El Senado de Italia ha aprobado este jueves la propuesta legislativa sobre salvamento marítimo, que contempla multas de hasta 50.000 euros para quienes prestan asistencia humanitaria y que Naciones Unidas calificó de "preocupante", según informa Europa Press. La controvertida medida propuesta por el Gobierno de la ultraderechista primera ministra, Giorgia Meloni, ha contado con el visto bueno de 84 senadores, mientras que otros 61 han votado en contra. El texto, que ya tiene carácter de ley, ya fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes.
La nueva ley dificulta, entre otros, a las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo, pues estipula que las embarcaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente después de llevar a cabo un rescate, obligando a obviar las emergencias que puedan surgir de manera adicional.
Meloni hace que Italia pierda peso en Europa
"Esta nueva propuesta obliga a ignorar las llamadas de socorro de quienes se encuentren en el mar simplemente por el hecho de haber salvado ya a otros", denunció la semana pasada el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.
Las organizaciones de ayuda han criticado además que la nueva medida les asigna puertos muy alejados de sus zonas de operaciones. Los capitanes de los buques se enfrentan a multas de entre 10.000 euros y 50.000 euros si infringen la nueva normativa. En caso de reincidencia, los buques podrían ser confiscados.
A mediados de febrero, 65 diputados del Bundestag alemán pidieron al Parlamento italiano que no convirtiera el decreto en ley sin realizar antes algunos cambios, argumentando que tal como esta viola el derecho marítimo internacional, las normas internacionales de Derechos Humanos y el Derecho europeo.
El Senado de Italia ha aprobado este jueves la propuesta legislativa sobre salvamento marítimo, que contempla multas de hasta 50.000 euros para quienes prestan asistencia humanitaria y que Naciones Unidas calificó de "preocupante", según informa Europa Press. La controvertida medida propuesta por el Gobierno de la ultraderechista primera ministra, Giorgia Meloni, ha contado con el visto bueno de 84 senadores, mientras que otros 61 han votado en contra. El texto, que ya tiene carácter de ley, ya fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes.