La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2017 (COP23) arrancó el pasado lunes 6 de noviembre con la intención expresa de llevar a objetivos palpables y vinculantes lo acordado en la COP de París, de hace dos años, en la que se estableció el límite del calentamiento global en 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Antes de empezar la cumbre, actores de la acción climática ya advertían de las enormes dificultades de pasar del compromiso etéreo a la obligación, teniendo en cuenta el número de países que han firmado el acuerdo (todos menos Estados Unidos, tras la entrada de Siria y Nicaragua) y la disparidad en intereses y prioridades. Con la COP encarando su recta final, los obstáculos se han hecho evidentes. No solamente porque abordar una transición energética con garantías sea como lograr que encaje un puzle con infinitas piezas, sino por las perspectivas históricamente enfrentadas entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, por lo que se conoce como justicia climática.
El término justicia climática sirve para hablar del cambio climático no solo como un problema medioambiental, sino como un desafío social, transversal al resto de ámbitos de la vida en sociedad. El calentamiento global no afectará a todos por igual: hay factores de clase, de raza o de género. Al igual que no todos somos por igual responsables. Ni los ciudadanos de a pie son tan culpables como la industria contaminadora o las políticas insostenibles, ni todos los Estados contaminan lo mismo ni tienen los mismos recursos. Es la base de la confrontación que se ha instalado en el seno de la COP, una confrontación que, por otro lado, no es nueva.
Cuando se habla de aplicar el Acuerdo de París, se habla del único pacto vinculante que contiene: la revisión de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. El pacto reza así: "Al comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las Partes deberán proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la transparencia y la comprensión. (…) Cada Parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada cinco años". Fuentes de la negociación aseguran que ahora mismo se maneja un texto de 179 páginas en el que "no se concreta nada" y los países en desarrollo se oponen, en pos de esta justicia climática, y piden que no se evalúen los esfuerzos por el mismo rasero a todos. Por varias razones: porque los más desarrollados son los más responsables del problema ambiental, porque los ciudadanos de los países más desfavorecidos son los que están más en riesgo y porque una transición que abandone las energías fósiles y apueste por las renovables no es barata.
Antes de la COP ya avisaba, en declaraciones a Reuters, el presidente de la agrupación de países menos desarrollados dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc, los organizadores), el etíope Gebru Jember Endalew: "Los países menos desarrollados no pueden tomar medidas ambiciosas para abordar el cambio climático o protegerse contra sus impactos a menos que todos los países cumplan y superen las promesas que hicieron", aseguraba. "Enfrentamos el desafío único y sin precedentes de sacar a nuestra gente de la pobreza y lograr un desarrollo sostenible sin depender de los combustibles fósiles", añadió.
El debate sobre quién tiene que financiar y cómo el cambio climático, y cómo se van a realizar las transferencias de recursos de los países más desarrollados a los que no lo están tanto es lo que se conoce como la acción pre-2020. Los más pobres presionan para meter el tema en las negociaciones y los más ricos, entre ellos la Unión Europea, abogan por centrar los esfuerzos en concretar el Acuerdo de París en el apartado de la transparencia a la hora de comunicar los esfuerzos nacionales y dejar de lado este debate. Las prisas están relacionadas con que en 2020, tal y como recoge el Acuerdo de París, deben revisarse estas contribuciones de cada Estado. La negociación recibe el nombre de diálogo facilitador y se ha rebautizado en la COP23 como Diálogo de Talanoa.
La silla vacía de Estados Unidos y el papel de la UE
Talanoa es un concepto propio de Fiyi, el país que ostenta la presidencia de la cumbre, que se traduce como un diálogo enriquecedor, donde se forman relaciones y se permiten concesiones. Aún siguiendo ese principio, la discusión debe abordar la salida de Estados Unidos del acuerdo, algo nada fácil dado su peso en la financiación climática. "Hay que ver quién financia lo que iba a financiar EEUU. Alemania y sobre todo Francia parece que están dando un paso adelante en ese sentido", asegura el director de Cambio Climático de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, presente en la COP.
Sáenz de Miera vincula el debate sobre la financiación abierto en el seno de la COP con esta ausencia anunciada de EEUU en la acción climática. "Ahora hay que buscar fondos alternativos para mantener y potenciar la acción. Afortunadamente, las soluciones en el mundo energético son cada vez más baratas", asegura. "Hay que entender que estas negociaciones son muy lentas, pero se está avanzando. Hay una ventana abierta al liderazgo global del proceso. China no se ha echado atrás y no está paralizando el proceso. La UE tiene delante la posibilidad y el reto de coger el testigo", asegura el directivo de Iberdrola, quien reconoce que aunque Macron y Merkel "están jugando fuerte", la UE tiene que enfrentarse a la resistencia a la transición verde de Polonia, Estado miembro y potencia carbonera.
¿Es de verdad "ambicioso" el último acuerdo de la UE para reducir los gases de efecto invernadero?
La eurodiputada de Podemos Estefanía Torres, que ha acudido al encuentro climático, tiene una visión muy distinta del papel de la Unión Europea en las conversaciones. "No está sabiendo rellenar el hueco. Está manteniendo una agenda muy reducida que se limita a pequeños acuerdos", asegura, y critica que mientras que la Comisión Europea y el Consejo Europeo, "órganos no democráticamente elegidos por los europeos", están presentes en las negociaciones, los europarlamentarios se tienen que limitar a briefings de 20 minutos con, por ejemplo, el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, con quien Torres estuvo reunida este miércoles. Con respecto al papel de la justicia climática en Bonn, Torres celebra el acuerdo alcanzado para separar el fondo de daños y pérdidas por el cambio climático del fondo de mitigación y adaptación, que busca darle mayores recursos y entidad. Sin embargo, "no se ha definido una hoja de ruta, un mecanismo. Y ese mecanismo tiene que llegar antes de mayo de 2018, la fecha límite. La falta de liderazgo de la UE se manifiesta en temas como éste. No están siendo nada proactivos en las negociaciones", asegura.
La directora de Conversaciones de Ecodes y columnista de infoLibre Cristina Monge, también presente en la COP, asegura que es una buena señal que, a pesar de que EEUU ha anunciado que se retira del pacto de 2015, "la comisión negociadora es la misma que con Obama. Aunque la directriz es 'quietos y no moverse'", señala. Es visible en la cumbre, asegura Monge, la presencia de Ayuntamientos y regiones estadounidenses que apuestan por la lucha decidida contra el cambio climático, al margen de la postura del Gobierno federal. "Hay un montón de empresas estadounidenses con stand aquístand, porque saben que el mundo de los negocios va por ahí". Algo que confirma Sáenz de Miera: "Los financieros están mucho más metidos que en otras cumbres, por el riesgo climático. Saben que en el futuro va a haber tanto unos riesgos como unas oportunidades con el cambio climático. Están mucho más involucrados y cada vez va a ver más inversoras que exijan información en este sentido a las empresas antes de poner dinero", asegura.
Este viernes 17 de noviembre culmina la COP de Bonn y aún no hay visos de un acuerdo político al máximo nivel. El miércoles empezaron las negociaciones estrictamente políticas, para lo que acudió la ministra de Medio Ambiente española, Isabel García Tejerina. El trabajo es arduo y a contrarreloj, pero a pesar de las dificultades de tantos países, las fuentes consultadas aún son optimistas con respecto a un acuerdo. Está por ver si será suficiente.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2017 (COP23) arrancó el pasado lunes 6 de noviembre con la intención expresa de llevar a objetivos palpables y vinculantes lo acordado en la COP de París, de hace dos años, en la que se estableció el límite del calentamiento global en 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Antes de empezar la cumbre, actores de la acción climática ya advertían de las enormes dificultades de pasar del compromiso etéreo a la obligación, teniendo en cuenta el número de países que han firmado el acuerdo (todos menos Estados Unidos, tras la entrada de Siria y Nicaragua) y la disparidad en intereses y prioridades. Con la COP encarando su recta final, los obstáculos se han hecho evidentes. No solamente porque abordar una transición energética con garantías sea como lograr que encaje un puzle con infinitas piezas, sino por las perspectivas históricamente enfrentadas entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, por lo que se conoce como justicia climática.