Los líderes europeos abordan el primer presupuesto sin Reino Unido con la vista puesta en los futuros recortes

Arranca el tira y afloja presupuestario en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán este viernes en el corazón comunitario para afrontar la primera toma de contacto sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), que define las prioridades presupuestarias del club para el periodo 2021-2027. Y lo hacen con dos objetivos fundamentales en mente. Por un lado, cubrir el agujero de entre 12.000 y 13.000 millones de euros anuales que dejará la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Por otro, potenciar las nuevas prioridades, que van desde la seguridad y la defensa hasta el control de las fronteras o la transformación digital del Viejo Continente. Y para ello, son conscientes de que es necesario tanto reasignar recursos como incrementar ingresos, ya sea a través de una mayor aportación de los Estados o buscando nuevas vías de financiación.

Aunque las negociaciones, como siempre ocurre, serán “extremadamente complicadas por los intereses en juego”, según fuentes de la Comisión Europea, desde Bruselas se han marcado el reto de tenerlas cerradas antes de que se celebren en 2019 las elecciones a la Eurocámara y se consume la ruptura definitiva con el Reino Unido, algo que será posible, dicen, “si hay determinación de los Estados”. El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar su propuesta formal del marco financiero plurianual el próximo mes de mayo. Y, para ello, es necesario “ponerse en marcha cuanto antes”. La Comisión Europea ya ha puesto sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno una primera comunicación con la que se pretende articular el debate en la reunión informal de este viernes. Una suerte de “menú” que ofrece a los líderes europeos varios escenarios posibles para el futuro periodo.

Recortes en ayudas agrarias y fondos estructurales

El primer cambio fundamental que se plantea desde Bruselas es un recorte en los fondos estructurales y en la política agrícola común, cuyas partidas en el actual periodo (2014-2020) se han comido más del 70% del presupuesto europeo. El tijeretazo, como se lleva anunciando desde comienzo de año, es inevitable. Y así se lo trasladó el comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, el pasado martes a miembros de parlamentos nacionales de la Unión Europea reunidos en la Eurocámara. “No hay remedio, va a haber recortes”, afirmó el conservador alemán, que señaló que el agujero que dejará el Brexit y el incremento del gasto en otras partidas se suplirá, a partes iguales, con “ahorros” y con “dinero fresco” de los veintisiete Estados miembros. Y, en ambos casos, el documento plantea dos escenarios: o un golpe suave o uno duro.

En el caso de la política agrícola común, cuyos niveles en el periodo actual se sitúan en los 400.000 millones de euros –un 37% del actual marco financiero plurianual–, la Comisión plantea, en primer lugar, un recorte en las ayudas directas a los agricultores del 30%, es decir, 120.000 millones de euros menos, un movimiento que, según reconoce el Ejecutivo comunitario, “podría implicar una caída de los ingresos medios de las explotaciones de más del 10% en algunos Estados miembros”. Sin embargo, el documento elaborado por Bruselas también pone sobre la mesa una disminución del 15% –60.000 millones de euros–. “La reducción de los ingresos medios de las explotaciones sería más limitada, pero aún podría tener una repercusión notable en algunos sectores”, apuntan sobre este segundo escenario en el documento.

En el bloque de los fondos estructurales, la Comisión plantea limitar, tal y como ya pidió a comienzos de semana el ministro de Finanzas finlandés, el dinero destinado a conseguir una cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea. En concreto, el Ejecutivo de Juncker propone, de nuevo, dos escenarios. El primero, plantea recortar 95.000 millones en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE), lo que implicaría que sólo podrían beneficiarse de estas ayudas las regiones ultraperiféricas de Francia y las menos desarrolladas de Italia y España – Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha–, además de los Estados incluidos en el denominado grupo de cohesión –los países del Este, Grecia y Portugal–. El segundo escenario eleva ese recorte a 124.000 millones, un movimiento que limitaría esas ayudas sólo a este último grupo de Estados.

En el actual marco plurianual, España recibió 37.400 millones de euros de los fondos estructurales. Por ello, el Gobierno español pretende minimizar al máximo las pérdidas. La posición del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según desveló a comienzos de febrero El País, es clara: la política agraria común debe seguir siendo “un instrumento central” y rechaza grandes cambios en las políticas de cohesión. También se ha mostrado reticente a este tijeretazo el Comité Europeo de las Regiones –representa a las entidades locales y regionales de todo el Viejo Continente–, que defiende que “el principal instrumento de inversión de la Unión Europea” debe seguir siendo “un pilar en el presupuesto comunitario después de 2020”. “No podemos continuar con una visión de túnel sobre el progreso económico e ignorar el fallo a nivel social”, señaló el pasado mes de noviembre el presidente del organismo.

Fuentes del Ejecutivo comunitario, no obstante, explican que tanto Juncker como el comisario de Presupuestos son partidarios de unas reducciones en las partidas “mesuradas” y rechazan “los escenarios más extremos”. “Yo quiero la Política Agrícola Común, yo quiero la política de cohesión, no quiero dañar esas políticas. Habrá recortes, pero razonables", dijo el pasado martes en el Parlamento Europeo el comisario germano. “Un recorte pequeño daría bastantes recursos para las nuevas necesidades”, completan desde Bruselas.

Condicionalidad para las ayudas

En el tema de las ayudas estructurales, otra de las cuestiones que deberán abordarse es si el recorte vendrá acompañado de cambios en los umbrales de acceso a las ayudas –en el caso del Fondo de Cohesión, por ejemplo, sólo pueden disfrutar de él aquellos Estados cuya renta nacional bruta sea inferior al 90% de la media europea–. “Se estudiará si se aplica un criterio más sofisticado en el que se tengan en cuenta otros factores como la evolución de la población, el desempleo, la afluencia de inmigración...”, explican fuentes de la Comisión Europea, que añaden que con los recortes y los criterios actuales no se quedarían fuera sólo Madrid o Barcelona, sino también todos aquellos barrios de las dos principales ciudades españolas que a día de hoy “tienen problemas sociales”.

“En el debate público se ha propuesto, finalmente, que el desembolso de fondos de la UE esté vinculado al respeto de los valores formulados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”, añade también la comunicación puesta sobre la mesa por Bruselas, algo que ya había pedido públicamente el pasado mes de enero la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová. Hasta la fecha, explican fuentes de la Comisión, esta condicionalidad se aplicaba exclusivamente “a los fondos estructurales”. Ahora, dicen, se plantea extenderla al resto de ayudas. Es, según sostienen las mismas fuentes, un punto “sensible” porque pretende evitarse que esto pueda tener consecuencias directas no sólo para los países que no los respeten, sino también para todos sus ciudadanos.

Aportaciones de los Estados y nuevos ingresos

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En materia de ingresos, el primer punto de debate girará alrededor de las aportaciones de los Estados miembros, que actualmente suponen la mayor parte de los ingresos de la Unión Europea y que han ido menguando periodo tras periodo. Los países han pasado de aportar de media un 1,25% de su producto nacional bruto en el periodo 1993-1999 a ingresar en las arcas públicas de la UE en el actual marco un 1,03%. “Si queremos un control europeo de fronteras y una política de defensa, el nivel actual del presupuesto, equivalente al 1% del Producto Nacional Bruto, no es suficiente”, señaló Oettinger la semana pasada. Mientras que la Eurocámara propuso este jueves elevarlo de nuevo hasta el 1,3%, fuentes de la Comisión señalan que el comisario apuesta por “entre el 1,1% y el 1,2%”. “Actualmente, si se atiende a la Unión a 27, el nivel estaría en el 1,13%”, explican.

En este sentido, Bruselas también tiene en mente, para afrontar los futuros gastos comunitarios, poner en marcha nuevas vías de ingresos. En este sentido, por ejemplo, el documento de la Comisión Europea pone sobre la mesa, por ejemplo, que una parte del dinero que obtienen los Estados en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero vayan a parar a las arcas europeas, algo que, según sus cálculos, aportaría al presupuesto comunitario entre 7.000 y 105.000 millones durante todo el periodo. O cambios en el porcentaje del impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado por los Veintisiete que va a parar a Bruselas. En este sentido, según el Ejecutivo que lidera Juncker, una simplificación del cálculo podría aportar de 105.000 a 140.000 millones.

A estas dos principales fuentes se añadiría, también, una base imponible consolidada común del Impuesto de Sociedades: “Cada Estado miembro gravaría su parte de los beneficios (de las empresas) a su propio tipo de gravamen nacional y podría introducirse un tipo de referencia de la UE”, explica la Comisión, una idea que, según calculan, podría aportar de 21.000 a 140.000 millones durante todo el periodo. Y, también, ponen el foco en el conocido como señoreaje –ingresos que los bancos centrales y los gobiernos obtienen de la emisión de moneda–. “Una parte de los beneficios netos abonados a los tesoros nacionales podría ponerse a disposición del presupuesto de la UE”, apunta Bruselas, un movimiento que, estiman, aportaría de 10.500 a 56.000 millones de euros adicionales.