La idea del Partido Popular, aceptada por el Gobierno, de que la Comisión Europea ejerza de mediadora en la negociación para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (cuyos mandatos caducaron hace cinco años) va viento en popa a toda vela en círculos. La Comisión Europea no termina de aceptar el encargo de forma oficial y sigue arrastrando los pies. Entre otras cosas, cuentan fuentes comunitarias, porque no quiere ser vista como favorable a ninguna de las partes y porque es una situación inédita: el Ejecutivo europeo ha mediado algunas veces entre Estados miembros, pero nunca entre partidos políticos dentro de un Estado miembro. Meterse ahí es hacerlo en una bronca política nacional que intenta esquivar.
Este lunes un portavoz comunitario se excusó en el período vacacional de las últimas semanas para explicar que no se haya tomado una decisión oficial y ni siquiera reconoce que pueda hacer de mediadora, sino simplemente que estudia qué medidas puede tomar para hacer “avanzar el proceso”. Eric Mamer, portavoz jefe de la Comisión Europea, dijo el lunes durante la conferencia de prensa diaria, que “es responsabilidad de las autoridades españolas, no de la Comisión Europea”. Mamer pidió tiempo y no puso fecha, pero nadie espera una decisión esta misma semana y podría retrasarse hasta finales de mes o principios de febrero. Cuando llegue esa decisión, probablemente, cuentan las mismas fuentes, no sea para que la Comisión Europea ejerza de mediadora en una mesa entre Félix Bolaños y Estaban González-Pons.
A la incomodidad del brazo ejecutivo de la Unión Europea por la iniciativa del Partido Popular, aceptada por el Gobierno, se une la novedad, conocida este pasado fin de semana, de que este miércoles el Gobierno belga nominará al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, como su candidato para la secretaría general del Consejo de Europa (institución que no tiene nada que ver con la Unión Europea). Reynders era el hombre que el Partido Popular quería como mediador para sus reuniones con el Gobierno para renovar el CGPJ. Sin otros candidatos por parte de gobiernos de los 27, Reynders sería el candidato de la Unión Europea y tendría muchas probabilidades de suceder a la croata (que le ganó la partida en 2019) Marija Pejcinovic Buric.
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Reynders quería, en primer lugar, liderar la lista de su partido (MR, el liberal francófono) a las elecciones europeas. Pero el secretario general del mismo, Jean-Louis Bouchez, decidió que le adelantara el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Como ya ocurrió otras veces en el pasado. Así que el comisario, que fue en las últimas décadas ministro de Defensa, de Exteriores y de Finanzas, optó por pedir al Gobierno belga que le nomine a la secretaría general del Consejo de Europa. Reynders rechazaba liderar otra lista (en Bélgica hay elecciones regionales, municipales y generales el 9 de junio a la vez que las europeas).
Con Reynders oficialmente nombrado candidato este miércoles por su Gobierno al Consejo de Europa, el comisario deberá dimitir dentro de semanas o meses, pero siempre antes de junio, para hacer campaña entre los miembros de la Asamblea Parlamentaria del organismo con sede en Estrasburgo. La alternativa es que su jefa, la presidenta Úrsula Von der Leyen, le permita tomarse una excedencia de semanas para hacer campaña como hizo con la danesa Margrete Vestager cuando esta se postuló para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, carrera que terminó perdiendo contra la vicepresidenta española Nadia Calviño. Sus intereses parecen ya fuera de la vida diaria de la Comisión Europea.
El Consejo de Europa tiene 46 miembros y fue fundado hace 75 años. Su labor casi única es la defensa de los derechos humanos en el continente y todo lo que tenga que ver con eso, como la limpieza de los procesos electorales o el respeto a las minorías étnicas.
La idea del Partido Popular, aceptada por el Gobierno, de que la Comisión Europea ejerza de mediadora en la negociación para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (cuyos mandatos caducaron hace cinco años) va viento en popa a toda vela en círculos. La Comisión Europea no termina de aceptar el encargo de forma oficial y sigue arrastrando los pies. Entre otras cosas, cuentan fuentes comunitarias, porque no quiere ser vista como favorable a ninguna de las partes y porque es una situación inédita: el Ejecutivo europeo ha mediado algunas veces entre Estados miembros, pero nunca entre partidos políticos dentro de un Estado miembro. Meterse ahí es hacerlo en una bronca política nacional que intenta esquivar.