Los centros de detención de inmigrantes son en ocasiones "utilizados como una forma de castigo" para quienes llegan de forma irregular a Italia, denunció un informe elaborado por expertos y presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, para promover la justicia racial y la equidad en la aplicación de la ley.
El informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para promover la Justicia Racial, cuyos miembros visitaron Italia el pasado mes de mayo, también señaló que las leyes migratorias italianas "se han vuelto crecientemente restrictivas en los últimos años, dificultando a los migrantes la obtención de un estatus legal".
En Italia, por otro lado, se recurre de forma muy extendida a la detención de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en ocasiones durante periodos prolongados y sin bases legales, algo que según los expertos podría ser una forma de detención arbitraria contraria a las normas internacionales. Según datos de 2022 recogidos en el informe, de las 6.383 personas internadas en centros de inmigración a la espera de ser repatriadas, un 86% eran africanas.
El informe de los tres expertos que forman el mecanismo independiente mostró además su preocupación por el plan firmado en noviembre de 2023 entre Italia y Albania para establecer en el segundo de estos países centros de detención para migrantes rescatados o interceptados en el mar por las autoridades italianas. Tal acuerdo "podría tener graves implicaciones para los derechos humanos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, poniendo potencialmente en riesgo su derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad", indicó el documento.
Denunció asimismo los obstáculos que sufren en Italia activistas de derechos humanos, abogados y trabajadores humanitarios que intentan asistir a migrantes o refugiados, incluyendo amenazas y acoso. Entre estos obstáculos el informe citó nuevas leyes promulgadas en 2023 contra navíos de rescate que operaban en aguas italianas, limitando su trabajo de búsqueda y salvamento en una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo para los migrantes.
El análisis también expresó preocupación por la sobrerrepresentación de personas de origen africano en las prisiones italianas (un 54 % del total, porcentaje que incluso sube al 75 % en los centros de detención de menores), algo que atribuye a factores como "la pobreza y el acceso limitado a educación, empleo, sanidad, vivienda, o la falta de redes sociales y familiares".
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Los expertos denunciaron varios casos de tortura y fallecimientos en centros de detención, como el de un migrante maliense muerto bajo custodia policial en marzo de 2024, así como el uso sistemático del perfilado racial por parte de las fuerzas de seguridad Ese perfilado "es utilizado como base en identificaciones, registros, detenciones y en casos de abuso y violencia por parte de las autoridades", aunque existe entre las víctimas miedo a denunciar estas prácticas por temor a represalias.
Los expertos del comité son los juristas Akua Kuenyehia (Ghana) y Juan Méndez (Argentina), además de la expolicía y activista estadounidense Tracie Keesee, quienes visitaron Italia del 2 al 10 de mayo de este año. El viaje incluyó escalas en Roma, Milán, Catania (Sicilia) y Nápoles, donde visitaron centros de detención, prisiones, y se reunieron con autoridades gubernamentales, representantes de fuerzas de seguridad y de organizaciones de la sociedad civil. Los expertos lamentaron que en su visita a la prisión de San Vittore, en Milán, se les denegó la posibilidad de reunirse de forma confidencial con reclusos.
"El racismo sistemático y la discriminación siguen siendo importantes problemas en Italia", concluyó el texto, que aseguró que esta situación "impacta profundamente en los valores democráticos y las condiciones de vida de los africanos y afrodescendientes".
Los centros de detención de inmigrantes son en ocasiones "utilizados como una forma de castigo" para quienes llegan de forma irregular a Italia, denunció un informe elaborado por expertos y presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, para promover la justicia racial y la equidad en la aplicación de la ley.