La foto de Aylan, el niño sirio que apareció ahogado en septiembre de 2015 en una playa de Turquía, removió al mundo entero. Ese momento fue el pistoletazo de salida a una política europea de ayuda humanitaria para paliar el drama de los miles de refugiados que se veían obligados a abandonar su tierra, principalmente la de todos aquellos sirios que, tras cuatro años de guerra –ahora ya se van a cumplir siete–, tuvieron que huir del país. Entonces, la UE consensuó unas cuotas de acogida para todos los Estados miembros destinadas a ayudar a Italia y Grecia, los países con mayor presión migratoria. Sin embargo, el incumplimiento generalizado tras dos años de plazo no ha frenado la situación que viven los dos países mediterráneos, que todavía hoy tienen que hacer frente al gran número de refugiados que atienden dentro de sus fronteras. Grecia, con alrededor de 50.000 personas atrapadas, sufre la peor situación. Nuestro país, en dos años, solo ha recibido a 1.097 personas del país heleno.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó de que más de 600 solicitantes de asilo instalados en las islas del Egeo denunciaron en 2017 haber sido víctimas de violencia sexual o de género. La situación es especialmente preocupante en los centros de recepción de Moria, en la isla de Lesbos, y el de Vathy, en la isla de Samos, que acogen a unas 5.500 personas, más del doble de su teórica capacidad. Estos hechos tan solo son la punta del iceberg del día a día que sufren las personas allí hacinadas, que se cuentan por decenas de miles y entre las que, además, hay numerosos menores de edad.
Ante esta situación, en la que la ayuda humanitaria se hace más necesaria que nunca, numerosas ONG internacionales, en cambio, se están viendo obligadas a reducir su actividad o, directamente, a abandonar el país. Este fenómeno, especialmente palpable en las islas del país heleno, se viene produciendo también en la Grecia continental. "Desde hace 2 años atendemos a más de 2.500 personas diariamente ofreciendo comida caliente, ropa, calzado y productos de primera necesidad, atención médica y legal a refugiados en Atenas, Lesbos y Chios", explica Mar Gómez, voluntaria de la asociación SOS Refugiados que se trasladó a Grecia el pasado verano. "La situación es tan grave que las grandes ONG se están retirando del país ante la falta de recursos", denuncia.
Lo cierto es que las cifras de llegada se están reduciendo desde el año 2015, cuando Grecia recibió a más de 800.000 personas. "En 2017 llegaron unos 30.000 refugiados por mar, y en 2016 habían llegado 173.000", explica María Jesús Vega, portavoz de Acnur en España. No obstante, la situación continúa siendo "precaria y crítica" por las limitaciones que se encuentran estas personas a la hora de ser trasladadas a la península, algo que llevan reclamando las ONG presentes en el terreno desde hace años. "Hay una presión brutal y la capacidad de acogida es crítica en Samos y Lesbos, que critican su capacidad", lamenta Vega.
Algunas ONG hacen las maletas
Ante esta situación donde la presión migratoria, aunque no aumenta, se mantiene, y donde las condiciones que soportan los refugiados necesita de una ayuda humanitaria cada vez mayor, muchas ONG se han visto obligadas, como explica Gómez, a abandonar el terreno o, en su lugar, a reducir las actividades que realizan. En este sentido, David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save The Children, afirma en conversación con infoLibre que las dificultades que el Gobierno griego pone a las ONG extranjeras dificulta el trabajo. Y este es un hecho que podría estar detrás de la salida de algunas organizaciones.
"Nosotros estamos en fase de salida", lamenta. "El terreno es cada vez más pequeño y no se puede trabajar", añade. Ahora, según explica, se está produciendo el fenómeno contrario al que se producía hasta el pasado año. "Viven una situación agónica, se les lleva a la desesperación para que vuelvan a Turquía", afirma. Y ahora, en lugar de cruzar el Mediterráneo en busca de suelo europeo, "hacen el camino de retorno, ejerciendo más presión en países como Líbano o Jordania".
"La falta de fondos de la Unión Europea y del Gobierno griego está provocando que se marchen muchas ONG", afirma Patricia, otra voluntaria de SOS Refugiados que ha vivido en Grecia durante más de dos años y medio. Además, como denuncia, el apagón del foco mediático sobre la crisis de refugiados ha provocado que la ayuda humanitaria procedente de personas particulares tampoco sea la misma. Su compañera Eva, en la misma línea, explica que, en su caso, sobreviven de las donaciones, económicas o no, que reciben de personas que colaboran con ellos a título personal.
Cambio de financiación procedente de la UE
Louise Roland-Gosselin, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Grecia, afirmó en una conversación con este diario que la principal razón por la cual varias organizaciones se están viendo obligadas a abandonar el país heleno tiene que ver con aspectos económicos. Más concretamente, con los fondos procedentes de la UE. Y con ella coinciden también las fuentes de Amnistía Internacional sobre el terreno, que indican que, aunque no tienen noticias confirmadas sobre la obligación a la que se ven sometidas algunas ONG de abandonar el territorio, sí se está produciendo un fenómeno que podría estar causándolo. "Ha habido un cambio en la disponibilidad de fondos a Grecia", explican y, por ello, algunas "han tenido que reducir sus actividades y otras incluso han tenido que marcharse".
Este cambio viene producido, principalmente, por una reducción de los fondos de ECHO –la oficina humanitaria del organismo– que la UE destinaba a las ONGECHO. Ahora, el Gobierno griego está empleando otro tipo de fondos, los AMIF (Fondo de Asilo, Migración e Integración). "Desde junio del 2017 los fondos de ECHO fueron reducidos porque lo que ocurría en Grecia dejó de considerarse una crisis humanitaria", explica Paula San Pedro, responsable en incidencia política de acción humanitaria y experta en migraciones y refugiados de Oxfam Intermón.
En este sentido, fuentes de la Comisión Europea responden, a preguntas de infoLibre, que en marzo de 2016 se creó, "por primera vez", un mecanismo que permitía ofrecer ayuda humanitaria dentro de la UE. "La intención de este nuevo mecanismo era prestar ayuda humanitaria de manera complementaria, sin substituir la responsabilidad principal del Estado miembro concernido y en casos excepcionales", explican. Estas son, por tanto, directamente ofrecidas por la institución. En cambio, en julio de 2017 se quiso volver a la situación "ordinaria", y se decidió que, a partir de entonces, las ONG tendrían que optar por otro tipo de fondos, como los AMIF. "Tras un periodo de máxima urgencia, ahora la llegada de refugiados se ha reducido en cierto modo y la situación puede atajarse con los fondos ordinarios", explican. No obstante, afirman que las ONG fueron avisadas con la suficiente antelación como para "adaptarse" a esta nueva situación.
Debido a esa realidad en el país heleno, que tiene que hacerse cargo ahora de dar respuesta a la crisis humanitaria, "muchas ONG se han quedado sin fondos y se han visto obligadas a reducir su actividad o a marcharse", explica San Pedro. "Grecia no es capaz de dar una respuesta efectiva", denuncia. No obstante, como explica, su organización, al menos de momento, no se plantea una salida, aunque sí ha trasladado toda su actividad de la península a las islas.
Con San Pedro coincide Didac Guillamet, de la ONG Open Cultural Center, quien afirma que después de que el verano pasado quitaran los fondos ECHO se vio cómo "muchas ONG abandonaron". "Esos fondos eran para emergencia", explica, y los recibían las organizaciones grandes. Las pequeñas, como la suya, "siempre" han tenido dificultades. "El Gobierno nunca ha facilitado el trabajo", critica. Y estas, si se van, es por la falta de fondos que ha provocado que la situación de estas personas ya no ocupe portadas.
Stella Nanou, portavoz de Acnur presente en Grecia, apunta en cambio a que "algunas actividades y servicios se han transferido de ONG y organizaciones internacionales a las autoridades griegas como resultado del cambio de modelo de financiación". "La principal responsabilidad de la gestión de la respuesta a los refugiados", apunta, "les corresponde a ellas".
No obstante, las fuentes de la Comisión Europea afirmaron que las ayudas "no solo no han disminuido, sino que se han incrementado". De esta manera, el verano pasado se puso en marcha el programa de "Ayuda de emergencia a la integración y el alojamiento (ESTIA, por sus siglas en inglés) por valor de 209 millones de euros específicamente para refugiados, para alquiler de viviendas y dinero en efectivo para sus necesidades básicas".
El limbo de los que continúan atrapados
En este contexto, la situación sobre el terreno se mantiene intacta. El problema de las más 50.000 personas atrapadas en la "ratonera" griega –como la describió CEAR– es que no cumplen los requisitos para convertirse en personas potencialmente reubicables. De esta forma, hay muchas que, por estar excluidas del programa de reubicación de la UE, no pueden llegar a nuestro país, como por ejemplo los iraquíes y los afganos que se encuentran allí.
Dos años después del acuerdo UE-Turquía: refugiados atrapados en las islas griegas
El primer condicionante: la nacionalidad. Según los requisitos que impuso la UE en 2015, sólo son susceptibles de reubicación aquellas personas con una nacionalidad que supere una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% en la media de los países de la UE.
El segundo condicionante: la fecha de llegada. Como establecieron los Veintiocho, sólo podrán pedir protección internacional en los países de la UE aquellas personas que hayan llegado al país antes de marzo de 2016, fecha en la que se aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
Establecieron, además, una fecha límite: el 26 de septiembre de 2017, cuando vencía el plazo para cumplir el compromiso de acogida. Desde esa fecha, solo han llegado a nuestro país 35 personas procedentes del país heleno. Pero el goteo de salida no abarca, ni mucho menos, la cantidad de personas que llegan.
La foto de Aylan, el niño sirio que apareció ahogado en septiembre de 2015 en una playa de Turquía, removió al mundo entero. Ese momento fue el pistoletazo de salida a una política europea de ayuda humanitaria para paliar el drama de los miles de refugiados que se veían obligados a abandonar su tierra, principalmente la de todos aquellos sirios que, tras cuatro años de guerra –ahora ya se van a cumplir siete–, tuvieron que huir del país. Entonces, la UE consensuó unas cuotas de acogida para todos los Estados miembros destinadas a ayudar a Italia y Grecia, los países con mayor presión migratoria. Sin embargo, el incumplimiento generalizado tras dos años de plazo no ha frenado la situación que viven los dos países mediterráneos, que todavía hoy tienen que hacer frente al gran número de refugiados que atienden dentro de sus fronteras. Grecia, con alrededor de 50.000 personas atrapadas, sufre la peor situación. Nuestro país, en dos años, solo ha recibido a 1.097 personas del país heleno.