El contrato del guardaespaldas de Marine Le Pen, y que antes lo fue de su padre, Jean-Marie, pagado durante años por el Parlamento Europeo (PE), estuvo este lunes en el centro del proceso contra la líder de la extrema derecha francesa, que se arriesga a ser inhabilitada, según informa EFE.
Thierry Legier, que es uno de los 27 acusados en este proceso contra la formación ultraderechista de Le Pen por haber utilizado los fondos que le atribuía el PE para pagar a los asistentes de sus eurodiputados como modo de financiación indirecta del Frente Nacional (FN, luego convertido en Agrupación Nacional) negó las acusaciones de malversación de fondos ante el Tribunal Correccional de París.
A Legier se le reprocha que haber estado formalmente contratado entre 2004 y 2009 por el eurodiputado del FN Ferdinand Le Rachinel cuando en realidad se ocupaba de la seguridad de Jean-Marie Le Pen, entonces todavía presidente del partido, y por tanto de no haberse dedicado a labores de asistente parlamentario.
En su defensa, el guardaespaldas insistió en que se ocupaba "de la seguridad de todo el grupo" del FN en la Eurocámara, y que eso implicaba encargarse de organizar los desplazamientos de esos eurodiputados, muchos de los cuales eran "sensibles" en términos de seguridad.
Sobre todo, Legier se quejó de tener que sentarse en el banquillo en este proceso que, a su parecer pone en duda que su trabajo de protección de Le Pen y de otros eurodiputados del partido no fuera una misión de asistencia pertinente.
La Fiscalía y la acusación particular (que representa al PE) se esforzaron en subrayar que entre 2004 y 2009 Legier tenía contrato con Le Rachinel y no con Le Pen, que era al que asistía en realidad.
Según la acusación, ése y muchos otros contratos de asistentes parlamentarios de los eurodiputados del RN en realidad eran una forma de financiación indirecta del partido porque servían para remunerar a empleados que en la práctica cubrían tareas del grupo que nada tenían que ver con la actividad en la Eurocámara.
Le Rachinel reconoció que fue Jean-Marie Le Pen el que le dictó en 2004 que sus asistentes como eurodiputado iban a ser Legier y la que era su secretaria particular, Micheline Bruna, y que ni el uno ni la otra le daban servicios directamente a él.
Pero insistió en que "en esa época nadie cuestionaba esa financiación" y que "en el PE estaban plenamente al corriente" de esa situación, que existía desde hacía muchos años, y no sólo en el FN, sino en otros partidos.
"Si hubiera sabido que estaba prohibido, no lo habría hecho", afirmó este antiguo eurodiputado, que dejó el FN en 2008 por un contencioso financiero con su partido, que le debía 6,8 millones de euros.
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Legier recibía 5.400 euros brutos al mes del PE, un sueldo que, según el interesado estaba "a la altura de las horas que trabajaba (entre 12 y 16 al día, según su testimonio) y de los riesgos". Antes de su contrato con Le Rachinel, había estado contratado directamente por Jean-Marie Le Pen desde 1992 también con dinero del PE.
En este proceso contra el FN, ahora rebautizado Agrupación Nacional (RN), los principales encausados podrían ser condenados por el delito de malversación hasta a diez años de cárcel, un millón de euros de multa y diez años de inhabilitación.
Eso último impediría en particular a Marine Le Pen presentarse a las elecciones presidenciales que están previstas para 2027.
El contrato del guardaespaldas de Marine Le Pen, y que antes lo fue de su padre, Jean-Marie, pagado durante años por el Parlamento Europeo (PE), estuvo este lunes en el centro del proceso contra la líder de la extrema derecha francesa, que se arriesga a ser inhabilitada, según informa EFE.