"Hoy los jóvenes de Myanmar son testigos de cómo sus centros educativos, sus oportunidades vitales, se reducen a escombros", se lamenta el investigador Matt Lawrence en el último informe de Myanmar Witness, que revela hasta qué punto la educación se encuentra “atrapada en el fuego cruzado” entre el gobierno militar y los grupos disidentes, conflicto que ahoga al país desde comienzos de 2021.
Cómo se ha llegado hasta aquí
Rebobinamos hasta noviembre de 2020. Myanmar, antigua Birmania británica, celebra sus segundas elecciones pretendidamente democráticas después de casi cincuenta años de dictadura militar (1962-2011). La presidenta Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz (1991), pero salpicada por las acusaciones de connivencia con el genocidio rohinyá, se prepara para la reelección de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), al frente del gobierno. No por mucho tiempo. La principal formación de la oposición, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), instrumento político del Ejército, se niega a aceptar los resultados de unas elecciones que califica de fraudulentas y privadas de libertad.
1 de febrero de 2021. El día que se constituye el nuevo Parlamento, las Fuerzas Armadas de Birmania, conocidas como Tatmadaw, protagonizan un golpe de Estado, encarcelando a Suu Kyi. El comandante en jefe de las Tatmadaw, Min Aung Hlaing, se autoproclama entonces primer ministro del país, cargo que ostenta de facto hasta el día de hoy.
La reacción civil no se hizo esperar. Miles de personas se echaron a las calles en protesta por todo el país. ¿La respuesta del nuevo gobierno golpista? Represión, arrestos y ejecuciones. La lucha política contra la junta militar se organizó en torno al recién formado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), heredero del ejecutivo depuesto, y a la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), su brazo armado. A este conflicto central, se suma una intrincada mezcolanza de enfrentamientos étnicos y religiosos. Y es que en Myanmar coexisten 135 grupos étnicos reconocidos y cinco credos religiosos principales, divididos en siete estados y siete regiones, con un estatuto especial para la capital, Naipyidó. Sin olvidar los intereses geoestratégicos en disputa de los dos gigantes asiáticos con los que hace frontera, India y China.
Hasta donde sabemos
Desde ese convulso comienzo de 2021, el conflicto permanece activo y la escalada de violencia no ha hecho más que recrudecerse. ¿Cómo afecta toda esta violencia endémica al ya deficitario sistema educativo? La progresiva pérdida de control territorial de la junta militar se ha traducido en su instrumentalización de la violencia contra la población civil: bombardeos indiscriminados, violaciones sistemáticas de mujeres, persecución política, tortura, campos de trabajos forzados… Así lo confirmaba en marzo el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews: "El declive de la junta militar, motivado por importantes pérdidas en el campo de batalla y una oposición ciudadana generalizada, ha llevado a una aumento vertiginoso de los ataques contra civiles, lo que subraya la necesidad de una acción internacional más contundente y coordinada".
El último informe de Myanmar Witness culmina, precisamente, una serie de investigaciones que documentan vulneraciones de los derechos humanos y daños infligidos a infraestructuras civiles protegidas por el derecho humanitario internacional: viviendas, instalaciones sanitarias, lugares de cultuto y, concretamente, centros educativos.
A partir de un análisis de fuentes abiertas, el informe evidencia daños cada vez mayores en la red educativa de Myanmar, con un total de 174 ataques a 133 escuelas y universidades desde el golpe militar hasta el 30 de abril de 2024. La mayoría, ataques aéreos, pero también con armamento pesado o como resultado de ofensivas terrestres e incendios. Además, casi la mitad han supuesto la destrucción completa o significativa de los centros afectados, provocando 64 víctimas mortales confirmadas y 106 heridos. Las escuelas de Sagaing, región considerada el epicentro del conflicto, son las que más daños han sufrido, con alrededor de un tercio de todos los incidentes, más frecuentes en las áreas fronterizas.
Estas cifras son solo una pequeña parte de la historia. Las fuentes del informe se limitan a imágenes de redes sociales y de noticias que muestran daños verificables, así como vídeos de ataques con drones, publicados por las PDF. Las fotografías seleccionadas exhiben escuelas con tejados derrumbados, estructuras quemadas y llenas de escombros, personas heridas… Un panorama desolador. Sin embargo, el propio centro de investigación reconoce la dificultad para cotejar y geolocalizar el contenido recopilado y, por tanto, ofrecer datos más completos.
La represión obliga a los militares birmanos a multiplicar la capacidad de la mitad de sus cárceles
Lo que sí incluye es un análisis más detallado de cuatro estudios de caso, que demuestran que la junta militar es la responsable de la mayoría de estos ataques y también de los más destructivos. "La junta es el principal impulsor de la violencia, la inestabilidad, el declive económico y la anarquía en el país", sentenciaba ya hace meses el relator especial de la ONU. Uno de los casos concretos analizados en el informe se produjo en noviembre del año pasado. Un asalto de las PDF a unidades militares de Myanmar en la Universidad de Loikaw sugiere que ambos grupos armados podrían estar utilizando las instalaciones educativas como bases, poniendo en peligro su protección en virtud del derecho internacional.
Qué futuro le espera a un país en el que se arrasa sin miramientos la educación
Más allá de los datos numéricos, está el presente y futuro de las víctimas del conflicto, la población civil. La destrucción de instalaciones educativas entraña el ensombrecimiento del futuro de los jóvenes y, por tanto, del país. “Atrapada en el fuego cruzado de los combates hay una generación de estudiantes a los que les están arrebatando las expectativas de acceder a la educación”, condena Lawrence. La educación es un derecho fundamental, el reservorio de la esperanza de un cambio a mejor. “Si no se protege la educación en todo Myanmar, la próxima generación corre el riesgo de dejarse llevar por el faccionalismo y la guerra, en lugar de por la esperanza y la razón”. Especialmente tras la puesta en marcha del reclutamiento forzoso de jóvenes por todo el país.
Las cicatrices de la herencia colonial nunca se han suturado y siguen abiertas, emponzoñando la sociedad y las estructuras políticas de Myanmar. Como ha ocurrido demasiadas veces con antiguos territorios coloniales, Occidente se desentiende una vez que se ha retirado, depositando la culpa en el atraso de esos pueblos empobrecidos y lejanos. La crisis en Myanmar es uno de tantos conflictos olvidados, que ya no están de moda y, como consecuencia, no tiene presencia en los medios convencionales. Lo que no se cuenta, no ocurre.
"Hoy los jóvenes de Myanmar son testigos de cómo sus centros educativos, sus oportunidades vitales, se reducen a escombros", se lamenta el investigador Matt Lawrence en el último informe de Myanmar Witness, que revela hasta qué punto la educación se encuentra “atrapada en el fuego cruzado” entre el gobierno militar y los grupos disidentes, conflicto que ahoga al país desde comienzos de 2021.