El pasado jueves, las ONG’s Alianza por la Solidaridad y Greenpeace presentaron a ACS, la empresa que preside Florentino Pérez, 25.000 firmas para que pare el enésimo proyecto energético en Latinoamérica que amenaza el modo de vida de las comunidades indígenas. El grupo Cobra, filial de ACS, ha sido subcontratado por Corporación Multi-Inversiones (CMI) para construir un complejo de presas que generarán "limpia" y "renovable" energía hidráulica en el río Cahabón, en la zona de Alta Verapaz de Guatemala: un territorio con un 93,5% de población indígena en situación de pobreza, aislada y vulnerable. El proyecto se llama Renace y está dividido en cinco fases que, en total, reducen, según estimaciones de Greenpeace, el 90% del caudal del río, del que depende la biodiversidad de la selva tropical, la salubridad de las tierras y el agua potable de unos 29.000 nativos, a los que se intenta comprar, pero a los que nadie, nunca, ha preguntado.
"Nos recibió el director de comunicación de ACS. Nos dijeron que tienen más de 1.200 empresas como filiales y que no tienen el control de todas, pero que iban a revisarlo y pedirle información a Cobra", explica Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad, organización que ha movido las firmas, está en contacto con activistas guatemaltecos y no ha cesado en su empeño de denunciar el proyecto Renace. Es un minúsculo pero primer avance en años. Renace cuenta con todos los permisos del Gobierno, no ha sufrido ningún contratiempo ni impedimento, mientras que los activistas del país han sido "acosados y derribados", asegura Moreno. Se entiende cuando se bucea en la historia de Guatemala que tras la bajada de precios que provocó el fin de su modelo agroexportador en los 90 abrazó el extractivismo: centrar el desarrollo en el aprovechamiento de recursos naturales.
La filial de ACS está, actualmente, construyendo la última de las cinco fases de la intervención en el río Cahabón. Cada fase, denuncian los ecologistas, ha sido examinada con un análisis de impacto ambiental distinto, que no tenía en cuenta el impacto ya generado por sus predecesoras. "En la actualidad, resulta visible que la hidroeléctrica genera impactos negativos en esta disponibilidad de agua, dado que el nivel del caudal mínimo ecológico que deja el proyecto no basta para abastecer de agua a las comunidades aledañas y para mantener la vida acuática en épocas de sequía", afirma un informe de Alianza por la Solidaridad. "El 5% de los indígenas de la zona tiene acceso en sus casas al agua potable. Cada vez están más lejos de las partes del río donde pueden conseguirla. La empresa les hace promesas de empleo y desarrollo, pero nunca llegan. Y los empleos, si llegan, son temporales", afirma Moreno, dado a que la división de Renace en fases hace que los pocos habitantes que son contratados se emplean por meses y en condiciones muy precarias.
La ONG también apunta a la contaminación del río debido a los movimientos de tierras, el acaparamiento del territorio por parte de la empresa y la ausencia de una consulta a las poblaciones, un derecho recogido por la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de 2007 y ratificada por el Estado de Guatemala. Recoge, además, denuncias de ataques e intimidaciones que sufren los líderes de la movilización contra la hidroeléctrica, que detalla en su documento la ONG, en un país donde las violaciones y los asesinatos a líderes ecologistas son el triste pan de cada día. Muchas de ellas no se denuncian o es imposible demostrar que, como creen las comunidades, la empresa está detrás de las agresiones.
Los compromisos de ACS
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ACS ha declinado responder a las preguntas de infoLibre, asegurando que nunca realizan declaraciones sobre este tipo de asuntos. La empresa, presidida por el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, firmó en 2002 los principios de conducta del Pacto Mundial, que incluyen que “las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia” o que "las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos". "Aluden a que son subcontratas y que no tienen responsabilidad. El hecho de que participes y no promuevas no te exime del cumplimiento de los derechos humanos", opina Moreno. Por su parte, el Responsable de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, asegura que estamos hablando de un "caso de incumplimiento de los compromisos de una empresa española" y señala una rendija abierta a nivel internacional para frenar estos impactos medioambientales y humanos: la semana pasada se celebró en Ginebra la segunda reunión de la comisión de Naciones Unidas que estudia la implementación de un Instrumento Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.
"Se trata de que los poderes económicos no se apropien de la toma de decisiones", afirma el activista. En principio, la herramienta frenará que empresas intervengan en proyectos extranjeros y se desentiendan por completo de las consecuencias medioambientales, sociales y humanas de sus acciones. La palabra "vinculante" implicará, a buen seguro, grandes dificultades para que salga adelante. Soto es optimista, aunque señala la contradicción: "Las grandes federaciones empresariales ya se han opuesto. En el mismo contexto de acuerdos comerciales como el CETA, sí hay acuerdos vinculantes. Pero cuando se habla de derechos humanos, no quieren", afirma Soto.
Alianza por la Solidaridad denuncia que, durante la última tromba de agua que sufrió Alta Verapaz, las presas de la hidroeléctrica Renace abrieron sus compuertas para aliviar la presión, inundando de golpe el terreno y casi destruyendo un puente que sirve de conexión a las distintas comunidades indígenas. La organización afirma que se han apropiado del río, que no solo sirve a los nativos para beber y sobrevivir. Moreno concluye: "Para ellos forma parte de su espiritualidad, es una conexión con su cultura. Imagínate que alguien negara el acceso al río Jordán".
El pasado jueves, las ONG’s Alianza por la Solidaridad y Greenpeace presentaron a ACS, la empresa que preside Florentino Pérez, 25.000 firmas para que pare el enésimo proyecto energético en Latinoamérica que amenaza el modo de vida de las comunidades indígenas. El grupo Cobra, filial de ACS, ha sido subcontratado por Corporación Multi-Inversiones (CMI) para construir un complejo de presas que generarán "limpia" y "renovable" energía hidráulica en el río Cahabón, en la zona de Alta Verapaz de Guatemala: un territorio con un 93,5% de población indígena en situación de pobreza, aislada y vulnerable. El proyecto se llama Renace y está dividido en cinco fases que, en total, reducen, según estimaciones de Greenpeace, el 90% del caudal del río, del que depende la biodiversidad de la selva tropical, la salubridad de las tierras y el agua potable de unos 29.000 nativos, a los que se intenta comprar, pero a los que nadie, nunca, ha preguntado.