Hace justo dos meses desaparecieron 43 normalistas (estudiantes de magisterio) en el municipio de Iguala (México), en un caso que destapó la podredumbre a la que han llegado las instituciones mexicanas para mantener el control sobre un territorio codiciado por el crimen organizado. Los hechos se remontan al 26 de septiembre cuando unos 60 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos partieron de Ayotzinapa en cuatro autobuses rumbo a México DF, para participar el 2 de octubre en la conmemoración de otra matanza, la de Tlatelolco.
Ese día, la mujer del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, se ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'. El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, "fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro autobuses", según confirmó el operador de la central de radio del cuerpo de seguridad.
Mientras Abarca y Pineda asistían a este evento, policías municipales se trasladaron a la entrada de Iguala para interceptar a los normalistas y, en un primer enfrentamiento, acabaron con la vida de tres de ellos. A pesar del bloqueo policial, los estudiantes consiguieron avanzar en la carretera que conduce a Iguala, pero antes de llegar al municipio volvieron a ser interceptados, desatándose un duro enfrentamiento.
Los agentes usan fuego real para impedir que los normalistas lleguen a Iguala. Seis de ellos mueren en el acto, 25 resultan heridos, varios consiguen escapar del lugar y, en ese momento, 58 quedan en paradero desconocido. Según pasan los días, la lista de normalistas desaparecidos se reduce a 43, después de que los que estaban escondidos por miedo a represalias de las autoridades locales y del crimen organizado decidieran volver a sus casas.
Guerreros Unidos, el brazo ejecutor
Para seguir la pista de los 43 normalistas hay que fiarse de la confesión de los tres miembros del mini-cártel Guerreros Unidos que han sido detenidos y que habrían facilitado a la Procuraduría General de la República el relato de aquella fatídica noche. Tras el enfrentamiento a las puertas de Iguala, los policías municipales suben a los estudiantes de magisterio que quedan en el lugar, algunos inconscientes, a varios furgones de seguridad para trasladarlos a la comisaría.
Allí son entregados a la Policía del vecino municipio de Cocula, que los conduce hasta el límite entre Iguala y Cocula, donde se abre una brecha hacia una zona rural conocida popularmente como la Loma del Coyote.
Agentes de Cocula entregan a los 'normalistas' a Guerreros Unidos. De acuerdo con los tres detenidos, uno de sus altos mandos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, llama por teléfono al líder del mini-cártel, Sidronio Casarrubias Salgado, atribuyendo lo ocurrido a la lucha contra el grupo rival Los Rojos, por lo que Casarrubias Salgado "avaló las acciones para defender su territorio".
Una hoguera de 14 horas
Los tres detenidos aseguran que recibieron más de 40 jóvenes, algunos de los cuales ya estaban "inconscientes o muertos", mientras que otros estaban vivos. Todos fueron trasladados hasta el basurero de Cocula, oculto a simple vista. Ya en el vertedero municipal, los sicarios interrogaron a los jóvenes que quedaban con vida para determinar sus vínculos con Los Rojos. "Todos respondían que eran estudiantes, que no pertenecían a ningún grupo criminal", relató uno de los detenidos.
Una vez obtenidas las respuestas, los normalistas fueron ejecutados y sus cadáveres prendieron en una hoguera que estuvo ardiendo entre la medianoche y las 14.00 (hora local) del 27 de septiembre, alimentada con gasolina, neumáticos y leña para garantizar que no quedaran restos reconocibles.
Los miembros de Guerreros Unidos, que establecieron turnos durante la noche para mantener vivas las llamas, no pudieron tocar los restos mortales hasta las 18.00, debido al nivel de incandescencia de los mismos. Uno de los cabecillas de Guerreros Unidos dio la orden de pulverizar los huesos calcinados y verter las cenizas al río San Juan. Sus subordinados cumplieron las órdenes, pero a medias, ya que al menos dos bolsas fueron arrojadas completas.
Tareas forenses
Los investigadores mexicanos hallaron dos bolsas y otros restos mortales y los enviaron al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, por ser el más avanzado del mundo en análisis mitocondriales. El procurador general, Jesús Murillo Karam, detalló que solamente se han podido rescatar dos trozos de hueso, ya que la mayoría del contenido de las bolsas eran cenizas, inútiles para cualquier prueba genética.
El jefe del equipo de forenses de Innsbruck, Richard Scheithauer, explicó que "de huesos se puede hacer un análisis, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren y si todavía hay ADN en buen estado", pero "con cenizas no hay posibilidad de analizar nada". Scheithauer subrayó que "técnicamente no es fácil extraer ADN de los huesos sin dañarlo" porque "es muy delicado", pero que, "si se logra, entonces se puede alcanzar un resultado preciso, sin margen de error", ha afirmado.
El médico forense ha detallado que lo mejor es contar con una muestra genética de la propia víctima, para que la verificación sea al cien por cien, pero que, si no es posible, lo idóneo es conseguir ADN de la madre y, si tampoco se puede, de otro familiar cercano. La Universidad de Innsbruck posee uno de los mejores equipos forenses del mundo. Ha participado en la identificación de los cadáveres del zarévich Alexis y de la zarina Anastasia, que fueron hallados en 2007, 90 años después de la matanza de los últimos Romanov.
"No están muertos"
Tras la pista de los Zetas, en busca de los desaparecidos en México (vivos o muertos)
Murillo Karam ha reiterado una y otra vez que, a pesar de este relato, "la investigación seguirá abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados". "Mientras tanto, se seguirá considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa", sostuvo.
En esta misma línea se expresaron las familias y los compañeros de los 43 'normalistas', que insisten en que siguen vivos y presionan al Gobierno de Enrique Peña Nieto para que no dé por concluida la investigación. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, alentó esta hipótesis. "Se han acercado a mí jóvenes egresados que me han dicho que los vieron en (los municipios) de Telolopan y Coetzalan y que de ahí se dividieron. Tenemos la idea de que se mueven. Es una esperanza", ha dicho.
El análisis forense de la veintena de fosas comunes halladas en los alrededores de Iguala y otros municipios cercanos alienta la esperanza de las familias de los 'normalistas', ya que ninguno de los cadáveres se corresponde con los 43 jóvenes desaparecidos. Por delante quedan ahora "meses", según explicó Scheithauer, hasta conocer qué pasó realmente con los 43 'normalistas' en Iguala, un tiempo que, tal y como han adelantado familiares y compañeros, servirá para seguir aumentando la presión sobre el Gobierno mexicano.
Hace justo dos meses desaparecieron 43 normalistas (estudiantes de magisterio) en el municipio de Iguala (México), en un caso que destapó la podredumbre a la que han llegado las instituciones mexicanas para mantener el control sobre un territorio codiciado por el crimen organizado. Los hechos se remontan al 26 de septiembre cuando unos 60 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos partieron de Ayotzinapa en cuatro autobuses rumbo a México DF, para participar el 2 de octubre en la conmemoración de otra matanza, la de Tlatelolco.