La noche en que desaparecieron 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, México, no fue la más oscura ni la más sangrienta, porque antes de aquella hubo muchas más. Las espeluznantes cifras dan cuenta del cementerio en el que se ha convertido el país azteca desde que expresidente Felipe Calderón comenzara la guerra contra el narcotráfico en 2006. Sólo desde entonces, se han reconocido oficialmente más de 60.000 muertos y 25.000 desaparecidos. Luis Tapia es uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con sede en Ciudad de México. La suya es una de las organizaciones implicadas en la defensa de las familias de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
A día de hoy, un año después de aquella fatídica noche y tras varias investigaciones que han sido puestas en entredicho, el caso se presenta con muchas más incógnitas que certezas. Todavía no hay una versión concluyente sobre qué fue exactamente lo que ocurrió y quiénes son los responsables. De manera que la demanda sigue siendo la misma: “Vivos se los llevamos, vivos los queremos”. Es precisamente esa postura de las familias, cuya exigencia es algo más que un lema, la que ha provocado que la respuesta de la sociedad mexicana a la desaparición de los 43 estudiantes haya marcado un antes y un después. Probablemente, Ayotzinapa se haya convertido a estas alturas en un símbolo del hartazgo de casi una década de violencia.
“El caso sacó a flote la grave situación de violación de derechos humanos que se venía silenciando desde el principio del Gobierno de Enrique Peña Nieto [sucesor de Calderón que accedió a la Presidencia a finales de 2012]. Lo que ocurre con la desaparición de los 43 estudiantes pone de relieve que había una situación estructural propicia para que esto sucediera”, explica Luis Tapia a infoLibre durante su paso por Madrid dentro de la campaña de Amnistía Internacional para poner fin a la tortura.
“Hubo un acuerdo entre la oficina de Comunicación Social y los medios, muchos aliados del Gobierno, aunque no todos, de no reportar casos de violencia. Ya no hay que informar sobre desapariciones, ejecuciones o enfrentamientos. Ha habido una política de silencio”, ahonda el abogado sobre las hipótesis que se han barajado acerca de una disminución de los índices de violencia durante el mandato de Peña Nieto. Una tesis, la de “censura directa”, a la que habría que añadirle el miedo a informar sobre estas cuestionas debido a las agresiones y asesinatos contra periodistas que sitúan a México como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.
Negligencias en la investigación
Sin embargo, volviendo al eco que ha tenido el caso de Ayotzinapa, las pesquisas de la justicia mexicana han dejado mucho que desear pese a la presión de la opinión pública. Durante las primeras horas en que desaparecieron los 43 estudiantes, después de que fueran atacados por la policía cuando habían tomado varios autobuses para viajar al DF a una marcha conmemorativa de la Matanza de Tlatelolco, fue el Estado de Guerrero, cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico, y no el Gobierno federal el que se encargó de la investigación.
Entonces, se encontró una fosa con 128 cadáveres y se anunció sin reparos que pertenecían a los estudiantes, algo que posteriormente fue refutado con el consiguiente escándalo. Ante tal desbarajuste, el Gobierno federal decidió tomar el mando de la investigación, pero lejos de mejorar, las nuevas tesis han sido fuertemente cuestionadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La verdad histórica del Gobierno
“Los familiares están buscando la verdad, no tienen construida una teoría sobre lo que pasó. El Gobierno les dijo que sus hijos habían sido quemados, construyó esa 'verdad histórica' con el testimonio de tres personas. Lo que sabemos es que eso es mentira porque el grupo de expertos de la CIDH dijo que no hay base científica para que los hechos hayan sido de ese modo, por la forma en la que fueron encontrados los restos. Para los padres la principal exigencia es encontrar a sus hijos con vida”, señala. El grupo de expertos de la CIDH presentó un informe de 550 páginas en el que desmentía totalmente la versión en la que se había enrocado el Gobierno federal. "No fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula", aseguraron, ya que la desaparición de 43 cuerpos requiere una gran hoguera que debería haber sido vista por los habitantes de Cocula.
Esta revelación pone sobre la mesa otra incógnita más: si los estudiantes no fueron quemados allí, ¿de dónde trajeron los restos de Alexander Mora, uno de los dos únicos estudiantes identificados? En ese mismo informe se apuntaba, además, la teoría del famoso “quinto autobús”, uno de los que fueron asaltados por los estudiantes y que supuestamente portaba un cargamento de droga o dinero del narcotráfico. Sólo así se explicaría la brutal violencia contra los estudiantes. Esta sería una de las líneas de investigación más difíciles, ya que “eso implicaría averiguar si hay actuación conjunta entre el crimen organizado y el poder político y habría que buscar responsabilidades, entonces, entre los funcionarios federales”. Pero Tapia insiste: ni las familias ni las organizaciones que han asumido su representación tienen clara una teoría sobre lo que pudo haber pasado.
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La verdad, primera exigencia de los familiares
“El Gobierno tiene una fuerte ofensiva mediática para relacionar a los estudiantes con el narcotráfico”, denuncia el abogado. Sin embargo, no tiene clara la razón principal por la que el Ejecutivo de Peña Nieto sigue empeñado en mantener que fueron quemados. “Podemos especular sobre cuáles son las causas: puede ser que están apostando al olvido, al cierre del proceso, ya les ha implicado, se les cayó su teatro sobre México y la comunidad internacional está preocupada por lo que está pasando en el país, ya se evidenció la falta de capacidad científica en la investigación…”. Y añade: “Yo creo que el Gobierno apuesta porque se cierre, ya lo dijo Peña Nieto el año pasado: 'Hay que superarlo'”.
Así las cosas, la primera e inmediata exigencia de las familias es la verdad, antes que la reparación y la justicia, las dos demandas que siguen al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes. Mientras esto llega, la campaña sobre la verdad oficial defendida a ultranza por el Gobierno mexicano sigue levantando ampollas en la sociedad mexicana. Este viernes se estrenaba la película La noche de Iguala, del periodista Jorge Fernández Menéndez, en la que se dramatiza y se recrea lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Sólo el trailer vincula a los estudiantes con el narcotráfico y corrobora la cuestionada versión de que fueron quemados en Cocula. La película ha sido duramente criticada por los compañeros de los estudiantes y ya hay en Change.org una petición para que la cinta se retire de las salas de cine.
La noche en que desaparecieron 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, México, no fue la más oscura ni la más sangrienta, porque antes de aquella hubo muchas más. Las espeluznantes cifras dan cuenta del cementerio en el que se ha convertido el país azteca desde que expresidente Felipe Calderón comenzara la guerra contra el narcotráfico en 2006. Sólo desde entonces, se han reconocido oficialmente más de 60.000 muertos y 25.000 desaparecidos. Luis Tapia es uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con sede en Ciudad de México. La suya es una de las organizaciones implicadas en la defensa de las familias de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.