Cinco buques de guerra para recibir con honores al príncipe heredero saudí

España sigue apostando sin escrúpulos por el negocio armamentístico. Da igual el comprador o el uso que pueda hacer del material bélico adquirido. Lo importante es que pague la cuenta y cree empleos. Con esa filosofía en la cabeza, el Ejecutivo de Mariano Rajoy selló este jueves con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, un acuerdo para la venta de cinco corbetas Avante 2200 por valor de 2.000 millones de euros. Los buques de guerra serán construidos por la empresa pública Navantia en sus astilleros de San Fernando (Cádiz) y Ferrol (A Coruña), dos ciudades donde la tasa de paro supera ampliamente a la media estatal. Sólo en la ciudad gaditana, el desempleo se situaba el pasado mes de marzo por encima del 25%. Por eso, ante las protestas de ONG, se ha jugado la baza de la creación de empleo.

El acuerdo de intenciones, que lleva dos años peleándose y que fue sellado a primera hora de la tarde en La Moncloa, terminará concretándose en las próximas semanas en tres contratos entre Navantia y la sociedad SAMI (Industria Militares de Arabia Saudí). Uno, para la venta de las corbetas. Otro, para la colaboración en un hub naval en el puerto de Yedá que acogerá a la armada saudí. Y un tercero para el adiestramiento de la tropa destinada a la tripulación de los nuevos buques de guerra. Es este último aspecto el que más ha demorado el apretón de manos entre los dos países. Principalmente porque está previsto que más de 600 soldados reciban formación de los militares españoles en las instalaciones de San Fernando, que deberán ser adaptadas para tal propósito.

La firma, además de suponer el mayor pedido procedente del exterior recibido nunca por Navantia, también busca estrechar los vínculos de España con la nueva generación de la Casa Saúd. Las relaciones comerciales entre los dos países siempre han sido muy fructíferas –sólo en 2016 se exportó a suelo saudí por valor de 2.363,5 millones de euros–. Sobre todo en materia bélica. Entre 2013 y 2016, según datos oficiales, España –cuyo Gobierno tiene que autorizar cada venta de material militar por parte de las compañías– exportó armas a Arabia Saudí por un valor total de 1.361,42 millones de euros, nada menos que 29 veces más que en el periodo 2009-2012, cuando las empresas españolas ingresaron un total de 46,22 millones de euros por este concepto.

Preocupación de las ONG

Varias ONG han mostrado su preocupación por el uso que la monarquía absoluta saudí puede dar a estos nuevos buques de guerra. Por ello, las cuatro organizaciones no gubernamentales que forman parte de la campaña Armas Bajo Control –Amnistía Internacional, FundiPau, Greeanpeace y Oxfam Intermón– pidieron el pasado sábado a la Casa Real, al presidente del Gobierno y a los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía, Alfonso Dastis y Ramón Escolano, respectivamente, que no promuevan la firma del contrato entre Navantia y Arabia Saudí. Lo mismo ha exigido el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, que ha criticado la venta de material bélico a países que "participan activamente en ofensivas militares".

Todos ellos ponen el foco en el papel que lleva jugando desde 2015 Arabia Saudí –junto a Baréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos– en la guerra de Yemen. En los últimos años, Human Rights Watch ha documentado nada menos que 85 bombardeos de la coalición que encabeza la monarquía absoluta que han dejado más de un millar de civiles muertos. Amnistía Internacional, por su parte, ha registrado más de una treintena de ataques aéreos que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario. Ataques dirigidos contra viviendas, mercados, hospitales, escuelas y mezquitas que obligaron el pasado mes de septiembre a la ONU a publicar un duro informe en el que denunciaba la "catástrofe totalmente provocada por el hombre" en suelo yemení, que ya ha dejado más de 6.000 civiles muertos, más de 50.000 heridos y casi tres millones de desplazados internos.

Las ONG denuncian, por tanto, que España podría convertirse en "cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional" en Yemen. Y recuerdan que estos envíos de material bélico a Arabia Saudí violan tanto el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2014, como la legislación nacional en esta materia. El artículo 8.1 de la Ley 53/2007 prohíbe autorizar la venta de armas "cuando existan indicios racionales" de que puedan ser utilizadas "en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional", puedan "exacerbar tensiones o conflictos latentes" o "tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos". En los últimos años se ha documentado en numerosas ocasiones la presencia de armas de fabricación española en suelo yemení.

A pesar de ello, España sigue apostando decididamente por mantener sus relaciones comerciales armamentísticas con la monarquía absoluta, unos estrechos vínculos que han convertido a nuestro país en el cuarto exportador mundial de material bélico a Arabia Saudí –por detrás de EEUU, Reino Unido y Francia–. Y lo hace a pesar del viraje en esta materia que han dado varios países europeos. Suecia, por ejemplo, no exporta material bélico a suelo saudí desde que comenzó el conflicto en Yemen. Bélgica y Alemania también han suspendido cualquier envío de este tipo a los países que forman parte de la coalición que encabeza la Casa Saúd, la misma decisión que han tomado Noruega y Finlandia. 

Los 'alcaldes del cambio'

Estos acuerdos han puesto a los alcaldes de Cádiz y Ferrol, José María González –conocido popularmente como Kichi– y Jorge Suárez, respectivamente, en el disparadero. Ambos han dado su beneplácito a la construcción de los cinco buques de guerra. Y lo han hecho a pesar de sus posiciones pacifistas. Algo que les ha granjeado numerosas críticas y, como explicaba Suárez hace unos meses, también "problemas de conciencia". “Tengo problemas de conciencia con esos contratos, ya que no es lo mismo hacer buques para Noruega que para Arabia Saudí, pero la situación de la comarca es la que es”, decía el alcalde del cambio, que añadía: "Entre la conciencia y el hambre...".

En la misma línea se pronunció Kichi en febrero de 2017 en el programa de televisión Salvados. En conversación con el periodista Jordi Évole, el primer edil de Cádiz dejó claro que el contrato de Navantia con la Casa Saúd es "necesario porque significa trabajo". "Nos encantaría tener otra carga de trabajo, pero son otros lo que deberían encargarse de buscar otros pedidos", añadió Kichi al respecto. Una posición en la que se ha mantenido hasta la fecha. Se espera que sólo en el astillero gaditano este pedido supondrá empleo directo e indirecto para unas 10.000 familias. Sin embargo, las ONG no creen que el debate deba reducirse "a puestos de trabajo en Navantia u otras empresas a costa de la vida de yemeníes inocentes".

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Tanto Podemos como IU, formaciones en las que se engloba a los dos regidores, se han pronunciado en los últimos dos días sobre este acuerdo. Jesús Rodríguez, parlamentario andaluz de la formación morada, lamentó el pasado miércoles que "en torno a las milongas de los astilleros, unos hayan querido montar un circo", en el que Podemos no va a entrar "hasta que no haya contratos de verdad". Este viernes, fue el turno del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que señaló que España va a ser "cómplice" de asesinatos por vender material bélico a un país que lo va a usar "contra la población civil" y para vulnerar los derechos humanos. "No en nuestro nombre", ha señalado junto a su compañero de filas Miguel Ángel Bustamante.

Por el lado del Gobierno de Mariano Rajoy, el responsable de responder a las críticas de la campaña Armas Bajo Control fue el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. El dirigente conservador señaló que las cuatro ONG participantes, muchas de las cuales a su juicio "viven de los impuestos de los españoles", deberían contratar entonces "a los trabajadores de los astilleros". También el secretario general de Ciudadanos en la Cámara Baja, Miguel Gutiérrez, se parapetó tras la creación de empleo. Así, el político de la formación naranja subrayó la necesidad de "potenciar" la industria española, "sea la que sea". En el caso de Navantia, puso de relieve los "muchísimos" puestos de trabajo que genera.  

El príncipe Mohamed bin Salman, heredero al trono desde que en 2015 se cambiara la línea sucesoria, recaló el pasado miércoles en España en el contexto de su gira europea, que también le llevará a Francia y Reino Unido. Acompañado de un séquito de 600 personas, el príncipe heredero ha sido recibido con honores. Duerme en el Palacio del Pardo, un lugar reservado para jefes de Estado. Durante sus 48 horas en España, se ha reunido en audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. También ha mantenido encuentros con el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Incluso se ha organizado un almuerzo en el Palacio Real con más de dos centenares de invitados de honor de Salman.