficial superior (un coronel) alertan a su mando.
Hablan del campamento francés como de un “verdadero gruyère” en el que es difícil evitar “los robos y las intrusiones”. Un sargento también pide que la entrada al aeropuerto se refuerce con alambradas de espino porque “la gente puede acceder sin pasar control alguno, lo que convierte el trabajo de las Fuerzas Armadas en prácticamente inútil”. Y añade: “El campo de refugiados [que está pegado al campamento militar] tendría que estar mejor cerrado porque causa muchos problemas, sobre todo la demanda de raciones que esos mismos refugiados hacen a los soldados. También permite que se infiltre (sic) más o menos fácilmente una red de prostitución que funciona hasta la madrugada”.
Un coronel añade: "Esta cercanía a los locales hace que proliferen las propuestas que incluyen alcohol, drogas y prostitución". Un sargento pide de inmediato que "aumente la prevención en materia de prostitución que puede perjudicar la imagen de la fuerza". También habla de "la utilización de niños para perturbar el trabajo de los centinelas y de las patrullas". Otro suboficial señala que los militares se encuentran con "problemas de prostitución al caer la noche a la entrada de los controles de acceso y del APOD [Air Point of Debarquement]. ¿Qué medidas tomó el mando al frente de la operación tras estas denuncias? Preguntado al respecto, el Ministerio de Defensa no responde, pero señala que "Francia aplica una política estricta de 'tolerancia cero' en materia de explotación y de abusos sexuales".
Hay otra cuestión que corrobora la tesis de que se trataba de un campo en el que se entraba y se salía sin demasiado control. Según fuentes conocedoras del caso, “entre los documentos desclasificados [materia de defensa en el marco de la investigación judicial] figura un informe no manuscrito que refiere los mismos problemas”, la porosidad del campo y la prostitución.
Jules* oficial desplegado durante 11 meses en la República Centroafricana (en 2013 y 2014) tuvo tiempo de verse confrontado en numerosas ocasiones a esta prostitución de miseria teñida de abusos de autoridad. La primera vez, recuerda, un soldado de guardia que no era de su unidad fue sorprendido in fraganti por su superior en el momento en que alguien “se la chupaba a través de la verja” del campamento francés, en Bangui. No precisa si se trata de una menor o no. Otra vez, uno de sus colegas, que había recurrido a los servicios de una prostituta, tuvo que ser repatriado por razones médicas (probablemente para recibir antiretrovirales). Motivo: se le había roto el preservativo.
En otra ocasión, el superior pudo tener conocimiento de que una madre de familia había vendido los favores sexuales de su hija a varios soldados. “Era un grupo de combate, niños, que tenían entre 18 y 25 años, como mucho”. Jules reclama confirmación a su jefe: “Estaba enfadado, me respondió: ‘¡J...! ¡Me importa una mierda! No sé donde sucedió pero a priori, sí, es así [lo que pasó]”. Realizada la comprobación, el caso nunca llegó a la Fiscalía de París.
Sangaris no responde a la ONU
Por aquel entonces, entre abril y noviembre de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU abría una Comisión de investigación internacional sobre la República de Centroáfrica para investigar presuntas violaciones de derechos humanos. Ésta recibe “varias alegaciones de violaciones y de abusos sexuales, procedentes de víctimas y de ONG, que apuntan a los cascos azules de la Minusca y a los cascos azules africanos de la Misca y Sangaris”, recuerda uno de los tres investigadores de la Comisión, la abogada mauritana Fatimata M’Baye, que ha aceptado responder a nuestras preguntas. “Efectivamente, nos dijeron que algunos sangaris mantenían relaciones con menores, con niñas menores”.
Los investigadores se dirigieron entonces, “en varias ocasiones”, al cuartel general de Sangaris para “hablar con el mando” al frente: “Era necesario saber qué equipo estaba en tal sitio, pero no hubo forma. Se trataba de una cuestión bastante sensible, no quisieron hablarlo con nosotros. Comprendimos que no era la primera vez que se vertían semejantes acusaciones contra ellos”.
Ante la falta de respuestas y para evitar “un informe demoledor”, la Comisión se concentra en las otras fuerzas armadas que se encontraban en el punto de mira. En el documento, publicado el 6 de diciembre de 2014, cinco meses antes de que vieran la luz las revelaciones de The Guardian, desliza esta frase: “La Comisión ha recibido alegaciones sobre violaciones [de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario] cometidas por las fuerzas de la Misca, de la Minusca y de Sangaris”. Pero alegó entonces disponer de “recursos limitados” a la hora de justificar que no se investigaran las acusaciones que implican directamente a los franceses.
Invitado a confirmar la existencia de dichos encuentros con los expertos de Naciones Unidas y a explicar el "bloqueo" mencionado por la abogada mauritana, el Ministerio de Defensa no ha respondido a nuestras preguntas.
“Muy poca intimidad propicia para actos sexuales”
El mando encargado de Sangaris ¿quería dar la primicia de sus declaraciones a la prebostal? No parece desprenderse así de la lectura del acta de la investigación realizada por los gendarmes franceses (de fecha del 5 de mayo de 2015), a la que hemos tenido acceso. En sus comparecencias de los días 2 al 9 de agosto de 2014, dos oficiales franceses, uno destacado en el seno de las fuerzas europeas EUFOR, el otro en el destacamento 152 de Colmar– decían sentirse “estupefactos por las acusaciones” de violación. “Dada la proximidad física de sus hombres”, los “hechos de esta naturaleza no podrían haberse realizado con discreción y habría sido precisa, necesariamente, la complicidad de mucho personal”, responden.
Declaraciones cuando menos sorprendentes cuando se sabe que en esas mismas fechas, el 3 de agosto, varios subordinados remitían a la Inspección General de los Ejércitos, en París, los informes en los que alertaban de la porosidad del campamento, de la fuerte presencia de prostitutas y de niños alrededor de los puestos de vigilancia y de patrulla. Se trata de diferentes documentos redactados por suboficiales a sus órdenes, cuyo contenido y existencia resulta difícil imaginar que pudieran ser ignorados.
En cualquier caso, las respuestas de los oficiales superiores de Sangaris tendrán el efecto deseado. En la síntesis de la investigación, los prebostales concluirán que “sobre el terreno hay muy poca intimidad propicia para actos sexuales”el terreno.
* Para garantizar el anonimato de las personas implicadas, se han cambiado sus nombres.
#ZERO IMPUNITY ha abierto una petición en Change.org para pedir al presidente de la República Francesa, François Hollande, para que antes de abandonar el cargo, dentro de apenas cuatro meses, siente las bases de un plan de acción contra la impunidad de la violencia sexual de algunos de sus soldados y presente una hoja de ruta clara a su sucesor en esa dirección. Si quieres apoyar la petición con tu firma, haz clic en este enlace.
infoLibre forma parte del proyecto internacional ZERO IMPUNITY (Impunidad Cero). Este consorcio integrado por varios medios de comunicación documenta y denuncia la impunidad que ampara a los autores de agresiones sexuales en conflictos armados.
En colaboración con un consorcio de medios de comunicación internacionales, infoLibre publicará seis investigaciones exclusivas que desentrañan los mecanismos de impunidad existentes en el seno de nuestras instituciones públicas, de nuestras organizaciones internacionales e incluso de nuestros Ejércitos. ZERO IMPUNITY también es un trabajo de investigación que incluye una verdadera acción ciudadana.
La ONU, incapaz de reprimir los escándalos sexuales en misiones internacionales
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies y Marion Guth (a_BAHN), que se definen como “documentalistas activistas”, han hecho posible el proyecto. Una entrevista con una víctima se encuentra en el origen del proyecto, se trata de un testimonio que les afectó especialmente. "Si me permito hablarles hoy, y por tanto descubrirme, es preciso que tenga la certeza de que mis palabras serán escuchadas". La frase resono en ellos como un detonador. Las agresiones sexuales en conflictos armados están detrás de las condiciones de su propia impunidad. ZERO IMPUNITY destapa los juegos del poder, las relaciones de fuerzas y las deficiencias judiciales existentes el seno de las grandes instituciones y de los Estados. ZERO IMPUNITY aspira a replantearse la noción de activismo on line movilizando a los lectores gracias a testimonios firmes y a investigaciones concluyentes.
Además, con la primera manifestación ciudadana virtual, este proyecto pone a disposición de los ciudadanos una herramienta viral dirigida a presionar a los Estados y a las instituciones internacionales con el objetivo de lograr cambios concretos y de dar voz con ella a las víctimas para que se haga más justicia.
Traducción: Mariola Moreno
El Ejército francés no habría podido soñar con un calendario más propicio. Cuando faltaban tres semanas para que concluyese oficialmente la misión de la operación Sangaris, final previsto para el 31 de octubre de 2016, se filtró a la prensa un memorándum interno de Naciones Unidas. En el documento se recogen las acusaciones de violación que pesan sobre las tropas internacionales destacadas en el país centroafricano y sugiere que las víctimas “pudieron haber sido gratificadas económicamente para que testificaran”.