El Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedó malherido en marzo de 2020. Pilló un virus. La llegada de la pandemia llevó a la Comisión Europea a activar su cláusula de suspensión, porque mantenerlo en activo mientras los gobiernos disparaban el gasto para hacer frente a los confinamientos hubiera sido políticamente suicida. Ningún Gobierno protestó, ni los tacañones defensores del mito de la austeridad expansiva. La suspensión fue prolongándose año a año, justificada también por la guerra en Ucrania, hasta que este miércoles el Ejecutivo europeo presentó su propuesta de reforma, a sabiendas de que o se reformaba o no se volvería a aplicar.
La reforma que pretende hacer el equipo de Úrsula Von der Leyen arrasa con prácticamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original, dejando sus grandes objetivos pero cambiando tanto la letra pequeña que nadie lo reconocerá. Los gobiernos deberán ejecutar políticas presupuestarias que lleven la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit público por debajo del 3% del PIB. Pero el cómo se llega a esos parámetros cambiaría profundamente de aprobarse esta reforma que, con muchas prisas, podría aplicarse en 2024.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento original era una camisa de fuerza igual para todos. Se aplicaban las mismas reglas a países con el 70% de deuda y creciendo que a países con el 140% de deuda y en crisis. No funcionó nunca. Cuando hubo de imponer multas por incumplimientos no se impusieron porque políticamente eran tóxicas al ser demasiado elevadas para ser creíbles.
Los objetivos que buscaba eran demasiado ambiciosos, su funcionamiento demasiado complejo, su aplicación sujeta al final a decisiones políticas y por lo tanto a presiones políticas y toda la filosofía de la norma llevaba a que Bruselas imponía y las capitales nacionales tragaban.
El Pacto incumplió sus principales objetivos: no evitó que las deudas crecieran muy por encima del 60% en muchos países, no fomentó el crecimiento económico ni las inversiones para elevar el potencial de crecimiento de las economías y provocó un retraso inversor con respecto a China y Estados Unidos que todavía paga la economía europea.
Aquellas normas preveían que los gobiernos redujeran cada año una veinteava parte de la deuda que superara el 60% del PIB y ajustaran el déficit público a martillazos con recortes presupuestarios. Les dio por llamarlos “reformas estructurales”, manchando una expresión que ahora se intenta recuperar con los planes de recuperación ligados a los fondos Next Generation.
Si se aplicara ahora tal y como está y se forzara a reducir cada año una veinteava parte de la deuda que supera el 60% del PIB España o Francia tendrían que hacer un ajuste anual de 2,6 puntos de PIB. Portugal de más de un 3%, Italia de casi un 4% y Grecia de un 5,5%.
Un disparate económico que provocaría una profunda recesión, que además de arrastrar al conjunto de la Eurozona a la crisis tendría, como hace una década, efectos políticos que Europa ya conoce, como la subida de los partidos de extrema derecha. Nadie se cree en Bruselas que se pueda aplicar tal cual está y a la vez a prácticamente la mitad de los Estados miembro, entre ellos Francia, Italia y España.
Así que Bruselas, mientras intenta contentar al Gobierno alemán (su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, ya salió a criticar la propuesta, pero esa crítica se daba por descontada), olvida aquella norma inaplicable y busca hacer que el Pacto de Estabilidad no genere inestabilidad y que su aplicación sea posible. El plan ahora es que los gobiernos cuyo déficit público supere el 3% del PIB (España debe cerrar el año en el 4,4%) o el 60% de deuda pública (España la tiene ahora mismo al 113,2%) deban negociar con la Comisión Europea una senda a medio plazo (cuatro años, prorrogables a siete si se le añaden reformas e inversiones ligadas a ese plan) para reducir esos parámetros.
A cambio de aflojar la camisa de fuerza que preveía el original Pacto de Estabilidad y de hacer una receta para cada enfermo y no repartir la misma dosis de paracetamol a todos, sin fiebre, con 38 o con 40 grados, Bruselas pone condiciones: el déficit público debe bajar un 0,5% cada año hasta que esté por debajo del 3%. España tendría que reducir, de aplicarse a partir de 2024, ese 0,5% en 2024, 2025 y 2026. El Gobierno ya anunció que pretende tener el déficit al 3% a finales de 2024.
La otra condición importante es que el gasto público neto (sin contar el servicio de la deuda y el gasto en pensiones de desempleo) no debería crecer más que la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía. A cambio, Bruselas señala donde están las inversiones más necesarias: transición ecológica y digital, derechos sociales, seguridad y defensa, sanidad y dependencia.
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Una reducción que parece factible mientras la economía crezca según las previsiones. La Comisión Europea olvida el ricino de la reducción de una veinteava parte de la deuda pública superior al 60% cada año y se conformaría ahora con que el ratio de deuda sobre PIB al final del período negociado (2027 si fuera de cuatro años) no sea superior al registrado al inicio de ese período.
Decía el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni que el objetivo ahora será “asegurar una reducción más gradual, pero también más regular, de los niveles de deuda, pero a la vez acelerando el crecimiento”. 11 de 27 países tienen ahora mismo un déficit público superior al 3%. 13 de 27 tienen una deuda pública por encima del 60%. Sólo nueve países (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia) cumplen los dos criterios. El país cuya situación se parece más a la española es Francia (111,6% contra 113,2% de deuda y 4,7% contra 4,8% de déficit).
La reforma no tiene mucho tiempo para hacerse pero las diferencias entre los gobiernos parecen sustanciales y el debate será duro. Si España parece aceptarla a grandes rasgos, Francia la considera demasiado uniforme y se muestra “opuesta a reglas automáticas”. Lindner pretende volver al original Pacto de Estabilidad, pero está casi solo y ni siquiera está claro que tenga el apoyo de todo su Gobierno. A los mandos de los debates estará Nadia Calviño como presidenta de turno de las reuniones del Ecofin, las de los ministros de Economía y Finanzas.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedó malherido en marzo de 2020. Pilló un virus. La llegada de la pandemia llevó a la Comisión Europea a activar su cláusula de suspensión, porque mantenerlo en activo mientras los gobiernos disparaban el gasto para hacer frente a los confinamientos hubiera sido políticamente suicida. Ningún Gobierno protestó, ni los tacañones defensores del mito de la austeridad expansiva. La suspensión fue prolongándose año a año, justificada también por la guerra en Ucrania, hasta que este miércoles el Ejecutivo europeo presentó su propuesta de reforma, a sabiendas de que o se reformaba o no se volvería a aplicar.