El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado este lunes a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a apoyar la vuelta al "orden democrático" en el país, que este fin de semana se ha visto envuelto en una nueva crisis provocada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea, decisión que finalmente ha sido anulada.
Tras la sesión extraordinaria, convocada la semana pasada, el consejo ha emitido un comunicado en el que ha urgido al Gobierno venezolano a "actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional".
Asimismo, ha pedido a Caracas que esté "dispuesta" a apoyar las medidas que "permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el estado de derecho en el marco constitucional".
Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado ante la comunidad internacional una "grave alteración del orden institucional" por parte de la OEA, denuncia que ha emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores tras la ya mencionada sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
En un comunicado, la Cancillería venezolana ha definido como un "hecho sin precedentes dirigido a la destrucción de la OEA" el hecho de que "un grupo de gobiernos", junto a la secretaría general del organismo –dirigida por Luis Almagro– haya perpetrado "la toma de la presidencia del Consejo Permanente para imponer su propia agenda ilícita".
Según ha informado Europa Press, la reunión se ha celebrado a pesar de que el Consejo Permanente, cuya presidencia de turno ostenta Bolivia desde hace dos días, difundiera un escueto comunicado para confirmar que el encuentro para las 14.00 horas (hora de Washington) había sido suspendida.
"Insólitamente, un grupo de gobiernos han optado por la vía de los hechos, y usurpan las funciones de la Presidencia del Consejo Permanente con argucias legales que cuya falsedad salta a simple vista, en su obsesión por imponer su ilegal y profundamente injusto plan de usar a Venezuela para cuadrar la reimposición de una nueva hegemonía fascista que pretende dominar el continente", ha criticado Caracas.
En este contexto, el Gobierno venezolano ha denunciado "categóricamente" estas acciones, "como flagrante agresión a la institucionalidad de la Organización y la regresión oscura del pasado intervencionista de la OEA".
Un total de 20 países miembros habían pedido esta cita, mientras que el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, había defendido abiertamente la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que podría llevar a la suspensión del país como miembro del bloque regional.
Este mismo sábado, el TSJ emitió dos nuevas sentencias por las que devuelve sus competencias a la Asamblea Nacional de Venezuela y ha devuelto la inmunidad a los diputados que la conforman, decisión que tomó tras la reunión de emergencia declarada esta noche por el Consejo de Seguridad con el objetivo de solucionar el impasse en el que se encuentra el país tras la decisión del fallo inicial del tribunal.
A pesar de haber devuelto las competencias al Parlamento, la OEA ha señalado que la suspensión de los poderes parlamentarios por parte del TSJ para "arrogárselos a sí mismo" son "incompatibles con la práctica democrática" y constituyen una violación del orden constitucional.
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"A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático", ha señalado.
Asimismo, la OEA se ha comprometido a seguir "ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática".
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado este lunes a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a apoyar la vuelta al "orden democrático" en el país, que este fin de semana se ha visto envuelto en una nueva crisis provocada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea, decisión que finalmente ha sido anulada.