Para la mayoría de griegos, Syriza se ha convertido en una prolongación de las políticas de austeridad que atormentan al país des del 2010, momento en el que se firmó su primer rescate financiero. Hasta estas Navidades, la formación había cumplido a rajatabla con los ajustes y recortes que la Cuádriga –Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad– le ha exigido tras el último préstamo de 86.000 millones de euros y mediante el cual los prestamistas ataron las manos del Gobierno griego en el verano de 2015. Pero ahora, el partido que rompió con sus promesas electorales quiere disputar de nuevo la etiqueta de formación izquierdista echando un pulso a sus acreedores, que piden a los griegos que se aprieten aún más el cinturón.
El jueves 9 de diciembre, tras la quinta huelga general bajo el mandato del Gobierno de Syriza, el primer ministro, Alexis Tsipras, apareció de imprevisto en las pantallas de los hogares griegos. Anunció en una rueda de prensa que 617 millones de euros de los fondos que han sobrado de los presupuestos de 2016 serían destinados a una paga extra para los 1,6 millones de pensionistas que cobran menos de 850 euros al mes. Según el Gobierno, un 45% de los pensionistas reciben pagos mensuales por debajo de los 665 euros y casi 4 millones de personas, es decir, más de un tercio de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social. El anuncio, que cogió por sorpresa a todos, incluye además la suspensión del aumento del IVA en varias islas del Egeo, la zona del país más castigada por la crisis de los refugiados.
Medidas sin consultar a sus prestamistas
El mensaje que Tsipras lanzó a sus ciudadanos iba dirigido, en realidad, a sus acreedores. El país no puede escaparse de los estrechos márgenes de gasto que le impone su plan de rescate. Y las políticas impuestas desde Bruselas han sido incapaces de revertir el frágil estado económico y social de Grecia, con un 25% de disminución del PIB, un 30% de empresas cerradas, más de un millón de despidos, un 38% de reducción salarial media, un 45% de reducción en las pensiones y un 26% de tasa de paro, más del 55% en el caso de los jóvenes.
Atenas no había comunicado a Bruselas estos cambios, que podrían incumplir el compromiso de informar a los acreedores sobre todos sus ajustes presupuestarios. Pero para el Gobierno griego “estas medidas no afectan ni al programa ni al superávit fiscal para 2016, ni tendrán impacto fiscal el 2017 o 2018”, según Alexis Tsipras.
Como era de esperar, los acreedores protestaron tras recibir la noticia. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, aseguró que “las instituciones han concluido que las acciones del Gobierno griego parecen no estar en la línea de nuestros acuerdos”. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), encargado de velar por la estabilidad de la zona euro, reaccionó el miércoles bloqueando el reciente paquete de medidas aprobado para aliviar su deuda, que alcalnza el 180% del PIB. Las amenazas que ha recibido Tsipras, por el momento, no le han empujado a dar un paso atrás. “Nadie puede decir a Grecia cómo gastar y distribuir su superplus primario [saldo entre lo que ingresa el Estado vía impuestos y lo que gasta sin tener en cuenta el pago de la deuda]”, dijo el primer ministro helénico. En lo que se consideró otra vuelta de tuerca, Tsipras movió ficha y convocó el pasado jueves una votación para recuperar la paga de Navidad a los pensionistas, que ganó con 195 votos a favor.
La revisión del rescate
Los altos funcionarios europeos insisten en que las medidas parecen incumplir las condiciones del tercer plan de rescate del país, pero el asunto pasará a ser discutido en enero. La realidad es que los términos del plan de rescate y sus medidas adjuntas, que deben concretarse y aprobarse antes de desembolsar las diferentes partes del préstamo, se encuentran en una negociación permanente. En este escenario a veces difuso, Tsipras ha hecho uso de este movimiento táctico, que ha enfurecido a los prestamistas, para así ganar posiciones en la segunda revisión del tercer rescate, cuyo resultado es clave para la entrega de otros tramos del importe global de 86.000 millones de euros.
El riesgo de colapso de las negociaciones entre acreedores y Gobierno regresó precisamente después que Atenas no obtuviera las concesiones esperadas por parte de los ministros de finanzas de la Eurozona el pasado 5 de diciembre. El objetivo de Syriza es terminar esta segunda evaluación con una brecha en el gasto público más realista, con medidas de alivio de la deuda más generosas de las acordadas y sin tener que cruzar sus líneas rojas, especialmente en relación con una dura reforma laboral propuesta por sus acreedores. El éxito en el cierre de esta ronda de supervisión del tercer rescate debe empujar a Grecia hacia el camino de la recuperación económica para ahuyentar las especulaciones sobre un nuevo rescate cuando finalice este programa, en 2018.
Syriza, además, quiere que el FMI–que no ha prestado dinero a Grecia desde 2014– no participe en el programa del tercer rescate, una posibilidad que se resolverá una vez concluida la segunda revisión. Según el Gobierno helénico, el Fondo, partidario de reestructurar la deuda y aspirar a unos topes fiscales más realistas, está forzando a Grecia a adoptar nuevas medidas de austeridad una vez finalizado el programa del tercer rescate 2018. La organización con sede en Washington cree que Grecia debería adoptar al menos 4.000 millones de euros en recortes para mantenerse en el buen camino.
Syriza podría tirar la toalla
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Si la actual Administración de Syriza es forzada en un futuro inmediato a aprobar más recortes, el escenario de unas elecciones anticipadas podría estar a la vuelta de la esquina. Los medios locales apuntan a que este impasse puede conducir a este punto, algo que Tsipras no ha descartado después de ver que sus esperanzas de llegar a un compromiso se desvanecen. Esta coyuntura favorecería a la conservadora Nueva Democracia, a la que las encuestas le dan una ventaja de 13 puntos respecto a Syriza. La formación opositora no ha dudado en presionar para volver a las urnas con el objetivo de “barrer el paso al actual Gobierno de izquierdas y llevar a una administración más favorable a las reformas”, según dijo el líder de la formación, Kyriakos Mitsotakis.
La actual coalición gubernamental de Syriza-Anel se encuentra paradójicamente en este momento en la misma posición en la que se colocaron sus predecesores. Ninguno de los Ejecutivos griegos desde el 2010, cuando la Troika llegó a Grecia, han podido terminar su legislatura. Sin embargo, hay un elemento en el escenario actual que puede jugar a favor de Syriza. El sólido frente de los prestamistas (FMI, BCE, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad) ha sufrido algunas grietas. Las discrepancias salieron a la luz cuando el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, mostró su rechazo a la suspensión temporal de las medidas a corto plazo para aliviar la deuda pública de Grecia después que el Mecanismo Europeo de Estabilidad la activara, con el respaldo del Eurogrupo.
El FMI, por su parte, presiona con una reestructuración de los plazos de la deuda y la rebaja de los tipos de interés, bajo la amenaza de no participar en el nuevo rescate. Alemania, por otro lado, mantiene una postura más conservadora con el alivio de la deuda y prefiere no hacer promesas generosas al respecto hasta que se celebren las elecciones en Alemania en 2017. Allí está aumentando el descontento entre los votantes ante los sucesivos rescates griegos. La canciller, Angela Merkel, no obstante, no puede apretar las tuercas ahora a este país como antaño porque la estabilidad en Europa está en juego. Debe lidiar con una Unión en peligro de desintegración después del Brexit, el fracaso del referéndum de Matteo Renzi y, a su vez, debe cruzar los dedos para que el euroescepticismo no se imponga en las próximas elecciones de los Países Bajos, Francia o Alemania.
Para la mayoría de griegos, Syriza se ha convertido en una prolongación de las políticas de austeridad que atormentan al país des del 2010, momento en el que se firmó su primer rescate financiero. Hasta estas Navidades, la formación había cumplido a rajatabla con los ajustes y recortes que la Cuádriga –Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad– le ha exigido tras el último préstamo de 86.000 millones de euros y mediante el cual los prestamistas ataron las manos del Gobierno griego en el verano de 2015. Pero ahora, el partido que rompió con sus promesas electorales quiere disputar de nuevo la etiqueta de formación izquierdista echando un pulso a sus acreedores, que piden a los griegos que se aprieten aún más el cinturón.