Cientos de miles de chilenos se manifestaron este domingo en 50 ciudades y 250 municipios para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en el país por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981. Según los organizadores de la marcha, la cifra de asistentes se elevó a un millón de personas en todo el país y a 600.000 en la capital, Santiago.
Desde 1981, los chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas, las conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes invierten este dinero en otras empresas del país. El presidente de la AFC, Rodrigo Pérez Mackenna, admitió que "es necesario hacer cambios" en el sistema, y que la manifestación evidencia que hay una importante "demanda ciudadana", por lo que se mostró dispuesto a debatir nuevas propuestas con los ministros, según informó el diario La Tercera.
Según el movimiento No+AFP, este sistema "ahoga a los ciudadanos" por lo que, si no se toman medidas tras las movilizaciones de este domingo, anunció un paro para el próximo 4 de noviembre, según afirmó el coordinador de la plataforma, Luis Mesina. "Somos los que hoy juramos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales dejen de estar al servicio de los grupos económicos y se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores", expresó Mesina durante su discurso.
Esta fue la segunda marcha nacional convocada por la plataforma en menos de un mes. La primera fue el pasado mes de julio, a la que acudieron más de 750.000 personas en todo el país.
Un sistema defendido por la derecha estadounidense y europea
El modelo chileno de pensiones, que fue ideado por el ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile José Piñera, fue defendido tiempo atrás con insistencia por la derecha estadounidense y europea. Durante la visita de George Bush a Chile en el año 2004, el entonces presidente de los EEUU destacó que este sistema era un "excelente ejemplo" para la reforma del Seguro Social en su país, por estar basado en la "propiedad, la libertad de escoger y la responsabilidad personal".
En España, el conservador Manuel Pizarro se mostró a favor del sistema chileno de pensiones en una entrevista a ABC en el año 1992. El entonces presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid y luego candidato del PP declaró que "los países que van bien –como Chile, por ejemplo– han logrado esos ajustes ahorrando, desregulando todo el régimen de la Seguridad Social, fijando sistemas de pensiones donde la gente donde la gente está ahorrando toda su vida pero sabe que al final tiene una pensión digna. Y eso lo hace mucho mejor la iniciativa privada que la pública".
La viuda del dictador Pinochet cobra una pensión mensual del Estado chileno de 4.160 euros
Años más tarde, en la campaña de las elecciones generales de 2008, el exministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes acusó a Pizarro en un debate electoral en Antena 3 de haber defendido las bondades del sistema de pensiones creado en la dictadura de Pinochet. Pizarro negó haber realizado esas declaraciones. "Nunca lo he propuesto porque nunca lo he creído, señor Solbes. Porque creo que hace falta un sistema público, que paguen los que están empleados, y que cuanto más empleo tengamos, mejor irán las pensiones", señaló.
La patronal española también se mostró encantanta con el sistema chileno. Como el presidente de Mapfre, José Manuel Martínez. En un foro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Menéndez Pelayo en 2010, Martínez declaró que "a la larga se debe ir a un sistema como el chileno", en el que hay "una cobertura universal mínima para todo el mundo, y lo demás es capitalización".
Los datos sin embargo son, tres décadas después de ponerse en marcha este sistema, escandalosos. El 90,7% de los chilenos reciben en este momento pensiones menores a 205 euros, la mitad del sueldo mínimo en Chile.
Cientos de miles de chilenos se manifestaron este domingo en 50 ciudades y 250 municipios para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en el país por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981. Según los organizadores de la marcha, la cifra de asistentes se elevó a un millón de personas en todo el país y a 600.000 en la capital, Santiago.