La presidenta del CGPJ veta a una vocal feminista para el Observatorio contra la Violencia Machista

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el principal órgano del Poder Judicial para luchar contra este tipo de violencias, cuenta entre sus miembros con tres vocales del CGPJ. Sin embargo, desde la renovación del actual Consejo, solo dos consejeras forma parte formalmente la institución. Se trata de la progresista Esther Erice, su presidenta, y la conservadora Esther Rojo. Ambos sectores del órgano de gobierno de los jueces habían pactado que entre sus tres representantes en el Observatorio hubiera mayoría progresista, según fuentes del órgano. Pero la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha vetado para uno de los puestos a Lucía Avilés, jueza especialista en violencias machistas y única vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). El resultado es que progresistas y conservadores han quedado empatados en ese organismo, en el que, además del Consejo, están presentes los ministerios de Justicia, Igualdad e Interior, la Fiscalía, las comunidades con competencias judiciales, la abogacía y los procuradores.

Perelló designó para los puestos del Observatorio que corresponden al Consejo a Erice y Rojo. La tercera integrante del órgano de gobierno de los jueces fue inicialmente la propia presidenta, que es, a su vez, la presidenta nata del organismo que vela por la respuesta judicial, policial y social a la violencia contra las mujeres, según el convenio que lo puso en marcha en 2002. Sin embargo, el pasado 7 de noviembre, la máxima responsable del CGPJ delegó la jefatura del Observatorio en Erice. De esa manera, la tercera candidata a integrarlo, la progresista Lucía Avilés, ha quedado, por el momento, fuera de esa institución. Fuentes del Consejo atribuyen su ausencia a la oposición de los vocales a propuesta del PP a su designación, una oposición que también ha hecho valer la presidenta del CGPJ.

Esas mismas fuentes señalan que, con la decisión inicial de Perelló de presidir el Observatorio y su posterior delegación en Erice, la inicial mayoría progresista pactada para el organismo contra la violencia machista, ha quedado finalmente reducida a un empate entre ambas sensibilidades del Consejo. También se quejan de que esa cadena de decisiones haya mermado cuantitativamente la presencia en él del órgano de gobierno de los jueces –verdadero motor del Observatorio y el que mayor presencia tiene, con tres de sus miembros– quedando únicamente representado por dos vocales, lo que, aseguran, afecta a su capacidad de funcionamiento. La presencia de Lucía Avilés, finalmente apartada con el movimiento de la presidenta, se daba inicialmente por segura.

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Avilés, que antes de convertirse en vocal era jueza de lo Penal en Mataró (Barcelona) y es experta en violencia de género, tiene una visión amplia de este fenómeno. La consejera no se queda únicamente en los asesinatos, agresiones y maltrato psicológico y es partidaria de extender la protección a las víctimas más allá del ámbito familiar o doméstico incluyendo violencias como la económica, la obstétrica (la que se ejerce por profesionales sanitarios durante el embarazo, el parto o el puerperio), la digital y la la trata. La vocal es fundadora de la asociación feminista de juezas AMJE que el pasado julio, tras la ansiada renovación del CGPJ, puso en marcha una campaña para que el órgano de gobierno de los jueces fuera presidido por una mujer, lo que finalmente se consiguió con la elección de Perelló.

La jueza ha impartido cursos de formación en derecho penal, violencia de género, violencia sexual y enjuiciamiento con perspectiva de género en instituciones como el Parlamento Europeo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Ministerio de Igualdad, el CGPJ, colegios de abogados, así como a fuerzas y cuerpos de seguridad. Participó en 2017 como experta en la mesa de trabajo de la Comisión Europea para la puesta en marcha de la orden de protección y es coautora del libro Justicia en clave feminista: reflexiones en torno a la inserción de la perspectiva de género en el ámbito judicial, así como de Análisis de la justicia desde la perspectiva de género.

Como consejera, forma parte de la comisión de igualdad del CGPJ que, el pasado 13 de diciembre, aprobó un informe en el que se aseguraba que la representación equilibrada de hombres y mujeres en la cúpula judicial que impone la ley de paridad (no menos de un 40% para cada sexo) debe aplicarse tanto a las presidencias de tribunales que nombra el Consejo (Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores y audiencias provinciales) como a las presidencias de sus salas y a los integrantes de estas últimas. El documento, redactado por Avilés y el también vocal progresista Carlos Hugo Preciado, cargaba contra el previamente encargado por Isabel Perelló al gabinete técnico del Consejo, que estableció que la paridad debía reflejarse no en cada tribunal, sino en la totalidad de nombramientos que hiciera el CGPJ durante sus cinco años de mandato. "Conforme a este criterio los resultados podrían ser absurdos y desdibujar la paridad como criterio de participación en los ámbitos de toma de decisiones", aseguraba el documento de Avilés y Preciado.