“De la evasión fiscal a la elusión fiscal”. Con esta frase resume la Plataforma por una fiscalidad justa el Convenio contra la Doble Imposición (CDI) que han firmado los Gobiernos de España y Andorra. Un acuerdo que será aprobado en el Congreso este mes de junio y que permitirá a las empresas españolas pagar menos impuestos creando filiales y deslocalizándolas en Andorra, donde el impuesto de sociedades es del 10%, lejos del 30% que pagan en España las grandes empresas, y del 25% que corresponde a las pequeñas y medianas. El país vecino cree que con este convenio bilateral (y con las ventajas fiscales que ofrece) atraerá el negocio de las corporaciones españolas.
Precisamente la banca andorrana lleva tiempo haciendo presentaciones en España para captar inversores, unos eventos que se están centrando especialmente en Cataluña y que se frenaron en seco con el estallido en marzo del caso BPA, cuyos fondos quedaron bloqueados al saberse que EEUU le estaba investigando por, supuestamente, haber servido al crimen organizado para blanquear dinero. Desde la Plataforma apuntan que este acontecimiento generó inseguridad jurídica entre los inversores ante la posibilidad de que se dieran nuevos casos en la banca andorrana. "Nadie quiere que su dinero se quede bloqueado", comentan.
Las presentaciones se retomaron hace semanas, una de ellas el 13 de mayo en la sede del bufete Cuatrecasas, en Barcelona, auspiciada por la Banca Mora. Estas charlas tienen también la intención de formar a asesores fiscales para que difundan las ventajas que el CDI aportará a las empresas españolas, explican desde la Plataforma por una fiscalidad justa.
Según los firmantes del acuerdo, el CDI pretende que las empresas residentes en Andorra que presentan servicios a España (su principal socio comercial) no paguen aquí el 24% en Impuesto de la Renta de no Residentes (IRNR) y solo tributen un 10% en su país. El Gobierno español argumenta que este convenio pretende "evitar la doble imposición con respecto al impuesto sobre la renta, sin generar oportunidades para la no imposición o la imposición reducida a través de la evasión o la elusión fiscales", según se informó tras la firma del acuerdo el pasado 8 de enero.
Sin embargo, desde la Paltaforma por una fiscalidad justa tienen claro el objetivo del convenio: animar a las empresas españolas a que deslocalicen sus filiales en Andorra para así pagar menos impuestos.
Empresas de servicios y tecnológicas, pero no todas
A Andorra le interesan especialmente empresas tecnológicas, de cosméticos y de servicios sanitarios y educativos (por ejemplo escuelas de negocios internacionales). Sin embargo, el pequeño país se guarda un as en la manga. “Quieren este tipo de sociedades pero no quieren competencia total. El Gobierno podrá vetar a las inversiones que considere perjudiciales para su mercado interno”, explican a infoLibre desde la Plataforma por una fiscalidad justa, que ha iniciado una campaña informativa para concienciar a los ciudadanos de los efectos de este acuerdo.
De hecho, recientemente un grupo de 16 empresas han creado un lobby para forzar al Gobierno del Principado a que retire la autorización concedida a Saltoki, el tercer grupo español en distribución de complementos tecnológicos. Los empresarios que se oponen a esta firma acusan a la compañía navarra de prácticas comerciales agresivas basadas en el dumping.
Para quienes sí están abiertas las puertas es para las grandes multinacionales como Google, Facebook, Apple o Starbucks, que disponen de sociedades de régimen especial que pagarían un 2% de impuestos. Los requisitos que han de cumplir para ello son contratar un trabajador a media jornada y disponer de un local de al menos 20 metros cuadrados. El Principado estaría encantado de conceder la residencia fiscal a empresas que operen desde Andorra pero que distribuyan su producto a escala global, evitando así la competencia a su mercado nacional.
¿Qué gana con ello Andorra y qué España?
Según la Plataforma por una fiscalidad justa, “España no gana nada, al contrario, dejará de ingresar dinero en concepto de impuesto de sociedades”, un dinero que irá a parar a las arcas de Andorra, que tradicionalmente han sido muy débiles por la ausencia de impuestos. Esto, junto a la necesidad de homologar su fiscalidad con la UE, le ha llevado a introducir nuevos tipos impositivos aunque muy por debajo de la media europea: el IVA al 4,5%, el IRPF por debajo del 10%, y el impuesto de sociedades al 10%.
El presidente de la Asociación andorrana de Asesores Tributarios y Fiscales, Marc Villalonga, tiene claro que Andorra se puede convertir en un “país puente”, en el “Miami del sur de Europa”. Y lo hará basándose en un modelo que ya está inventado, copiando a Luxemburgo, Holanda o Dubai.
El pequeño país quiere cambiar de 'motor'
Durante décadas, Andorra ha desarrallo políticas proteccionistas con las que evitar una excesiva competencia a sus productores nacionales. De hecho, para que un extranjero pudiera abrir un negocio en el Principado tenía que haber vivido en él durante al menos 20 años, una condición que se ha ido debilitando en la última década. Conscientes de que Andorra no va a desarrollar una industria potente, su Gobierno ha planteado todas las reformas antes citadas para atraer servicios sanitarios, educativos y tecnológicos, que no compiten con los productores nacionales pero sí pagan impuestos.
La banca representa casi el 20% de su economía, y ante el final de los paraísos fiscales pronosticado por la OCDE para 2018, Andorra quiere que su sector financiero cambie de modelo antes de que sus bancos tengan que facilitar información de manera automática. Una información que nuevamente podría comprometer a sus clientes y a las propias prácticas de su sistema bancario. Con intención de diversificar el negocio, las grandes entidades del país iniciaron su expansión a España, Mónaco, Miami, Panamá, México o Perú.
El turismo podría ser otro de los pilares de su economía si no fuera por el enorme peso de la temporalidad: en invierno el negocio está asegurado, pero no en verano. Sus servicios se han desarrollado entorno a la nieve, así que es prácticamente la única posibilidad con la que se encuentran los ocho millones de personas que visitan Andorra cada año. En su intento por eliminar este hándicap, el Principado trabaja ya para atraer a los turistas más adinerados.
“De la evasión fiscal a la elusión fiscal”. Con esta frase resume la Plataforma por una fiscalidad justa el Convenio contra la Doble Imposición (CDI) que han firmado los Gobiernos de España y Andorra. Un acuerdo que será aprobado en el Congreso este mes de junio y que permitirá a las empresas españolas pagar menos impuestos creando filiales y deslocalizándolas en Andorra, donde el impuesto de sociedades es del 10%, lejos del 30% que pagan en España las grandes empresas, y del 25% que corresponde a las pequeñas y medianas. El país vecino cree que con este convenio bilateral (y con las ventajas fiscales que ofrece) atraerá el negocio de las corporaciones españolas.