Los países del sur de la UE toman posiciones ante la negociación de los primeros presupuestos sin Reino Unido

Los países del sur de la UE han empezado a fijar posiciones de cara a la negociación del próximo marco financiero plurinual de la UE, que se aplicará en 2021-2027 pero que empezará a discutirse este año, teniendo en cuenta además que será el primer presupuesto en el que no participará Reino Unido, que es contribuyente neto a las arcas europeas. Informa Europa Press.

Cofinanciación de las políticas migratorias, fondos para la Europa de la Defensa y recursos para poner en práctica el pilar de derechos sociales de la UE son algunas de las prioridades que los países del sur pusieron por escrito esta semana en Roma, en la cuarta cumbre que ha reunido a los jefes de Estado o Gobierno de Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta.

Los Veintisiete celebrarán un Consejo Europeo informal el 23 de febrero, para empezar a discutir sus prioridades presupuestarias. Los países del sur buscarán la "cogestión y cofinanciación de la política migratoria en las fronteras europeas", en las que tanto Rajoy como Gentiloni insistieron públicamente, pero también una estrategia de defensa común "plenamente implementada" y basada en "financiación conjunta, ambiciones compartidas y una estrategia común".

Antes del Consejo Europeo de diciembre, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, ya avanzó que el Gobierno español quiere "un instrumento financiero potente y flexible para poder responder al reto migratorio y de refugiados". En materia de Defensa, por el momento hay una propuesta de la Comisión de 500 millones anuales para el Fondo Europeo de Defensa, y el resto tendrá que ser negociado.

Los siete países del sur también quieren capacidades de seguridad interior y exterior mejoradas y un plan de inversión permanente, concentrado en la innovación y que impacte en los Estados miembros, especialmente para completar el mercado único, en particular la unión por la innovación, la unión digital, la unión energética y la unión de los mercados de capitales. En ese contexto, han abierto la puerta a una "política coordinada de impuestos empresariales", en línea con estándares internacionales, según el texto de la declaración de Roma.

En tercer lugar, apuestan por reforzar la movilidad de los jóvenes y una política europea de educación y cultura más ambiciosa, con instrumentos como el programa Erasmus, la tarjeta de estudiante europea, universidades europeas, reconocimiento mutuo de titulaciones y aprendizaje a lo largo de la vida. Aunque no lo desarrollan, también hablan de "reforzar la ciudadanía europea" y la "integración".

Los siete gobernantes, que han acordado volver a reunirse en marzo, también quieren apostar por la puesta en marcha del pilar europeo de derechos sociales proclamado en la reciente cumbre de Gotemburgo.

En este ámbito, el Gobierno español defenderá que se amplíe el fondo europeo de garantía juvenil, del que "España es el primer beneficiario", según avanzó Toledo en diciembre ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea.

También apuntó que el Gobierno quiere negociar, como novedad, que el criterio del desempleo y especialmente el de desempleo juvenil sea importante a la hora de asignar fondos, tanto de la política agrícola común como de cohesión.

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Todo ello en un escenario en el que el comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, ha advertido de que en el próximo marco plurianual habrá recortes de gastos y exigencia de más ingresos, para compensar la pérdida de entre 12.000 y 14.000 millones de euros anuales en ingresos por la salida de Reino Unido.

De hecho, todos los programas se verán afectados por recortes presupuestarios salvo el programa Erasmus+ y el programa Horizonte 2020, el plan de la UE para la investigación y el desarrollo. Se estima que la Política Agraria Común (PAC) y a la política de cohesión sufrirán recortes de entre el 6 y el 8% –el Gobierno español preferiría que tuviesen al menos los mismos recursos que hasta ahora–.

Los gobernantes del sur quieren centrarse en políticas que los ciudadanos consideren prioritarias, así que quieren apostar por el buen funcionamiento del mercado interior y la cohesión económica, social y territorial. Y apuestan por un "nuevo enfoque" de lo que llaman "bienes públicos europeos" (un término para referirse a la educación, la sanidad y el medio ambiente, pero también la paz y la seguridad) que deben ser provistos por el marco financiero plurianual.