Ruiz de Lara y Velasco: la difícil tarea del CGPJ para frenar a los jueces que insultan a políticos

Lo ha vuelto a hacer. El titular del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, entró de nuevo el 14 de diciembre en su cuenta de X (antiguo Twitter) para volver a cargar contra el presidente del Gobierno al que acusó de "golpismo" por "atacar a los jueces". Días después, el 28 de diciembre, reincidió en la misma red social increpando a la esposa del presidente, a la que llamó "Barbigoña"; al fiscal general del Estado ("borrador oficial de mensajes"), y al presidente del Tribunal Constitucional, para el que pidió una cátedra de "inconstitucionalidad y amnistía". La conducta ha provocado la apertura de una nueva investigación disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial como la que se inició contra él en 2023 tras llamar a Sánchez "psicópata sin límites éticos" y "narcisista patológico" y que, finalmente, fue archivada. Un año después, la situación se repite con el mismo juez y el mismo Promotor de la Acción Disciplinaria que propuso el cierre del caso. ¿Será esta vez el nuevo Consejo, con mayor presencia progresista, capaz de pararle los pies?

La persona que tendrá que investigar a Ruiz de Lara será de nuevo el magistrado Ricardo Conde, renovado el pasado 18 de diciembre como Promotor de la Acción Disciplinaria, un cargo que ya ocupó desde 2017 hasta el cese del anterior Consejo, de clara mayoría conservadora. Su actuación en la anterior investigación contra el polémico juez fue muy cuestionada. En primer lugar, porque Conde fue incapaz de acreditar el pasado febrero que los mensajes redactados en su perfil de X hubieran sido escritos por él o que los hubiera elaborado invocando su condición de juez. El promotor tenía en su poder varios pantallazos de los tuits y de su cuenta, en la que se presentaba como "magistrado", pero estos no fueron suficientes para que apreciara la existencia de una infracción. Conde se amparó en que Ruiz de Lara había borrado su perfil de X nada más conocerse que se iniciaban actuaciones contra él. Pese a ello, la comisión permanente le obligó a abrir expediente disciplinario al investigado.

En junio, el promotor volvió ante los vocales para reclamar el archivo del caso porque, a su juicio, no estaba claro si esos insultos los profirió como juez o como cualquier ciudadano con derecho a expresarse libremente. Conde, que actuó de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, aseguró además que, según la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, no basta la notoriedad de la condición de juez para imponer la sanción. Esta vez, el Consejo anterior le dio la razón y dio el carpetazo al caso eximiendo al juez de cualquier responsabilidad pese a sus gruesas palabras.

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Ahora, la coherencia de Conde con su investigación anterior, está en juego. Porque la cuenta con la que Ruiz de Lara lanzó sus nuevos mensajes supuestamente injuriosos -@ManuelRuizdLara- también ha sido borrada. En la nueva investigación disciplinaria no solo va a ser igualmente difícil para el promotor comprobar si los tuits con los insultos a las autoridades fueron realmente redactados por él, también si los publicó o no como juez. Porque en la pequeña presentación que contenía antes de desaparecer, además, ya no se presentaba como "magistrado", sino como "idealista imperturbable", autor de dos libros y "crítico gastronómico". El Consejo no tiene competencias para actuar disciplinariamente contra un escritor, un experto en cocina o cualquier ciudadano que actúe en uso de su libertad de expresión. A no ser que Conde, esta vez sí, acredite que lo que presuntamente está haciendo Ruiz de Lara es mofarse de él y del Consejo en su conjunto. En la indagación disciplinaria anterior, Ruiz de Lara llegó a negar que él fuera el autor de las descalificaciones publicadas en su cuenta.

En caso de que el promotor siga sin encontrar indicios disciplinarios contra el juez de lo Mercantil de Madrid, el órgano de gobierno de los jueces tiene mecanismos para obligarle a actuar. Los siete vocales de la comisión disciplinaria -presidida por el progresista José María Fernández Seijo, pero en la que son mayoría los conservadores- pueden rechazar sus propuestas de archivo en caso de que sí aprecien evidencias de que la falta disciplinaria se ha cometido. Fuentes del Consejo recuerdan, además, que en caso de que finalmente se decidiera cerrar el caso sin sanción, el Ministerio Fiscal tendría la opción de recurrir ante el Pleno. El artículo 418.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera "falta grave" "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". La sanción es una multa de entre 501 y 6.000 euros. La decisión de investigar de nuevo a Ruiz de Lara fue propuesta por Fernández Seijo y el Pleno la apoyó por unanimidad.

Pese a las dificultades para castigar estas conductas, el Consejo se ha conjurado para frenar estas faltas de respeto. El órgano también abrió a principios de diciembre unas diligencias informativas al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Durante una conferencia sobre cumplimiento normativo en las empresas, el juez cargó contra la exministra de Igualdad, Irene Montero, por dar a los jueces "lecciones de consentimiento" desde "su cajero del mercadona". En caso de que el Consejo termine castigando estos comportamientos, su decisión, casi con toda seguridad, será recurrida por los jueces sancionados ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que será quién tenga la última palabra.