El golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y la detención de la líder de facto del Gobierno, Aung San Suu Kyi, ponen punto final en Birmania a un experimento democrático que comenzó hace una década y que ha estado marcado en estos últimos años por las reiteradas denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos, especialmente contra la minoría rohingya, según informa Europa Press.
Las Fuerzas Armadas han marcado el devenir del país asiático durante las últimas décadas, desde que en 1988 se hiciesen con el poder. La junta militar, rebautizada como Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo en la década de los noventa, estableció un férreo régimen represivo que se cebó especialmente contra la oposición política, encarnada por Suu Kyi.
La líder de la Liga Nacional para la Democracia, hija de Aung San, fundador del Partido Comunista birmano y parte esencial de la independencia, regresó a Birmania en 1988 y pronto emergió como símbolo de las movilizaciones contra la junta. En 1989, fue detenida por primera vez, hasta el punto de pasar enclaustrada en su vivienda de Rangún gran parte de las dos décadas siguiente.
Pasó 15 de los 21 años transcurridos hasta 2010 encerrada en su casa, lo que le concedió un aura de activismo que tenía también el aval de un premio Nobel de la Paz --concedido en 1991, no lo pudo recoger--. La junta militar le concedió la libertad en noviembre de 2010, seis días después de unas inéditas elecciones parlamentarias, en un primer gesto que fue aprovechado por Suu Kyi en los años posteriores.
Al año siguiente, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo quedó disuelto oficialmente y dio paso a un gobierno civil liderado por el general retirado Thein Sein. El pasado militar se hizo palpable en la composición de este nuevo Gobierno, pero se sentaron las bases de un tímido aperturismo que culminaría con nuevas elecciones generales en 2015.
Elecciones de 2015
Entonces, la Liga Nacional para la Democracia hizo su valer su popularidad con una mayoría absoluta que sentó las bases de lo que ha sido Birmania en los años posteriores. La Constitución, sin embargo, prohíbe ser presidente a quienes no tengan la nacionalidad birmana o estén o hayan estado casados con ciudadanos extranjeros, como era el caso de Suu Kyi.
La premio Nobel asumió este límite, pero el Parlamento avaló la creación de un cargo a su medida, el de consejera de Estado, y Suu Kyi se ha mantenido durante estos últimos años como líder de facto del Gobierno birmano. La comunidad internacional aplaudía una transición democrática y el país volvía a estar abierto al mundo, como quedó de manifiesto en 2012 con la histórica visita del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Sin embargo, el optimismo de la nueva era se topó de bruces con una realidad que ponía en cuestión que Birmania hubiese pasado página. Las Fuerzas Armadas seguían teniendo un amplio margen de actuación y la actividad de grupos armados en ciertas zonas ponía en duda los acuerdos de paz suscritos años atrás y la capacidad de las nuevas autoridades para responder a los desafíos.
El punto de inflexión, sin embargo, llegó en agosto de 2017. Una serie de atentados desencadenó en el estado de Rajine una violenta ola represiva por parte de las Fuerzas Armadas, con los rohingyas como principal objetivo. Esta minoría musulmana, marginada históricamente hasta el punto de no tener derecho siquiera a la nacionalidad, se convertía de nuevo en objetivo.
Investigadores de la ONU concluyeron que hubo "intención genocida" en las operaciones lanzadas entonces por los militares, que forzaron a más de 700.000 personas a cruzar al vecino Bangladesh y a malvivir en unos campamentos que han llegado a sumar casi un millón de refugiados. Naciones Unidas considera a día de hoy que no se dan las condiciones para un retorno seguro.
El fin del mito
El Gobierno y las Fuerzas Armadas se esforzaron por defenderse frente a cualquier crítica, al mismo tiempo en el que Suu Kyi perdía su aura de mito y pasaba a convertirse en objetivo recurrente de críticas. Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos plantearon incluso la posibilidad de retirarle el Nobel de la Paz, a lo que el Comité Noruego respondió aclarando que no era posible.
Con la transición ya en cuestión y las Fuerzas Armadas reivindicándose como actor de primer nivel, llegaron las elecciones parlamentarias de noviembre de 2020, en las que de nuevo la Liga Nacional para la Democracia logró una holgada victoria frente al Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, bastión político de los militares.
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La oposición no escatimó críticas contra estos comicios y el tono se elevó en los últimos días, con las Fuerzas Armadas hablando abiertamente de la posibilidad de tomar el poder si no se asumían sus criterios. Así, la jornada en la que debía comenzar a funcionar el nuevo Parlamento ha sido la de una nueva asonada que retrotrae a Birmania a épocas pasadas.
Las Fuerzas Armadas han asumido el control del país auxiliados por el vicepresidente, Myint Swe —nombrado precisamente por los militares—, y han proclamado el estado de emergencia. Prometen convocar elecciones una vez concluya este periodo, en principio decretado durante un año.
Suu Kyi vuelve más de una década después a estar entre rejas. A través de un comunicado de su partido, ha pedido a la población que "resista con firmeza" a las acciones de una "dictadura militar", mientras las calles de las principales ciudades, como Naipyidó y Rangún, vuelven a estar patrulladas por las Fuerzas Armadas.
El golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y la detención de la líder de facto del Gobierno, Aung San Suu Kyi, ponen punto final en Birmania a un experimento democrático que comenzó hace una década y que ha estado marcado en estos últimos años por las reiteradas denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos, especialmente contra la minoría rohingya, según informa Europa Press.