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Brasil multa a Zara con 246.000 euros por irregularidades laborales en sus proveedores

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Las malas prácticas de sus proveedores brasileños le vuelven a costar a Zara un disgusto. La cadena de tiendas, punta de lanza de la multinacional Inditex liderada por el empresario Amancio Ortega, ha sido sancionada con 838.000 reales brasileños –poco más de 246.000 euros– por incumplir el acuerdo al que llegó en 2011 con el Ministerio Público de Trabajo carioca (el equivalente a la Inspección de Trabajo) para mejorar las condiciones de trabajo en algunas de sus empresas suministradoras. Así lo denuncia la ONG Repórter Brasil y varios medios del país, si bien la multinacional niega esta sanción y asegura que se trata de "un procedimiento puramente administrativo" que ya ha recurrido. 

El primer escándalo en el que se vio envuelto Inditex se produjo en 2011, cuando la multinacional se vio obligada a comprometerse a invertir 1,4 millones de euros al descubrirse que trabajadores –fundamentalmente bolivianos y peruanos– de algunas empresas brasileñas vinculadas a su cadena de producción ejercían su labor en una situación cercana a la esclavitud. El Ministerio Público de Trabajo de Brasil abrió 52 actas de infracción a Zara y pidió en un principio una indemnización de 5,89 millones de euros, una exigencia que luego rebajó a cambio de que la empresa accediese a crear un fondo de emergencia para resolver eventuales situaciones de precariedad de las condiciones de trabajo.

No obstante, según publican varios medios brasileños, la Inspección de Trabajo ha detectado nuevas irregularidades en algunos de los proveedores de Zara en el país y, de igual forma, denuncia que la multinacional se ha dedicado desde el año 2011 a cortar sus relaciones comerciales con las contratas que explotan laboralmente a sus trabajadores en lugar de obligarles a mejorar sus condiciones de trabajo.

"La compañía habría desviado el propósito de las auditorías internas: en lugar de mejorar las condiciones de los proveedores, aprovechó para identificar y desvincularse de los talleres de costura que emplean a inmigrantes, independientemente de si violan o no la ley", asegura en este sentido la ONG Repórter Brasil. La versión de Inditex es radicalmente diferente: "En línea con su política global de Responsabilidad Social Corporativa y con los objetivos del acuerdo firmado en Brasil en diciembre de 2011, Inditex ha eliminado cualquier posibilidad de precarización entre sus proveedores brasileños", asegura un portavoz.

7.071 trabajadores perjudicados

Repórter Brasil asegura que la actitud de Inditex provocó que muchos de los trabajadores perdieran su empleo y afirma que, en muchos casos, las empresas "habrían interrumpido la producción sin pagar sus deudas con los trabajadores". "La auditoría apunta a que a la multinacional usó los nuevos controles internos prioritariamente para eliminar riesgos para su imagen", remacha Repórter Brasil, que sostiene que según la inspección Zara no habría "detectado o corregido graves problemas que continuaron ocurriendo [desde 2011], como el trabajo infantil y los horarios excesivos".

En este sentido, la sanción a la que se enfrenta Inditex es precisamente por discriminar a estos trabajadores inmigrantes. Según informa el diario brasileño Folha de Sao Paulo, los inspectores detectaron 433 irregularidades en 83 pesquisas, unos fallos que habrían perjudicado a 7.071 trabajadores de 67 empresas, según Renato Bignani, coordinador del programa de erradicación del trabajo esclavo del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil. Y hay más: el Gobierno también ha pedido a la Inspección de Trabajo que imponga otra sanción de 7,3 millones de euros a Zara por haber incumplido el acuerdo al que llegó en 2011, si bien la medida está aún en estudio.

Pero Inditex niega la mayor. Cuestionado por infoLibre, un portavoz de la multinacional respondió que "no existe sanción o condena alguna a Zara en Brasil", y aseguró que se trata simplemente de "un procedimiento puramente administrativo que ya ha sido recurrido" y que la compañía confía en que "no va a sustanciarse". "Inditex está cumpliendo adecuadamente con los acuerdos contenidos en el acuerdo", afirma igualmente el portavoz que sostiene que las autoridades brasileñas "no han comunicado a Inditex inconformidad de ningún tipo", pese a que han llevado a cabo "2.800 auditorías" desde de 2012.

Inditex y Repórter Brasil dan versiones diferentes

"Las irregularidades a las que se refiere el actual informe de la autoridad laboral brasileña son en su mayor parte infracciones administrativas cometidas por las empresas proveedoras. Estas irregularidades nada tienen que ver con el caso sucedido en 2011, cuando se identificaron dos talleres que trabajaban con la empresa brasileña Ahà con condiciones de trabajo de gran precariedad", sostiene igualmente Inditex, que asegura que "las irregularidades a las que se refiere el informe actual son en muchos casos incumplimientos administrativos o problemas de carácter leve en cuestiones de salud y seguridad".

No obstante, Repórter Brasil recoge testimonios de dos extrabajadores bolivianos de una de estas subcontratas –que, según la ONG, proveyó de sus servicios a Zara en 2013– que desmienten esta versión. Estos extrabajadores denuncian que sus jornadas de trabajo se prolongaban hasta 18 horas, en las que tenían que producir un mínimo de 30 piezas si no querían que se les descontase la hora. Además, según su testimonio, el gerente era "muy violento" y llevaba una navaja al cinturón, y para más inri, tras un año de trabajo, la empresa les adeuda dinero.

"Para estos proveedores, la producción dirigida a Zara Brasil supone menos del 15% del total, es decir, que Zara es solo uno de sus muchos clientes; el restante 85% de su producción se dirige mayoritariamente a otras empresas brasileñas del sector de vestuario" se defiende el portavoz de la empresa, que asegura que "en la mayoría de los casos, tampoco las empresas proveedoras inspeccionadas han sido notificadas acerca de estas infracciones". "Parece lógico pensar –y así lo estipula la ley– que la Inspección de Trabajo debería haber planteado las diligencias oportunas, en caso de que lo considerase necesario, para su corrección", remacha Inditex.

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"Importantes inconsistencias" en el informe

Además, según la empresa, "el informe de la Inspección de Trabajo de Brasil contiene importantes inconsistencias", en las que se fundamenta su recurso y entre las que pone como ejemplo "que cinco de las empresas mencionadas en el informe nunca han trabajado para Zara Brasil, extremo que ha sido certificado por la compañía de auditoría SGS". En este sentido, el portavoz de Inditex recuerda que un informe hecho público por Repórter Brasil y SOMO –otra ONG– el mismo día que se conoció la multa admite que la compañía ha llevado a cabo "un aumento significativo" de sus inspecciones, así como que ha promovido "esfuerzos para estimular el cumplimiento del código de conducta de Inditex por parte de los proveedores".

No obstante, este informe también recuerda que "a pesar de estas mejoras, un problema importante en la industria de la confección brasileña es la alta incidencia de la externalización y la subcontratación, a través de las cuales los talleres irregulares se incorporan a la cadena de suministro". En estos talleres "hay un alto riesgo de graves violaciónes de los derechos humanos y laborales", según SOMO y Repórter Brasil, que sostienen que "los mecanismos de vigilancia de Inditex, a pesar de que se han reforzado, no enfrentan adecuadamente el problema".

Las malas prácticas de sus proveedores brasileños le vuelven a costar a Zara un disgusto. La cadena de tiendas, punta de lanza de la multinacional Inditex liderada por el empresario Amancio Ortega, ha sido sancionada con 838.000 reales brasileños –poco más de 246.000 euros– por incumplir el acuerdo al que llegó en 2011 con el Ministerio Público de Trabajo carioca (el equivalente a la Inspección de Trabajo) para mejorar las condiciones de trabajo en algunas de sus empresas suministradoras. Así lo denuncia la ONG Repórter Brasil y varios medios del país, si bien la multinacional niega esta sanción y asegura que se trata de "un procedimiento puramente administrativo" que ya ha recurrido. 

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