Diplomáticos de medio mundo se reunieron esta semana en la ciudad suiza de Ginebra en la tercera Conferencia de los Estados Parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés). Durante cinco días, representantes de más de un centenar de países intercambiaron en el Centro Internacional de Conferencias sus puntos de vista sobre la universalización del acuerdo y su implementación, debatiendo durante horas sobre aspectos relacionados con el establecimiento de sistemas nacionales de control, la cooperación interinstitucional y las restricciones a la exportación de material bélico recogidas en el tratado. Prohibiciones a las que, tal y como han denunciado en repetidas ocasiones las organizaciones en defensa de los derechos humanos, no se están ajustando las potencias líderes en el mercado mundial de armas. De nuevo, los billetes pesan mucho más que las obligaciones internacionales.
La necesidad de poner en marcha un acuerdo internacional para regular la venta de material bélico se puso sobre la mesa por primera vez en la década de los noventa de la mano del premio Nobel de la Paz Óscar Arias. Sin embargo, la ONU no acordó el inicio de los trabajos hasta diciembre de 2006 (Resolución 61/89). Seis años después de aquel pistoletazo de salida, el borrador estaba listo para la primera prueba de fuego: la Conferencia relativa al Tratado sobre el Comercio de Armas de julio de 2012. Sin embargo, la petición de más tiempo solicitada por EEUU, Rusia, Siria y otros países trastocó el primer intento de cerrar un acuerdo. Pero el dolor de la caída duraría menos de un año. En abril de 2013, salió adelante por abrumadora mayoría la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para adoptar el tratado. 154 países votaron a favor, 22 se abstuvieron y sólo 3 –Siria, Corea del Norte e Irán– lo rechazaron.
Dos meses después, se abrió a firma para todos los Estados miembros de la ONU. El objetivo era conseguir las 50 ratificaciones para que fuera vinculante, una cifra que se alcanzó en poco más de un año, el 25 de septiembre de 2014. El 24 de diciembre, entró en vigor. Actualmente, forman parte del ATT 81 Estados. Entre ellos se encuentran cinco de los ocho principales exportadores de armas a nivel mundial: Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia, que en conjunto controlaron entre 2011 y 2015 el 21% del mercado mundial, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Fuera quedan, sin embargo, las grandes potencias en esta materia, que en ese mismo periodo dominaron el 63,9% de las exportaciones de material bélico a nivel global: Estados Unidos, Rusia y China. El primero lo ha firmado pero ni lo ha ratificado ni se ha adherido. Los otros dos, ni siquiera han llegado a estampar su rúbrica. Por tanto, el ATT no es vinculante para ninguno.
Restricciones que no se cumplen
El tratado establece "normas internacionales comunes lo más estrictas posible" en el comercio de armas con el fin de "contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional", de "reducir el sufrimiento humano" y de "promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados parte". Para ello, recoge una prohibición contundente: no se autorizará ninguna transferencia de armas convencionales –carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles, lanzamisiles, armas pequeñas y armas ligeras–, munición o partes y componentes que se puedan usar para ensamblar armas convencionales "si en el momento de la autorización tiene conocimiento" de que podrían usarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o ataques dirigidos contra población civil.
Restricciones que, según denuncian desde los colectivos en defensa de los derechos humanos, no están cumpliendo los grandes vendedores de armas que son parte del tratado –Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia–. El pasado lunes se pronunció al respecto el responsable de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, James Lynch, quien recordó que anualmente las armas de fuego "matan a alrededor de medio millón de personas, y varios millones más están atrapadas en brutales conflictos avivados por ventas de armas irresponsables". "El Tratado sobre el Comercio de Armas prometía salvar incontables vidas regulando esta industria masiva rodeada de secreto, pero su débil aplicación y la falta de transparencia hasta el momento amenazan con debilitarlo", criticó el activista por los derechos humanos.
Con la vista puesta en la tercera conferencia, además, pidió a los Estados parte "que rindan cuentas unos ante otros" por las exportaciones de material bélico "irresponsables y potencialmente ilícitas". La dura crítica de Lynch se confirma con los datos que recopila anualmente el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Sólo en 2016, último año del que hay información disponible, Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia vendieron material bélico a cuatro de los diez Estados que según el Democracy Index 2016, elaborado por la revista The Economist, tienen los regímenes más autoritarios del mundo. Aeronaves de combate, bombas o misiles que llegaron sin escrúpulos a Guinea Ecuatorial, Turkmenistán, Arabia Saudí y Uzbekistán. Exportaciones que permitieron a los fabricantes ingresar miles de millones de euros.
Guinea Ecuatorial: dictadura hermana
Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 163 de 167 en el ranking que elabora anualmente la publicación británica. El país africano obtiene una nota de 1,70 sobre 10 –siendo el 10 una democracia plena y el 0 una dictadura–, suspendiendo en los cinco indicadores a valorar: proceso electoral y pluralismo –obtiene un cero–, funcionamiento del Gobierno –0,43 puntos–, participación política –2,22–, cultura política –4,38– y libertades civiles –1,47–. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado por activa y por pasiva las graves restricciones al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión. "En el periodo previo a las elecciones presidenciales de abril –en las que Teodoro Obiang volvió a 'imponerse' con un 93,7%– (...) la policía usó fuerza excesiva, incluidas armas de fuego, contra miembros de partidos de oposición. Cientos de opositores políticos y otras personas, entre las que había nacionales extranjeros, sufrieron detención arbitraria y reclusión sin cargos ni juicio durante diferentes periodos; algunos fueron torturados", denunció Amnistía Internacional en su Informe 2016/2017.
Violaciones de derechos humanos que no impidieron que en enero de 2016 una delegación del Ministerio de Defensa ecuatoguineano viajara a España para cerrar la compra con Airbus Defence and Space de dos aviones C-295 de transporte militar, aeronaves ensambladas en Sevilla que reportarán a la empresa más de 40 millones de dólares. Las relaciones entre los dos países siempre han sido muy fluidas. Tanto es así que en 2014, por ejemplo, el dictador Teodoro Obiang fue invitado en marzo de 2014 por el Instituto Cervantes y la UNED para que impartiera unas conferencias en Bruselas. La clave de la buena sintonía la da el Ministerio de Exteriores en su ficha sobre el país africano: "El gran desarrollo económico del país, impulsado por el sector de hidrocarburos, los estrechos lazos socioculturales y la existencia de una estructura logística consolidada son factores determinantes del impulso comercial entre los dos países".
Turkmenistán: helicópteros y motores para buques
Turkmenistán, por su parte, ocupa el puesto 162 de la lista elaborada por The Economist. Con un 1,83 de nota media en el Democracy Index 2016, el país asiático suspendió en cuatro de los cinco indicadores analizados por el semanario británico: un cero en proceso electoral y pluralismo, un 0,79 en funcionamiento del Gobierno, un 2,78 en participación política y un 0,59 en libertades civiles. Sólo consiguió un aprobado raspado en política cultural. En su Informe de 2016-2017, Amnistía Internacional se mostró muy preocupada al observar que la situación de los derechos humanos seguía sin mejorar. La organización denunció que los colectivos de la sociedad civil independientes "no podían actuar con libertad", que el país seguía "cerrado para los mecanismos de observación de los derechos humanos", que las libertades de expresión, asociación y religión "estaban muy restringidas" y que "las relaciones sexuales entre varones seguían siendo delito".
A pesar de ello, Turkmenistán siguió importando material bélico de países participantes del Tratado sobre el Comercio de Armas. Por ejemplo, según recoge el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo en su base de datos, dos de los grandes vendedores de armas a nivel internacional, Italia y Alemania, que ratificaron el acuerdo en abril de 2014, exportaron en 2016 al país asiático vehículos y componentes de uso militar. Así, el SIPRI recoge que desde suelo italiano se exportaron a Turkmenistán helicópteros AW109-K de la compañía AgustaWestland –ahora Leonardo SPA– y misiles antibuque Marte-2. Alemania, por su parte, exportó motores MTU-4000, diseñados por la compañía británica Rolls Royce y utilizados en buques de guerra.
Uzbekistán: medalla al mérito civil y aviones de transporte
Con unos niveles de democracia similares a los de su vecino, Uzbekistán ocupa el puesto 158 en el ranking de la revista británica. Sus escandalosos suspensos en proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política y libertades civiles, así como su aprobado por los pelos en cultura política situaron el índice de democracia de The Economist en el 1,95. Entre las principales preocupaciones de las organizaciones en defensa de los derechos humanos en 2016 se encontraban la tortura en centros de detención y cárceles, una práctica que Amnistía Internacional calificó como "muy generalizada", y la "muy extendida" práctica del trabajo forzado. "Los derechos a la libertad de expresión y de asociación siguieron fuertemente restringidos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo hostigamiento y violencia de forma habitual", sentenciaba AI en su informe anual.
Para Francia, sin embargo, dichas restricciones no le impidieron exportar a suelo uzbeko material de uso bélico. Desde el país galo salieron en 2016 helicópteros AS-350, AS-550 Fennec –versión militar– y EC725 Super Cougar –transporte de tropas y con un coste unitario que supera los 24 millones de dólares–, todos ellos fabricados por la compañía Airbus Helicopters. La represión en Uzbekistán tampoco fue un obstáculo para España, que en 2016 vendió al Gobierno del país asiático para sus Fuerzas Armadas dos aviones de transporte C-295, repuestos, equipos de tierra y documentación por un valor de 49,2 millones de euros, según el balance anual de la Secretaría de Estado de Comercio.
Las relaciones comerciales bilaterales entre España y la ex república soviética llevan años avanzando a base de "operaciones puntuales", según el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque en los años 2010 y 2011 se incrementaron al calor de la reactivación de los viajes oficiales y de empresas a la dictadura encabezada durante casi tres décadas por Islom Karimov –condecorado en 2003 con el collar del Mérito Civil–. Contratos como el firmado en 2009 con la empresa Talgo para que suministrase vagones para la principal vía férrea de Uzbekistán –el importe de la operación fue de 38 millones de euros– o como el que consiguió Initec Energía, del Grupo ACS, para la construcción de la primera central eléctrica de ciclo combinado del país, una operación por un importe de 330 millones de euros son sólo algunos ejemplos de las denominadas "operaciones puntuales".
Arabia Saudí: el 'hermano' árabe
Cinco buques de guerra para recibir con honores al príncipe heredero saudí
Sin embargo, de todos los casos recogidos, el ejemplo de Arabia Saudí es, probablemente, el más clarificador. La monarquía del golfo ocupa la posición 159 en el ranking confeccionado por The Economist, con una nota de 1,93. Riad no aprueba ninguno de los cinco indicadores que se evalúan en el Democracy Index. Quizá sea por las severas restricciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión. Por convertir la tortura y otros malos tratos bajo custodia en algo habitual, por la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica o por las penas de muerte dictadas año tras año por tribunales saudís. Todo ello aderezado, además, con las "graves violaciones", en palabras de Amnistía Internacional, del derecho internacional cometidas en Yemen por la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí. Algunas de ellas, con armamento que salió de países occidentales.
Pero el Reino del Desierto es un buen socio comercial. También para la industria armamentística. En el periodo 2011-2015 un 7% de las exportaciones mundiales de material bélico fueron a parar a suelo saudí, según los datos del SIPRI. Esto explica que países como Francia, Reino Unido, Alemania, España e Italia cierren los ojos ante los compromisos adquiridos en el Tratado sobre el Comercio de Armas. En 2016, tal y como recoge el observatorio sueco en su base de datos, desde suelo galo se exportaron todoterrenos Aravis, camionetas Sherpa o sonar de guerra submarina. Reino Unido, por su parte, entregó aviones de ataque a tierra Typhoon Block o misiles de crucero Storm Shadow / SCALP, mientras que Alemania e Italia suministraron barcos de patrulla rápidos y radares, respectivamente.
Pero el mercado saudí es también extremadamente atractivo para el sector armamentístico español. En los últimos cuatro años España ha multiplicado casi por 30 el valor de sus exportaciones de armas a Arabia Saudí, pasando de 46,22 millones en el periodo 2009-2012 a 1.361,42 millones entre 2013 y 2016. En el último ejercicio, el de 2016, salió desde nuestro país material bélico por valor de 116,2 millones de euros, según el balance de la Secretaría de Estado de Comercio. Dinero que ingresaron las empresas nacionales a través de la venta a la monarquía del Golfo de repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, granadas de mortero, munición de artillería, munición de calibre medio, equipos de detección e identificación de señales y equipos para un sistema de vigilancia perimetral.
Diplomáticos de medio mundo se reunieron esta semana en la ciudad suiza de Ginebra en la tercera Conferencia de los Estados Parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés). Durante cinco días, representantes de más de un centenar de países intercambiaron en el Centro Internacional de Conferencias sus puntos de vista sobre la universalización del acuerdo y su implementación, debatiendo durante horas sobre aspectos relacionados con el establecimiento de sistemas nacionales de control, la cooperación interinstitucional y las restricciones a la exportación de material bélico recogidas en el tratado. Prohibiciones a las que, tal y como han denunciado en repetidas ocasiones las organizaciones en defensa de los derechos humanos, no se están ajustando las potencias líderes en el mercado mundial de armas. De nuevo, los billetes pesan mucho más que las obligaciones internacionales.