Ofensiva contra los controles raciales en Nueva York

Todavía no ha terminado, pero el proceso "Floyd contra Nueva York", que empezó en el tribunal federal de esa ciudad el 18 de marzo, ya se ha calificado de histórico. El centro de este caso es el método policial llamado stop and frisk, que autoriza a un agente a controlar, palpar o cachear a cualquier persona de la que tenga sospechas “razonables” de que ha cometido o estado a punto de cometer un delito. Esta manera de proceder fue adoptada en Nueva York para luchar contra las armas ilegales y la violencia en sus calles.

"Sin embargo, hoy sirve sobre todo para hostigar a los jóvenes de color sin razones de peso. Los paran en cualquier sitio, todo el tiempo, en la calle o en los halls de sus casas...”, señala Marquis Jenkins, de la rama legal de NAACP, una asociación histórica de defensa de las personas de color en Estados Unidos, que sigue muy cerca este proceso.

Las cifras ilustran sus afirmaciones. Según los datos recogidos por la asociación de defensa de los derechos cívicos de Nueva York, la NYCLU, el número de detenciones ha pasado de 97.296 en 2002 a 700.000 en 2007, un aumento del 600%. El 87% de las personas paradas por la policía son afroamericanas o hispanas, la mayoría hombres jóvenes. Y eso a pesar de que la población neoyorquina con estos orígenes es del 52%. El 51% de ellos fueron detenidos tras realizar un "movimiento sospechoso". El 90% eran inocentes y no portaban ni armas ni drogas.

Estos datos son los que animaron a la asociación en defensa de los derechos constitucionales Center for Constitutional Rights (CCR) a explorar la vía judicial. "La oposición ciudadana a los controles basados en rasgos físicos y, de manera general, a los métodos policiales abusivos, no es nueva", analiza Annette Warren Dickerson, del CCR. Y rememora la génesis del proceso: la muerte en 1997 de Amadou Diallo, un joven negro abatido por 41 balas disparadas por agentes de la unidad de policía dedicada a combatir los delitos en la vía pública. Diallo no iba armado. Desde entonces, señala Dickerson, hubo "un impulso militante para denunciar los métodos abusivos de la policía neoyorquina".

Este asunto dio lugar a un primer proceso que tuvo lugar en 2003 ante la jueza Shira Scheindlin. "Se llegó a un acuerdo con la ciudad. Y se obligó a la policía a desmantelar la unidad en cuestión y a publicar de forma trimestral los datos de las detenciones indicando la raza. En 2006 nos dimos cuenta de que el número se había intensificado. ¡La street crime unit había sido desmantelada pero había nacido otra más imponente!”, cuenta Annette Dickerson. El CCR volvió a preguntar a la jueza. “Nos recomendó intentar un nuevo proceso”, asegura.

Y así nació "Floyd contra Nueva York". Una acción “colectiva” porque CCR defiende a cuatro jóvenes procedentes del Bronx, de Brooklyn y de Queens: David Floyd, David Ourlicht, Lalit Clarkson y Deon Dennis. Todos se consideran víctimas de varios arrestos de stop and frisk sin razones de peso y desean denunciar en nombre de millares de personas que se enfrentan cada día a esta práctica policial que ellos relacionan con su perfil racial.

Un proceso político que merma la reputación de Michael Bloomberg

¿Su objetivo? "Que esta práctica sea declarada anticonstitucional, ilegal y discriminatoria", responde Annette Dickerson. Desde el 18 de marzo, los abogados del CCR han llevado a los tribunales a una decena de "víctimas" del stop and frisk, pero también a policías que declaran contra su propio bando (algunos han llegado a grabar a sus superiores a escondidas) y que aseguran estar sometidos a graves presiones para cumplir con cuotas de arrestados. Uno de ellos, de origen latino, llegó a relatar cómo sufre él mismo el stop and frisk en la vida civil. 

Audiencia tras audiencia, la jueza Shira Scheindlin intenta desenmarañar por qué la policía neoyorquina recurre a estas prácticas. ¿Cuáles son las órdenes? ¿respetan las leyes fundamentales? Y, finalmente, ¿para qué sirve este método? El debate ya está sobre la mesa y ha escapado de los muros del tribunal federal. Es un proceso político que corre el riesgo de incidir en los últimos meses de mandato de Michael Bloomberg (tras tres legislaturas, dejará su puesto en enero de 2014). 

Está claro que si este proceso es histórico es porque, de alguna manera, ataca al alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, que aunque tiene la etiqueta de independiente tras haber sido demócrata y republicano, es un ferviente defensor de los controles policiales y de los cacheos. “No vamos a deshacernos de una estrategia que salva vidas”, declaró el año pasado Bloomberg en Brownsville, un barrio pobre y violento de Brooklyn, donde el stop and frisk es un método muy utilizado. 

Sin embargo, este proceso no le ha hecho relajar su posición. “Mirad lo que ha pasado en Boston (…). Acordaos de lo que pasó el 11 de septiembre. Recordad a aquellos que han sufrido injustamente la violencia por arma de fuego y los familiares que han dejado tras ellos”, dijo el pasado 30 de abril. El stop and frisk es su remedio favorito. Y, para justificar esta defensa sin paliativos, se apoya en cifras. "En los últimos diez años hubo 5.430 asesinatos en Nueva York frente a 11.058 en el decenio precedente. Es un resultado remarcable que podemos atribuir a las estrategias policiales de anticipación, entre ellas, los controles”, explica el portavoz de la policía neoyorquina Paul Browne.

Sin embargo, este argumento no convence a todos. “La policía se basa sobre en vaga correlación entre la bajada de los crímenes y sus métodos agresivos e intrusivos que no confirma ningún dato estadístico. Los crímenes han bajado por razones múltiples y en ciudades que no realizan este tipo de prácticas”, resume Alex Vitale, sociólogo del Brooklyn College expertos en prácticas policiales. ¿Ejemplos? Entre 2001 y 2010, el número de delitos violentos bajó un 29% en Nueva York, un 56 % en Nueva Orleans, un 49 % en Dallas y un 37 % en Baltimore. "El recurso del stop and frisk se ha convertido en un argumento preventivo para evitar el regreso a la situación de los años setenta, porque los dirigentes son conscientes de que el paro y la pobreza han aumentado de nuevo y podrían provocar una subida de la violencia. Pero, ¿es la policía la que tiene que frenar esta coyuntura?, se pregunta Vitale.  Una pregunta de difícil respuesta, sobre todo cuando los afroamericanos y los hispanos se sienten víctimas de un sistema que genera tensión e ira. 

En este sentido, el portavoz de la la policía de Nueva York replica que si los negros y los latinos son arrestados más a menudo es porque son “sospechosos de haber cometido delitos violentos” de forma más habitual. Sin embargo, la asociación NAACP recuerda que en 2011 “sólo el 11% de los controles estaban basados sobre una sospecha fundada”. “Eso hace que nos preguntemos a quién protege la policía”, cuestiona Marquis Jenkins, que creció en un barrio humilde del sur de Manhattan. "En los barrios populares, los habitantes no se sienten protegidos, se sienten acosados. Tienen la impresión que se busca su exclusión de la ciudad por todos los medios", amplía. 

Las reformas posibles

"Es probable que en el desenlace del proceso, el tribunal imponga algunas indicaciones a la policía, medidas que le obliguen a aminorar el ritmo. Por ejemplo, juzgar que un movimiento furtivo es insuficiente para detener a alguien”, sugiere el investigador Alex Vitale. El CCR, que representa a los demandantes, quiere que la justicia vaya más allá. “Queremos que los agentes estén mejor formados, mejor dirigidos y mejor evaluados; que se cree un órgano independiente de vigilancia porque actualmente es la policía la que vigila a la policía y eso no tiene sentido. En definitiva, queremos que la reforma de las prácticas policiales incluya a todas las comunidades neoyorquinas”, explica Annette Dickerson.

La NAACP mantiene similares argumentos. “Las personas que viven en los barrios más humiles, que son los más afectados por las redadas, son los que mejor pueden defender su seguridad. Es necesario que trabajen mano a mano con la policía. Y para eso hay que reparar la relación entre ambos”, subraya Marquis Jenkins.

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Para alcanzar estos objetivos existe la vía legal, pero también la política. Las elecciones municipales se celebran el próximo noviembre. Y los candidatos –los que ya han anunciado que concurrirán– saben que es un asunto que no pueden pasar por alto. La demócrata Christine Quinn –actual presidenta del consejo municipal neoyorquino– se ha mostrado favorable a la creación de un órgano independiente de auditoría y vigilancia de la policía. Otro candidato demócrata, John Liu, va más allá. Quiere abolir el stop and frisk. "Es un cálculo político interesante, piensa que así puede ganarse los votos suficientes para ganar”, estima el sociólogo Vitale, que considera que es posible dirigir mejor a la policía, si bien cree complicado que se les pueda impedir que controlen o cacheen. 

Los ciudadanos de Nueva York también parecen abiertos al cambio. Según un sondeo realizado a mitad de abril, el 51% son contrarios al au “stop-and-frisk” (eran una minoría hace un año) y el 71% están a favor de la creación de un organismo independiente de vigilancia de la policía. “El hecho de que este proceso esté teniendo lugar en periodo electoral, le da peso porque obliga a los políticos a fijar una posición”, concluye Alex Vitale.

El proceso también permite adentrarse en los secretos de una institución, la policía de Nueva York, con buena reputación pero demasiado cerrada y oscura. El tema atrae a los neoyorquinos. La sala de audiencias se llena todos los días y el proceso se retransmite en a través de pantalla en una sala adyacente. Terminará el 20 de mayo.