El 11 de diciembre de 2018, 154 países miembros de las Naciones Unidas firmaron el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regulada, el primer acuerdo global que pretende hacer hincapié en los desafíos que la migración representa al tiempo que busca una mayor implicación por parte de los Estados a través de la cooperación y el desarrollo de políticas de integración. Dinamarca, país de referencia a nivel internacional por su Estado de bienestar y su sociedad tolerante y solidaria, firmó este pacto no vinculante por la migración una semana después de que su parlamento aprobase una ley que permitirá al Gobierno recluir a los refugiados pendientes de expulsión en una isla deshabitada.
El país escandinavo, que antaño fue un firme defensor de los derechos de los refugiados, ahora hace todo lo posible por demostrar que las personas migrantes no son bienvenidas en su territorio. Pero, ¿cuando dejó Dinamarca de buscar la dignificación de las personas desplazadas y empezó a jugar con los limites de los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Para responder a esta pregunta, hemos elaborado un recorrido por las diferentes posturas que ha adoptado este país hacia los refugiados desde los años 50 hasta la actualidad:
Primer país en ratificar la Convención para los Refugiados de la ONU
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca acogió a migrantes provenientes de países del Este, judíos y alemanes. Fue el primer país en ratificar en 1951 la Convención para los Refugiados de la ONU y, en 1956, fundó el Consejo Danés para los Refugiados con el objetivo de dignificar la vida de todas las personas desplazadas.
Convención para el Estatuto de los Refugiados en 1951.
En los años 70, el país escandinavo se convirtió en el lugar de destino de las personas desplazadas con motivo de la guerra en Vietnam y el golpe de Estado en Chile. En esos años, el Gobierno danés se comprometió con la ONU a dedicar a la ayuda al desarrollo al menos el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (PNB) y lo ha cumplido. En la década de los 90, esa cifra llegó incluso a alcanzar el 1% de su PNB. Debido a la crisis económica y a la crisis de migrantes, la cifra se ha visto reducida de nuevo al 0,7%.
A finales de siglo, Dinamarca se convirtió en uno de los primeros países europeos en desarrollar e implantar una ley para la integración de los extranjeros.
Giro a la derecha
En la atmósfera islamofóbica derivada del 11S, se celebraron en Dinamarca las elecciones generales en las que, por primera vez en sus 100 años de democracia, la derecha obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento.
El primer ministro, Anders Fogh Rasmussen, con el respaldo de la coalición formada por liberales y conservadores, modificó en 2002 la Ley de Integración de los Extranjeros con el objetivo de reducir el atractivo del país escandinavo de cara a los potenciales solicitantes de asilo. La ley del nuevo gobierno proponía, entre otras medidas: ampliar el plazo necesario para conseguir el permiso de residencia permanente de tres a siete años; negar el acceso a las ayudas gubernamentales hasta que no se consiguiera dicho permiso; forzar el retorno de aquellos refugiados que ya no fueran a ser perseguidos en sus países de origen porque la situación política hubiera cambiado; suprimir el derecho automático de reagrupación familiar; y expulsar inmediatamente a aquellos extranjeros a los que se les denegara la entrada en el país, en lugar del plazo de 15 días que estipulaba la anterior legislación.
Según los datos de ACNUR, en julio de 2014 había más de 320.000 refugiados eritreos en el mundo.
En noviembre de 2014, Human Rights Watch y la Agencia de la ONU para los Refugiados denunciaron un informe presentado por el Instituto Danés de Inmigración que sugería una revisión de las políticas de asilo para los refugiados provenientes de Eritrea. El estudio argumentaba que el Gobierno del país africano estaba aplicando una serie de medidas que permitirían que los refugiados que huyeron del país pudieran volver de manera segura, pero no solo no presentaba pruebas concretas sino que además, uno de los autores se desmarcó y dijo que no quería que su nombre figurase en el documento. Las duras críticas de la comunidad internacional obligaron al Servicio de Inmigración de Dinamarca a pronunciarse a través de un comunicado para asegurar que se estudiarían todas las solicitudes de asilo de refugiados eritreos sin tener en cuenta las conclusiones del informe.
Tras las elecciones generales de 2015 y en plena crisis de los refugiados sirios, el Ministerio de Inmigración, Integración y Vivienda danés publicó un anuncio en inglés y en árabe en cuatro periódicos libaneses con la intención de avisar a los potenciales solicitantes de asilo de las escasas posibilidades que tenían de obtener la residencia permanente.
El Parlamento de Dinamarca aprobó en 2016 una controvertida ley que otorgaba a las autoridades el poder para registrar a los refugiados y confiscar artículos con un valor inferior a las 10.000 coronas danesas (unos 1.340 euros). La coalición de centroderecha en el poder justificó semejante medida alegando que era la forma que tenía el Gobierno danés de cubrir la carga financiera que cada refugiado representa para el país. Asimismo, el parlamento anunció una reducción del 45% en las prestaciones sociales destinadas a refugiados e inmigrantes.
Ese mismo año, el Tribunal Supremo danés condenó a la activista y escritora Lizbeth Zornig Andersen y a su marido a pagar una multa de 3.000 euros cada uno por trasladar en su vehículo particular a una familia de refugiados sirios en su camino hacia Suecia a través de Dinamarca. Como ya contó infoLibre, la Justicia danesa condenó a tantas personas por ayudar a refugiados que surgió un movimiento social para recaudar dinero a través de diferentes plataformas de crowdfounding para que cualquiera pudiera colaborar en el pago de las multas.
Clases de "valores daneses"
El primer ministro, Lars Lokke Rasmussen, anunció en marzo de 2018 un paquete de medidas destinadas a a la eliminación de los guetos para 2023. Dinamarca es el único país que clasifica de manera oficial ciertas zonas urbanas como guetos, zonas en las que el desempleo supera el 40% y más de la mitad de sus residentes provienen de países no occidentales. Entre las medidas de Rasmussen destacaban las clases de "valores daneses": los niños a partir de un año tendrán que asistir durante al menos 25 horas a la semana a clases de instrucción para aprender las tradiciones danesas y el idioma; si los padres se niegan, se arriesgan a perder las prestaciones gubernamentales.
El 31 de mayo de 2018, el Parlamento de Dinamarca votó a favor de prohibir el uso de prendas y objetos que cubran el rostro en espacios públicos; la medida se centra en el yihab y el burka, aunque también incluye las barbas postizas y las máscaras. Según la nueva ley, la policía puede ordenar a las mujeres que se quiten el velo o exigirles que se aparten de la vía pública; las multas por incumplimiento de la ley pueden llegar a alcanzar las 10.000 coronas. Para Amnistía Internacional, la prohibición “viola el derecho a la libertad de expresión y religión de las mujeres y las criminaliza por su elección de vestimenta”. El Gobierno danés y los partidarios de la ley argumentaron que la medida ayudará a la integración social ya que, para ellos, existía una presunta necesidad de garantizar que ninguna mujer se vea obligada a cubrirse el rostro.
Dinamarca despidió el año con el anuncio de la aprobación de un proyecto para convertir la isla de Lindholm en un centro de deportación para personas extranjeras en situación de “residencia tolerada”, es decir, migrantes declarados culpables de graves delitos que no pueden ser extraditados por peligro de tortura o ejecución en sus países de origen. Lindholm, situada en el mar Báltico y de 0,11 kilómetros cuadrados de superficie, alberga actualmente un crematorio y un laboratorio dedicado a la investigación de enfermedades contagiosas de animales.
El proyecto de remodelación durará cuatro años y supondrá una inversión de más de 100 millones de euros. A partir de 2021, la isla acogerá hasta 100 extranjeros a los que se les haya denegado el permiso de residencia o hayan sido condenados por violar el Código Penal y, aunque el Gobierno aseguró que no será una prisión, los extranjeros deberán pasar la noche en la isla so pena de ser encarcelados.
La isla Lindholm, situada en el mar Báltico y una superficie de 0,11 km2
La situación va a empeorar en 2019
Dinamarca quita por primera vez la nacionalidad sin orden judicial a dos presuntos seguidores de Estado Islámico
El Parlamento escandinavo dio en diciembre el visto bueno al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019, que incluye iniciativas duramente criticadas por Amnistía Internacional por considerar que están destinadas a dificultar lo máximo posible las condiciones de vida de los solicitantes de asilo.
Una de esas iniciativas de la coalición en el poder pretende modificar la ley para mantener a los refugiados en estado de provisionalidad, lo que supondría pasar de la integración a la extradición. Otra de las iniciativas consiste en reducir el importe de las prestaciones sociales para las personas refugiadas que viven en Dinamarca, lo que se traduciría en una reducción de 2.000 coronas mensuales (unos 270 euros) para las familias monoparentales y 1.000 coronas mensuales (casi 140 euros) para las parejas. Además, el Proyecto de Ley contiene una propuesta para otorgar al Ministerio de Integración el poder para fijar el número máximo de personas refugiadas que podrían reunirse con sus familiares en Dinamarca cada mes.
En junio de 2019, los daneses tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento. Aunque todavía faltan unos meses, los principales partidos ya empiezan a dibujar las líneas que seguirán sus programas electorales. El ultraderechista Partido Popular Danés pretende sacar a Dinamarca del Acuerdo de Schengen para acabar con el régimen de libre circulación.
El 11 de diciembre de 2018, 154 países miembros de las Naciones Unidas firmaron el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regulada, el primer acuerdo global que pretende hacer hincapié en los desafíos que la migración representa al tiempo que busca una mayor implicación por parte de los Estados a través de la cooperación y el desarrollo de políticas de integración. Dinamarca, país de referencia a nivel internacional por su Estado de bienestar y su sociedad tolerante y solidaria, firmó este pacto no vinculante por la migración una semana después de que su parlamento aprobase una ley que permitirá al Gobierno recluir a los refugiados pendientes de expulsión en una isla deshabitada.